El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que solicitará a los republicanos del Congreso que extiendan el control federal sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C. más allá de 30 días. Este plazo comenzó a contabilizarse desde que el lunes declarara, en una orden ejecutiva, una emergencia criminal en la capital del país. De esta forma, busca intensificar su campaña para ejercer el poder presidencial sobre este distrito.
Trump aseguró que enviará la propuesta al Congreso y agregó que cualquier acción del Legislativo podría servir de modelo para otras ciudades estadounidenses.
Al tomar el control del MPD el lunes, el líder republicano se acogió a una regulación federal, la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que le permite al presidente hacerlo si "existen condiciones especiales de emergencia".
Por ello, el mandatario de Estados Unidos declaró en una orden ejecutiva que existe una emergencia criminal en la ciudad que requiere la gestión federal del Departamento de Policía.
Sin embargo, ese control presidencial está limitado a 30 días, a menos que el Congreso vote para extenderla mediante una resolución conjunta.
Anteriormente, Trump había amenazado con extender sus esfuerzos a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, que, según él, no han abordado la delincuencia.
No está claro cómo la toma de control del Departamento de Policía Metropolitana de Washington por parte de Trump podría replicarse en otros lugares. Sin embargo, Trump también anunció el lunes el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, una táctica que empleó en Los Ángeles en junio, cuando movilizó a miles de soldados de la Guardia y cientos de marines estadounidenses en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración de su Administración.
Por otra parte, cientos de oficiales y agentes federales de más de una docena de agencias se han desplegado por Washington en los últimos días.
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Las extraordinarias medidas de Trump en Washington D.C. reflejan cómo ha abordado su segundo mandato no consecutivo, rompiendo las normas políticas y las preocupaciones legales para poner a prueba los límites del poder de su cargo.
El líder republicano afirmó, sin pruebas, que la capital de Estados Unidos se encuentra sumida en una ola de delitos violentos y una situación generalizada de indigencia, a pesar de que las estadísticas federales y municipales muestran que los delitos violentos disminuyeron drásticamente desde un pico en 2023.
Un tono unificado, con tensiones subterráneas
Funcionarios federales y de Washington D.C. afirman estar trabajando juntos después del anuncio de Trump de poner el Departamento de Policía de la capital del país bajo control federal para, según dijo, combatir la delincuencia violenta.
A pesar del tono unificado, este inusual acuerdo plantea interrogantes sobre quién toma las decisiones sobre los recursos, el personal y las políticas de la Policía de Washington D.C. y, en caso de desacuerdo, quién tiene la última palabra.
La oficina de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, demócrata, se negó a responder a los últimos comentarios de Trump sobre una iniciativa que pasaría por el Congreso. Bowser ha buscado un tono diplomático, incluso citando estadísticas que muestran que la tasa de delitos violentos de la ciudad alcanzó su nivel más bajo en 30 años el año pasado.
La fiscal general Pam Bondi está a cargo del Departamento de Policía de Washington, D.C., según afirma la Casa Blanca. Sin embargo, la fuerza policial de la ciudad ya tiene como jefa a Pamela Smith, quien afirma que solo reporta a la alcaldesa.
De acuerdo con los líderes de Washington D.C., la fiscal general puede solicitar los servicios de la alcaldesa, pero nada ha cambiado en lo que respecta a la cadena de mando y la financiación del departamento. Cuando se le preguntó el martes sobre a quién reporta tras la intervención federal, Smith dijo: "Le respondo a la alcaldesa Muriel Bowser".
“No queremos ninguna controversia con eso, ¿de acuerdo?”, dijo Smith a la prensa a las afueras del Departamento de Justicia tras reunirse con Bondi y otros funcionarios federales. “Porque sé que la gente quiere generar división. Estamos aquí para colaborar con nuestros socios federales, y eso es lo que vamos a hacer”, agregó.
