El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha decidido eliminar cerca de 5.800 programas financiados por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), lo que representa el 92% de su presupuesto, y cancelar 4.100 subvenciones. Paralelamente, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, pospone una orden judicial que obligaba al gobierno de Donald Trump a liberar máximo hasta el miércoles pasado fondos de ayuda exterior destinados a contratistas y beneficiarios de subvenciones.
La presión para reducir el gasto público sigue en aumento en Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump anunció el miércoles un recorte masivo de la ayuda internacional estadounidense, al eliminar el 92% de la financiación de programas en el extranjero de la agencia estadounidense de desarrollo (USAID) para "ahorrar a los contribuyentes casi 60 mil millones de dólares".
El antecedente de esta situación es un decreto del 20 de enero de Donald Trump, que ordenaba congelar la ayuda exterior estadounidense durante 90 días mientras se hacía una revisión con el fin de evaluar los programas que promueven el aborto, la planificación familiar o defienden la diversidad y la inclusión.
Esto en sintonía con su estricta postura frente a programas relacionados con diversidad, equidad e inclusión, luego de firmar una orden ejecutiva en su segundo día en el cargo el mes pasado que instruía a los jefes de agencias federales desmantelar políticas de DEI.
El secretario de Estado Marco Rubio, del que depende la USAID, fue el encargado de examinar esa ayuda exterior y, finalmente, decidió eliminar definitivamente cerca de 5.800 contratos otorgados en todo el mundo por la agencia, dejando un presupuesto restante de 54.000 millones de dólares. Además, ordenó cancelar un 28 % de subvenciones con un valor de 4.400 millones de dólares.
El desmantelamiento de la USAID ha sido una de las prioridades en los recortes presupuestarios del Gobierno de Trump y del magnate tecnológico Elon Musk, al frente de la oficina llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE.
Gastos que se tenían que descongelar, siguen en veremos
Tras una demanda liderada por dos organizaciones que agrupan a empresas, ONG y otros beneficiarios de fondos de ayuda estadounidenses, la decisión de un juez federal había suspendido el congelamiento de gastos aprobado por el Congreso para reanudar pagos adeudados a cientos de organizaciones de ayuda internacional. Sin embargo, esta decisión recibió un golpe estratégico el miércoles por la noche.
Después de que el gobierno de Trump dijera en un documento judicial el miércoles que había tomado decisiones finales para terminar la mayoría de los contratos y subvenciones de ayuda exterior de EE. UU., el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, presidido por John Roberts, suspendió el plazo fijado por una corte inferior que exigía al Gobierno de Trump reanudar antes de la medianoche el pago de 2.000 millones de dólares congelados en ayuda exterior.
Esta orden provisional aplaza la acción del juez federal Amir Ali, con sede en Washington, quien había impuesto un plazo para realizar los pagos hasta las 11:59 p.m. del miércoles por la noche.
Roberts pidió una respuesta de los demandantes – organizaciones que contratan o reciben subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado – para el mediodía del viernes.
La disputa sobre la financiación de ayuda exterior surgió de un par de demandas presentadas por organizaciones de ayuda, alegando que las agencias han congelado ilegalmente todos los pagos de ayuda exterior.
Los demandantes, que incluyen la empresa de desarrollo internacional DAI Global y la organización de asistencia a refugiados HIAS, alegan que Trump ha excedido su autoridad bajo la ley federal y la Constitución de EE. UU. al desmantelar efectivamente una agencia independiente y cancelar gastos autorizados por el Congreso. Además, han dicho que el gobierno no ha hecho nada para cumplir con la orden de restricción, y algunos afirman que cerrarán en pocos días si no reciben los pagos.
"Las medidas que está dispuesto a tomar el gobierno para eludir una orden judicial, todo con el objetivo de terminar con una asistencia humanitaria que salva vidas, son impactantes", dijo Allison Zieve, abogada que representa a dos demandantes, AIDS Vaccine Advocacy Coalition y Journalism Development Network, el miércoles.
Tanto Ali como un juez federal de Rhode Island en un caso separado sobre una congelación de pagos federales han reprendido al gobierno de Trump por no seguir sus órdenes. La administración en ambos casos ha sostenido que está tratando de buena fe de interpretar y cumplir con las órdenes.
El gobierno de Trump ha mantenido esos pagos mayormente congelados a pesar de la orden de restricción temporal de Ali del 13 de febrero que ordenaba su liberación, y varias órdenes posteriores que exigían el cumplimiento.
El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que había ordenado que las facturas vencidas de los demandantes por trabajos realizados antes del 24 de enero, cuando comenzó la congelación de pagos, se "aceleren para su pago sin los procedimientos ordinarios de verificación, en un esfuerzo de buena fe para cumplir" con la orden de Ali. Y que, si bien se pagaría algo de dinero ese miércoles, los pagos completos podrían tardar semanas.
La amenaza existencial a los programas humanitarios
La orden de Trump de paralizar las operaciones de USAID en todo el mundo ha puesto en peligro la entrega de alimentos y ayuda médica esenciales, sumiendo los esfuerzos de ayuda humanitaria global en el caos.
USAID administra alrededor del 60% de la asistencia exterior de EE. UU. y desembolsó 43.79 mil millones de dólares en el año fiscal 2023. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso este mes, su fuerza laboral de 10.000 personas, de la cual aproximadamente dos tercios trabajan en el extranjero, asistió a unos 130 países.
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Además, la agencia mantiene subsidios "vitales" como asistencia alimentaria y tratamientos para pacientes de sida, tuberculosis y malaria, así como para países como Líbano, Haití, Venezuela y Cuba, asegura el Departamento de Estado.
“El Departamento de Estado recortó hoy, con efecto inmediato, 10.000 fondos propios y de USAID, recortando efectivamente la ayuda exterior estadounidense”, lamentó InterAction, una alianza de más de 160 ONG, en un comunicado.
"Las mujeres y los niños pasarán hambre, la comida se pudrirá en los almacenes, los niños nacerán con VIH, entre otras tragedias", añadió, instando a Marco Rubio a revertir una decisión que "no hará que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más próspero".
USAID, cuya plantilla supera los 10.000 empleados, anunció el 23 de febrero el despido de 1.600 de sus empleados en Estados Unidos y dijo que, excepto a los líderes y al personal crítico, los demás trabajadores quedan en licencia administrativa.
Con Reuters, EFE y AFP
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