Martín Vizcarra: las claves sobre el arresto al expresidente de Perú y cómo quedan sus pretensiones políticas

Para el juez que dictó su prisión preventiva, el exmandatario peruano podría fugarse antes de su probable condena por unos sobornos que presuntamente recibió cuando era gobernador regional. En paralelo al juicio en su contra, y pese a estar inhabilitado de ejercer cargos públicos, Vizcarra viene impulsando su imagen electoral hacia el 2026.

Otro expresidente peruano tras las rejas. Martín Vizcarra, quien gobernó Perú entre el 2018 y el 2020, fue detenido el miércoles 13 de agosto, luego de que la Justicia de ese país dictara una orden de prisión preventiva en su contra.

A Vizcarra se le imputa haber recibido más de medio millón de dólares en sobornos cuando era gobernador de la región Moquegua a cambio de facilitar la licitación de obras públicas a empresas constructoras corruptas. 

Según la reciente resolución judicial, el procesado no tendría suficiente arraigo familiar ni laboral como para descartar un eventual intento de fuga del país en caso de que se le condene.

El caso, cuyo juicio inició en octubre de 2024 y que ha acumulado testimonios fundamentales sobre las dádivas, está pronto a concluir tras la acusación presentada por la Fiscalía, que pide 15 años de cárcel efectiva por el delito de cohecho.

De no proceder un recurso de apelación, Vizcarra Cornejo pasará los próximos cinco meses en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde también se encuentran sus homólogos Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

En dicho centro penitenciario estuvo también el expresidente Alberto Fujimori, fallecido en 2024 después de su liberación vía indulto, con lo cual ya son cinco los exmandatarios peruanos arrestados en poco menos de dos décadas.

Aquí repasamos los puntos de fondo en esta nueva trama judicial y política:

1. El origen de un caso que le había costado la presidencia 

Vizcarra era presidente y tenía casi un 80% de aprobación ciudadana cuando salieron a la luz fuertes indicios de corrupción de su anterior periodo como gobernador.

En octubre de 2020, el diario de tiraje nacional El Comercio reveló que un aspirante a colaborador eficaz había narrado a la Fiscalía que, seis años antes, el consorcio Obrainsa-Astaldi ganó el contrato de irrigación “Lomas de Ilo” en Moquegua pagando un millón de soles (alrededor de 280 mil dólares al cambio actual) al hoy encarcelado exfuncionario.

Otra declaración se filtró a los medios días después, implicando a Vizcarra en el cobro de 1 millón 300 mil soles (365 mil dólares) al consorcio ICCGSA-Incot para que este último ganara en 2014 el concurso público por la obra del hospital regional de Moquegua. El soborno, además, se habría concretado por tajos, siendo el último abonado a Vizcarra cuando ya fungía de vicepresidente de la República y ministro de Transportes en 2016.

Cabe recordar que las imputaciones fueron utilizadas por el Congreso para destituir a Vizcarra en noviembre de 2020 por "incapacidad moral permanente", un recurso político previsto en la Constitución que el Parlamento puede tramitar a fuerza de votos. En su momento, la vacancia de Vizcarra fue cuestionada legalmente por basarse en una investigación preliminar con aspirantes a delatores aún no formalizados y que podía seguir su curso independientemente de que ejerza o no el mandato. 

2. Una acusación "redonda" que podría resultar en condena 

En el desarrollo del actual juicio contra el expresidente, los colaboradores eficaces de la fiscalía —que resultaron ser los propios ejecutivos de las empresas corruptas— admitieron en audiencia pública todos los pagos.

“En enero (de 2014) es que él (Martín Vizcarra) me llama y me pide que se le dé un primer pago. En ese momento, hice todos los trámites internos para poderle atender un pago, que fue de S/ 400 mil. (Con respecto al resto del dinero) es la misma tónica: Martín Vizcarra me llama, hago el trámite interno y se cobra el cheque el 4 o 5 de abril (de 2014)”, ratificaría el gerente de Obrainsa, Elard Tejeda, en diciembre de 2024.

Por su lado, el gerente comercial de ICCGSA, Rafael Granados, detalló en sesión judicial, en diciembre del año pasado, que los sobornos por el contrato del hospital de Moquegua se hicieron en ocho partes en efectivo y que seis de estas tuvieron como intermediario al exministro de Agricultura, José Hernández, quien era amigo personal de Vizcarra en aquel entonces.

Hernández es otra pieza fundamental en la acusación contra Vizcarra. Su empresa había sido contratada para supervisar las obras de Moquegua, por lo que conoció de cerca los acuerdos ilegales. En 2020, al igual que los gerentes de las constructoras cuestionadas, Hernández se acogió al rol de colaborador eficaz para adquirir beneficios procesales y reveló que él fue el nexo entre los ejecutivos de ICCGSA y el entonces gobernador, agregando detalles sobre el pedido expreso de Vizcarra de recibir 1.3 millones de soles en cuotas, varias de ellas entregadas en su propia casa.

En diálogo con France 24, el abogado penalista Andy Carrión señaló que la orden de una prisión preventiva de tan corto tiempo anuncia la potencialidad de una sentencia condenatoria para Vizcarra Cornejo.

"Yo creo que esa posibilidad, dados los elementos de la acusación fiscal, ha pesado en gran medida en la decisión del juez. El caso parece tan redondo que ya falta poco para la emisión de la sentencia y creo que el juez se proyectó en que aquí habrá una condena, por lo que priorizó dictar prisión preventiva para evitar una fuga", comentó.