Sin embargo, horas después, la Casa Blanca adoptó un tono diferente, sugiriendo que la máxima autoridad recae en Bondi y Terry Cole, el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), a quien Trump designó como administrador federal interino de la Policía.
“Planeamos colaborar con el Departamento de Policía Metropolitana, pero en última instancia, la cadena de mando es la siguiente: el presidente de Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, nuestro administrador de la DEA, Terry Cole, quien ahora es el jefe del Departamento de Policía Metropolitana”, declaró a la prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Cole está trabajando con Smith “para garantizar que los agentes del orden puedan ejercer su labor en la ciudad”, añadió Leavitt. Los funcionarios del Departamento de Justicia no han respondido a preguntas sobre si la administración Trump cree tener la autoridad para tomar decisiones sobre el personal de Washington D. C. ni si el fiscal general ha emitido nuevas órdenes para la fuerza policial.
Aumentan los efectivos en las calles
Más de 1450 agentes del orden patrullaban Washington el martes por la noche, según informó un funcionario de la Casa Blanca, incluyendo 30 efectivos de la Guardia Nacional y 750 policías municipales asignados a la operación anticrimen. El funcionario agregó que la Casa Blanca prevé una presencia significativamente mayor de soldados de la Guardia este miércoles por la noche.
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La operación dio como resultado 103 detenciones desde el 7 de agosto, incluyendo 43 el martes, según el funcionario. Los cargos incluyen un homicidio, 33 cargos por armas de fuego y 23 cargos de inmigración, añadió, que los hechos dieron lugar a la incautación de 24 armas de fuego.
Durante el mismo período de 2024, el Departamento de Policía Metropolitana arrestó a un total de 364 personas, según datos policiales, incluyendo infracciones de tráfico y alcohol, así como asesinato, prostitución, robo de vehículos, agresión, hurto, allanamiento y robo con allanamiento de morada.
Los datos del Departamento de Policía Metropolitana muestran que la policía realizó 20.386 detenciones de adultos en 2024, un promedio de 56 arrestos diarios.
Hasta el martes, los funcionarios municipales afirmaron que seguían al mando del departamento y que no habían recibido nuevas órdenes de la administración, según informó el Washington Post.
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El miércoles, el Departamento de Policía Metropolitana remitió todas las preguntas sobre arrestos que involucraban a agentes federales a la Casa Blanca.
Trump amenaza con declarar la emergencia nacional
Al solicitarle comentarios sobre el pedido de Trump de que el Congreso tome medidas, la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mencionó: "El presidente Trump tiene razón. No podemos permitir que la delincuencia destruya la capital de nuestra nación".
Sin embargo, cualquier legislación que amplíe el control de Trump sobre el Departamento de Policía probablemente fracasaría en el Senado, donde los demócratas pueden usar reglas de procedimiento para bloquear la mayoría de los proyectos de ley.
Trump declaró a la prensa el miércoles que, si el Congreso no actúa, puede declarar una "emergencia nacional" para extender el límite de 30 días, aunque expertos legales expresaron escepticismo al respecto.
"No hay nada de que el presidente extienda el plazo más allá de los 30 días unilateralmente", declaró Claire Finkelstein, profesora de derecho de la Universidad de Pensilvania, sobre la Ley de Autonomía. "Si se cumplen los 30 días, se acabó".
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El presidente usó declaraciones de emergencia para justificar numerosas medidas ejecutivas sin precedentes, incluyendo aranceles históricamente altos a las importaciones extranjeras y su amplia ofensiva contra la inmigración. Muchas han generado demandas que cuestionan su autoridad.
Tanto en Washington como en Los Ángeles, Trump eludió o ignoró las objeciones de los líderes locales electos. En San Francisco se está llevando a cabo un juicio federal sobre si Trump violó la ley en Los Ángeles al llamar a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones del gobernador demócrata Gavin Newsom.
Con Reuters, AP y medios locales
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