Un municipio de Suecia decidió terminar el contrato de su principal funcionario administrativo después de que una investigación periodística revelara que había producido y participado en películas pornográficas durante varios años, una actividad que las autoridades locales consideran una posible vulnerabilidad ante amenazas de extorsión.
Se trata de Lars Eriksson, de 55 años, quien se desempeñaba como jefe ejecutivo del municipio de Jokkmokk, en el norte de Suecia. El funcionario recibirá una indemnización de siete meses de salario, equivalente a 594,104 coronas suecas, tras acordarse la terminación de su relación laboral.
La decisión se produjo luego de una investigación de la cadena pública sueca SVT, que documentó que Eriksson había participado en la producción y filmación de películas para adultos desde 2018, bajo el seudónimo de «Hans».
Dos de esas producciones fueron publicadas en 2025 y 2026, cuando ya ocupaba la jefatura municipal. En la más reciente también apareció frente a las cámaras.
Eriksson había sido diputado del Partido Socialdemócrata por la circunscripción de Västmanland antes de asumir la dirección administrativa de Jokkmokk, en febrero de 2024.
El municipio alegó riesgos de seguridad
El presidente del consejo municipal, Roland Boman, explicó a SVT que la salida de Eriksson obedecía a preocupaciones de seguridad y a la posibilidad de que su pasado pudiera utilizarse para presionarlo o extorsionarlo.
La preocupación, según las autoridades locales, está relacionada con la información a la que podía tener acceso por su posición administrativa y los contactos institucionales que mantenía.
Boman señaló que Eriksson había participado en reuniones con las Fuerzas Armadas suecas y que incluso informaciones que no parecen sensibles por separado podrían adquirir importancia para potencias extranjeras.
El municipio de Jokkmokk tiene relevancia estratégica por sus instalaciones de generación hidroeléctrica y por la actividad de las Fuerzas Armadas en la zona.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Uppsala Olle Lundin también consideró que la situación podía representar una vulnerabilidad. Según declaró a SVT, el municipio tiene interés estratégico para potencias extranjeras, particularmente Rusia, por lo que consideró inconveniente mantener un factor que pudiera facilitar presiones externas.
El funcionario niega que exista riesgo de chantaje
Eriksson reconoció su participación en las producciones, pero rechazó que esa actividad represente una amenaza para la seguridad municipal.
En una respuesta escrita a SVT sostuvo que su último contacto con la industria pornográfica ocurrió en 2022, más de dos años antes de asumir el cargo público.
También afirmó que no tuvo control sobre las fechas en que se publicaron las películas en 2025 y 2026 y negó haber administrado la cuenta de la red social X utilizada para promocionarlas. Según su versión, esa cuenta era manejada por el distribuidor.
El exfuncionario consideró que se trataba de una actividad legal, aunque socialmente estigmatizada, y cuestionó que pudiera utilizarse como instrumento de extorsión.
Cuestionan controles antes de su contratación
El caso también abrió interrogantes sobre los procedimientos de evaluación de seguridad aplicados por el municipio antes de contratar a Eriksson en 2024.
Jokkmokk confirmó que el funcionario fue sometido a una evaluación de seguridad, una entrevista y una consulta de antecedentes ante el Servicio de Seguridad de Suecia (Säpo).
Sin embargo, el experto en seguridad Johan Åkerlund consideró que la participación del funcionario en películas para adultos debió detectarse mediante una revisión más exhaustiva de la información disponible públicamente en internet.
El especialista aclaró que no había examinado los documentos de la evaluación realizada por el municipio, por lo que no podía emitir un juicio sobre ese procedimiento en particular.
Boman reconoció que correspondía a las autoridades municipales identificar esos antecedentes y anunció una revisión de los controles aplicados a los funcionarios de alto nivel.
La salida de Eriksson se acordó con una compensación de 594,104 coronas suecas, correspondiente a siete mensualidades de salario. Su nombramiento como jefe municipal tenía vigencia prevista hasta febrero de 2028.
El caso ha puesto en discusión no solo los controles de seguridad para ocupar puestos públicos estratégicos, sino también los criterios utilizados para determinar cuándo una actividad privada, aunque sea legal, puede convertirse en una vulnerabilidad para una institución estatal.
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