El ministro venezolano de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello; el fiscal general, Tarek Saab, y varios familiares del expresidente Nicolás Maduro permanecen en la lista de individuos y entidades de Venezuela sancionadas por Estados Unidos, que a su vez retiró este miércoles de este registro al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Tras quedar Rodríguez, hermano de la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, eximido, restan aún 254 personas y entes en el listado de la Oficina de Control de Activos extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).

Más allá de Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, se mantienen también en esa clasificación el hijo del depuesto presidente, Nicolás Ernesto Maduro (también conocido como "Nicolasito"), sus tres hijastros y varios familiares de la exprimera dama.

También figuras relevantes de la política venezolana como Cabello, Saab o el general en jefe del ejército y ministro de Agricultura, Vladimir Padrino.

Siguen penalizados por la OFAC el Cartel de los Soles, cuyo liderazgo EE.UU. atribuye a Nicolás Maduro, el Tren de Aragua, al que Washington acusa de trata de personas y tráfico de drogas, o la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC surgida tras el proceso de paz colombiano, señalada por su participación en actividades armadas y economías ilícitas.

También se mantienen las sanciones contra empresas estratégicas estatales del país como Petróleos de Venezuela (PDVSA), la aerolínea Conviasa, la corporación minera Minerven o el ente mediático Globovisión, además del Banco Central de Venezuela.

En todo caso, Washington ha ido flexibilizando distintas restricciones sobre estas entidades para permitir operaciones concretas de explotación o financieras, especialmente las relacionadas con los recursos petroleros o minerales del país, sin que estas autorizaciones supongan un levantamiento general de las sanciones.

Desde la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas el enero pasado, la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus vínculos con el Gobierno que ahora encabeza Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y en agosto anunciaron un acuerdo petrolero que permitiría a Washington acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

En este escenario, la Administración Trump, además de ir relajando sanciones concretas vinculadas a las materias primas, también retiró de la lista de sancionados a Delcy Rodríguez en abril.

El juez estadounidense Alvin Hellerstein fijó mañana, jueves 15 de octubre, una audiencia en Nueva York para que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, respondan a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Según la orden emitida este miércoles por el juez y publicada en el archivo judicial del caso, la audiencia tendrá lugar a las 11 horas de la mañana (15:00 GMT) y versará sobre los cargos contenidos en la acusación actualizada contra Maduro y Flores.

La Fiscalía de EE.UU. presentó hace una semana cargos por conspiración para cometer torturas contra ambos y extendió la imputación de narcoterrorismo, que antes solo pesaba sobre Maduro, a Flores. Siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

De acuerdo con el texto de la acusación actualizada, el Gobierno de Maduro infligió torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, y presuntamente siguió una estrategia de "represión y torturas" para mantenerse en el poder durante años.

Sobre la imputación por narcoterrorismo, EE.UU. alega que Maduro y Flores conspiraron para distribuir y poseer "cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contuvieran una cantidad detectable de cocaína" con la intención de proporcionar "valor económico" a personas u organizaciones relacionadas con "actividades terroristas".

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde permanecen detenidos mientras afrontan el proceso.

La audiencia de mañana supone la lectura formal de los cargos, tras lo que los acusados tienen derecho a declararse o no culpables.

El juicio está programado para junio de 2027, y el próximo 17 de noviembre está prevista otra audiencia en la que el juez abordará una solicitud para desestimar los cargos bajo la figura de la inmunidad soberana, a la que la Fiscalía de EE.UU. se ha opuesto.