La despidieron como lo que era: una madre, una emprendedora, una mujer que había construido algo propio con sus manos. Este viernes, en el Cementerio Municipal de Los Girasoles, familiares y allegados de Esmeralda Moronta de los Santos le dieron el último adiós entre abrazos y lágrimas. Tenía 36 años.
Había sido asesinada el miércoles en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, presuntamente por su expareja Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, quien luego se quitó la vida con la misma arma. Horas antes, Esmeralda había acudido a una unidad del Ministerio Público a denunciar acoso, rastreo por GPS y temor por su vida. La protección nunca llegó.
Una vida construida desde la pasión
Esmeralda Moronta no era solo un nombre en una lista de víctimas. Era la creadora de Estilo Pastelero, una marca de repostería artesanal que había levantado desde su casa, con paciencia y vocación, hasta convertirla en una pequeña empresa reconocida en redes sociales bajo el usuario @estilopastelero.
En una entrevista publicada por El Caribe en 2018, Moronta contó que todo comenzó en el cumpleaños de una hermanita: ella preparó el pastel y la mesa de postres, y antes de que terminara la noche ya tenía tres encargos. "Fue una sorpresa muy agradable e inesperada para mí. Esencialmente allí comenzó todo", recordó entonces.
Sus productos —bizcochos dominicanos, volcán de dulce de leche, cheesecakes, cake pops, tres leches, ponches artesanales— eran el resultado de lo que ella misma definía como "vocación y trabajo". Soñaba con tener un local propio. Quienes la conocían la recuerdan como una mujer dedicada a su hijo Aarón y a ese proyecto que había hecho crecer con esfuerzo propio.
Denunció. Y aun así la mataron
El caso de Esmeralda Moronta no es solo una tragedia personal. Es una pregunta estructural que el Estado dominicano no puede seguir esquivando: ¿qué pasa después de que una mujer denuncia?
Según el psicólogo social Jhoan Almonte, tutor de la especialidad en Género y Políticas de Igualdad del Centro de Estudios de Género del INTEC, el caso expone "una combinación peligrosa": una ruptura que el agresor no acepta, una cultura de control sobre el cuerpo de la mujer y una respuesta estatal que no logra sostener la protección en el momento más crítico.
El momento más peligroso: cuando ella decide irse
Para Almonte, la lógica detrás de este tipo de feminicidios responde a una idea de propiedad que el agresor no puede procesar: "como es una cadena de poder, usted entiende que la mujer le pertenece". La separación, en ese esquema, no es una decisión legítima de ella —es una afrenta que el agresor siente que debe revertir o castigar.
Ese patrón no es nuevo ni excepcional. Es, precisamente, el que aparece con mayor frecuencia en los feminicidios registrados en el país.
Los números sin reacción de las autoridades
El Ministerio Público presentó esta semana su Boletín Estadístico sobre Violencia de Género correspondiente al primer trimestre de 2026: 22 feminicidios, 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. De esos 22 asesinatos, solo tres víctimas habían denunciado previamente. El organismo usa ese dato para explicar por qué no se activaron los mecanismos de protección. Pero el caso de Esmeralda invierte la pregunta: ella sí denunció. ¿Qué falló entonces?
En el mismo período, el sistema gestionó 7,644 solicitudes de órdenes de protección, de las cuales solo 2,234 fueron otorgadas. La brecha entre lo que se pide y lo que se concede es, en sí misma, una señal de alarma.
El efecto que nadie quiere nombrar: el miedo a denunciar
Casos como el de Esmeralda no solo enlutan. También disuaden. El mensaje que puede instalarse —aunque sea injusto— es devastador: si una mujer fue a la Fiscalía y aun así la mataron, ¿para qué voy yo?
Ese "efecto miedo" tiene consecuencias concretas: denuncias tardías cuando la violencia ya escaló, subregistro de amenazas y control coercitivo, y mayor aislamiento de las víctimas por temor a represalias.
La ginecóloga y activista Lilliam Fondeur fue una de las primeras voces en señalarlo este viernes: el feminicidio de Esmeralda evidencia un problema estructural en la educación emocional de los hombres en República Dominicana y exige políticas públicas concretas. Fondeur también reclamó retomar la pendiente Ley Mirabal, que lleva años en discusión sin convertirse en legislación vigente.
El Congreso reacciona, pero la ley sigue pendiente
Un día antes del sepelio, legisladores dominicanos celebraron una asamblea de seguimiento a la Reforma Integral "Déjala Ir", iniciativa que busca erradicar los feminicidios y filicidios mediante un enfoque preventivo, predictivo y protector. Los congresistas pidieron declarar los feminicidios como emergencia nacional, señalando que más de 26 mujeres y niños han perdido la vida en lo que va del año.
La reacción legislativa es bienvenida. Pero llega mientras Esmeralda ya está enterrada.
El sistema que prometió protegerla
El caso obliga a revisar no solo las leyes, sino los procedimientos. Cuando una mujer llega a una unidad del Ministerio Público a denunciar acoso, rastreo y miedo, ¿qué protocolo se activa? ¿Quién la acompaña al salir? ¿Hay seguimiento en las horas siguientes, que son las más peligrosas?
Almonte lo dice sin rodeos: los procesos de prevención y atención son "muy mínimos" y la protección no responde al nivel de riesgo real. La Ley 24-97 contempla mecanismos de acompañamiento integral, pero su aplicación efectiva sigue siendo, en demasiados casos, una promesa incumplida.
Esmeralda Moronta denunció. Cumplió con lo que el sistema le pedía. Y el sistema no estuvo.
Si estás en riesgo o conoces a alguien en situación de violencia de género, llamá a la Línea Mujer *212, disponible las 24 horas en todo el territorio nacional. En emergencias inmediatas, contactá al 911.
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