Este miércoles 29 de octubre, la Defensoría Pública de Río de Janeiro cifró en 132 el número de muertos en el megaoperativo realizado por la Policía un día antes en dos favelas de la ciudad. La institución policial señaló 119 muertos, incluidos cuatro agentes. Y el Gobierno de ese estado indicó 121 fallecidos. Según el gobernador regional, esas acciones tuvieron como objetivo el Comando Vermelho, una importante banda de narcotraficantes.
Es considerado el operativo policial más mortífero en Río de Janeiro y uno de los más violentos en la historia de Brasil.
Residentes de dos zonas de la ciudad pasaron la madrugada de este miércoles 29 de octubre recogiendo y apilando cuerpos, luego de que el martes la Policía lanzara una operación que, asegura, estuvo dirigida contra “criminales” del Comando Vermelho o Comando Rojo, que actúan en las extensas favelas de bajos ingresos Complexo de Alemão y Penha.
132 personas murieron, según señaló la Defensoría Pública de Río de Janeiro. Y la Policía estatal redujo la cifra a 119, incluidos cuatro uniformados. El gobernador Cláudio Castro declaró que los fallecidos eran "sin duda" criminales, con excepción de los agentes que perdieron la vida en el operativo, ya que la mayor parte del tiroteo se produjo en una zona boscosa. "No creo que nadie estuviera caminando por el bosque el día del enfrentamiento", declaró a la prensa.
Sin embargo, surgen varios cuestionamientos en torno a lo que las familias y activistas de derechos humanos denuncian como “masacre” por parte de las autoridades.
¿Cómo se llevó a cabo el letal megaoperativo policial?
Alrededor de 2.500 policías y soldados brasileños participaron en el masivo operativo que aseguran estuvo dirigido contra miembros de la banda de narcotraficantes Comando Vermelho o Comando Rojo, en Río de Janeiro el martes 28 de octubre.
Los objetivos declarados de la operación eran capturar a los dirigentes de la organización criminal y limitar la expansión territorial del grupo, una banda que ha incrementado su control sobre las favelas en los últimos años.
Pero los hechos desencadenaron enfrentamientos armados y represalias por parte de pandilleros, lo que generó escenas de caos en toda la ciudad.
81 sospechosos fueron arrestados y se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, según informó el Gobierno estatal.
“Los cobardes ataques de criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, declaró la Policía Civil de Río mediante la plataforma X.
El megaoperativo incluyó agentes en helicópteros y vehículos blindados en las extensas favelas de bajos ingresos de Complexo de Alemão y Penha, que se extienden por el terreno montañoso costero de la ciudad.
Las escuelas de las zonas afectadas cerraron, una universidad local suspendió las clases y se bloquearon calles con autobuses utilizados como barricadas.
Los pandilleros atacaron a los agentes de la Policía con al menos un dron, indicaron las autoridades. El Gobierno del estado de Río de Janeiro compartió un video en X que aparentemente muestra una aeronave no tripulada disparando un proyectil.
Entretanto, imágenes en redes sociales mostraron fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos.
Según informaron medios locales, presuntos miembros de pandillas bloquearon carreteras en el norte y sureste de Río en respuesta al operativo. La empresa de autobuses Rio Onibus indicó que se ordenó el uso de al menos 70 autobuses para los bloqueos, lo que causó daños considerables.
La operación del martes fue el resultado de un año de investigación sobre el grupo criminal, informó la Policía.
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¿Operativo contra “narcoterrorismo” o "brutalidad" policial?
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, sostuvo este miércoles que los muertos en la operación policial eran "sin duda" criminales. El Gobierno estatal de Río también señaló que las personas fallecidas se habían resistido al arresto.
Castro había afirmado el martes que Río de Janeiro está en guerra contra el “narcoterrorismo”, un término que evoca la ofensiva de la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, contra el tráfico de drogas en Latinoamérica.
Castro, del opositor Partido Liberal, agregó que el Gobierno federal debería brindar mayor apoyo para combatir el crimen, criticando así a la Administración del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero las familias de los muertos, la ONU y activistas de derechos humanos tienen una apreciación distinta.
"Lo que diferencia al operativo de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra"
El activista local Raull Santiago, quien declaró haber formado parte de un equipo que encontró unos 15 cuerpos antes del amanecer, señaló una “brutalidad” por parte de las fuerzas de seguridad.
"Vimos personas ejecutadas: disparos por la espalda, disparos en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de brutalidad, el odio desatado (…) No hay otra forma de describirlo que como una masacre", expresó Santiago.
Entretanto, cientos de residentes y familiares de las víctimas rodearon los cuerpos, algunos llorando mientras otros gritaban “masacre” y luego coreaban “justicia”, describió un periodista de la agencia de noticias AP en el lugar.
Río de Janeiro ha sido escenario de redadas policiales letales durante décadas. En marzo de 2005, unas 29 personas murieron en la Baixada Fluminense, mientras que en mayo de 2021, 28 fueron asesinadas en la favela Jacarezinho.
Sin embargo, la magnitud y la letalidad de la operación del martes no tienen precedentes, afirmó Luis Flavio Sapori, sociólogo y experto en seguridad pública de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. "Lo que diferencia al operativo de hoy es la magnitud de las víctimas. Son cifras de guerra", remarcó.
“La Fiscalía debe abrir sus propias investigaciones y esclarecer las circunstancias de cada muerte”
Organizaciones no gubernamentales expresaron rápidamente su preocupación por el elevado número de víctimas mortales y exigieron investigaciones. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó que este hecho se suma a la tendencia de consecuencias extremadamente letales derivadas de las redadas policiales en las comunidades marginadas de Brasil.
"Recordamos a las autoridades sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos e instamos a que se realicen investigaciones rápidas y efectivas", expresó en un comunicado.
César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los hechos como “una enorme tragedia” y un “desastre”.
“La Fiscalía debe abrir sus propias investigaciones y esclarecer las circunstancias de cada muerte”, afirmó Muñoz en un comunicado.
Por su parte, Filipe dos Anjos, secretario general de FAFERJ, organización que defiende los derechos de las favelas, afirmó que este tipo de operativos policiales no resuelven el problema, ya que las personas asesinadas son fácilmente reemplazables.
“En unos treinta días, el crimen organizado ya se habrá reorganizado en el territorio, haciendo lo de siempre: vender drogas, robar mercancía, cobrar sobornos y comisiones”, declaró.
“En términos de resultados concretos para la población, para la sociedad, este tipo de operativo no logra prácticamente nada”, agregó.
El Instituto Marielle Franco, una organización sin fines de lucro fundada por la familia de la concejala asesinada para continuar su legado de lucha por los derechos de las personas que viven en las favelas, también criticó la operación.
"Esto no es una política de seguridad pública. Es una política de exterminio que convierte la vida cotidiana de las personas negras y pobres en una ruleta rusa", afirmó en un comunicado.
¿Qué responde el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva?
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresó a Brasilia en la noche del martes tras su viaje a Malasia, aún no se ha pronunciado públicamente sobre los operativos.
Según informó su oficina, Lula se reunió este miércoles con el vicepresidente Geraldo Alckmin y miembros de su gabinete, incluido el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, para tratar el asunto, luego de que el jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, convocara a una reunión de emergencia.
Luego de que el gobernador Castro declarara que Río de Janeiro estaba “solo en esta guerra” y que el Gobierno federal debería brindar mayor apoyo para combatir el crimen– en una crítica al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva– el Ministerio de Justicia reprochó los señalamientos.
La cartera aseguró haber respondido a las solicitudes del Gobierno de ese estado para desplegar fuerzas nacionales, renovando su presencia en 11 ocasiones.
Gleisi Hoffmann, enlace de la Administración de Lula con el Parlamento, coincidió en que se necesita una acción más coordinada, pero señaló la reciente ofensiva contra el lavado de dinero como ejemplo de la acción del Gobierno federal contra el crimen organizado.
El megaoperativo policial tuvo lugar días antes de que Río de Janeiro acoja eventos mundiales relacionados con la cumbre climática de las Naciones Unidas, conocida como COP30, incluyendo la cumbre mundial C40 de alcaldes que abordan el calentamiento global y el Premio Earthshot del príncipe Guillermo de Inglaterra.
Río de Janeiro ha sido sede de varios eventos mundiales en la última década, incluyendo los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 de 2024 y la cumbre de los BRICS en julio, sin que se registrara una violencia de la magnitud registrada el martes.
Con Reuters y AP
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