3. La defensa ineficaz del exmandatario frente al grueso de las imputaciones

Otro aspecto llamativo durante el juicio es la incongruencia en los movimientos bancarios de Vizcarra. De acuerdo con un informe pericial aportado por la fiscalía, en 2014 —el principal año de los presuntos sobornos— el otrora gobernador de Moquegua apenas utilizó la cuenta en la que recibía su sueldo como autoridad regional. En algunos meses, el dinero que Vizcarra retiró de esa cuenta no llegaba ni a los 300 soles (85 dólares). 

En febrero de este año, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, declaró en los medios que la pericia contable tenía información falsa y que el exgobernador sí habría retirado sus remuneraciones en cantidades más acordes a los ingresos.

Esta semana, cuando su cliente quedó detenido por la orden de prisión preventiva, Siccha anunció que apelará y cuestionó la imparcialidad del juez Jorge Chávez Tamariz, aduciendo ante la prensa que está coludido con la Fiscalía por ser esposo de Luz Ernestina Taquire Reynoso, funcionaria de ese ente.

“Si el abogado ha advertido una incompatibilidad o conflicto de interés de parte del juez, lo debió advertir en su oportunidad y plantear una recusación (pedido de apartar al magistrado). El tema es que no lo hizo dentro de los plazos y, entonces, pareciera un argumento que solo lanza a los medios para cuestionar a la persona tras este resultado desfavorable”, comentó el penalista Andy Carrión.

No obstante, el especialista dijo que la defensa sí tiene algún margen de contraargumento con respecto al criterio judicial para desechar el arraigo familiar. Estimó que sí es discutible que el magistrado haya descalificado este por el hecho de que Vizcarra no viva con su esposa ni hijo menor.

En otro momento, indicó que el desafío de la defensa estará en rebatir la "fabricación" —señalada por el juez— sobre el arraigo laboral del expresidente. Opinó que sí hay espacio para sospechar de ello por las fechas de contrato con la empresa familiar  —posteriores a la apertura del juicio oral— y por la remuneración acumulada que el partido Perú Primero le otorgó a Vizcarra en un solo pago. 

4. La decisión de arrestar a Vizcarra se sustentó en un supuesto peligro de fuga

Esta no ha sido la primera ocasión en que el expresidente afrontaba un pedido de prisión preventiva. En marzo de 2021, cuando el juicio aún no iniciaba, el fiscal del caso, Germán Juárez Atoche, había solicitado 18 meses de arresto contra el expresidente, pero una jueza los denegó y delimitó solo comparecencia con restricciones.

Para junio de este año, otro juez rechazó un nuevo pedido de seis meses y, al igual que en la anterior decisión, ordenó que solo existan medidas cautelares, como el control biométrico mensual del procesado y el informe perenne de sus actividades. 

¿Qué cambió en este tercer pedido para que la prisión preventiva ocurra? En la lectura de esa orden, el magistrado Jorge Chávez Tamariz —del Cuarto Juzgado de la Corte Superior Nacional en materia penal— refirió que Vizcarra ha recurrido a estrategias endebles para sustentar que tiene arraigo laboral en el país. Probar vínculos estables de trabajo u otras responsabilidades es una de las condiciones usualmente suficientes para desestimar que el imputado pretenda fugar. Pero, para el juez, Vizcarra no cumplía con ese supuesto. 

Vizcarra había proporcionado en el juicio contratos que aparentemente probaban trabajos en una empresa y un partido político. No obstante, la empresa es gerenciada por la esposa del expresidente, mientras que la organización política es una que él mismo fundó. De acuerdo con Chávez Tamariz, el arraigo laboral de Vizcarra es de calidad probatoria insuficiente y apuntó que el expresidente ha intentado “manipular al sistema judicial” con pruebas fabricadas. El juez también determinó que el arraigo familiar sustentado por Vizcarra es inconsistente en el análisis, puesto que su esposa e hijo menor de edad no viven con él en Lima.

5. Inhabilitado, excluido y potencialmente sentenciado, Vizcarra insiste en su futuro político

Desde su destitución en 2020, Vizcarra ha impulsado su imagen política con miras a las elecciones generales de Perú de 2026.

Poco después de su salida de Palacio de Gobierno, que motivó en ese momento una movilización social masiva de varios días, el expresidente afianzó a sus seguidores por redes sociales e, incluso, postuló al Congreso en el proceso electoral de abril de 2021. Ese año, Vizcarra se habría convertido en parlamentario tras ser el candidato más votado por la ciudadanía para ese poder del Estado. 

Sin embargo, el Congreso de ese momento le impidió adquirir sus credenciales tras inhabilitarlo de ocupar cargos públicos durante diez años por su vacunación irregular y clandestina contra el Covid-19 cuando era presidente.

En mayo de 2022 y ya con el actual Congreso, llegaría una segunda inhabilitación de cinco años, relacionada a los presuntos nexos corruptos con empresas constructoras que alcanzaron su período como ministro de Transportes.

En junio de este año, el mismo Congreso aprobó una tercera inhabilitación contra Vizcarra por diez años; esta vez bajo el cargo de haber disuelto el Parlamento en 2019, una medida que paradójicamente le había afianzado el capital electoral con el que ganó un escaño en los comicios anteriores.

Todas las inhabilitaciones impuestas contra Vizcarra por parte del Congreso le restringen derechos políticos, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones lo ha excluido como afiliado de su propio partido, “Perú Primero”, fundado en 2021 e inscrito en 2023. 

Consultado por France 24, el exministro de Justicia y experto en derecho electoral peruano, José Tello Alfaro, explicó que –con las sanciones del Congreso– una postulación o siquiera inscripción partidaria de Vizcarra resulta en un imposible jurídico. Esto, porque ya existe un precedente vinculante del Tribunal Constitucional que aclara los alcances de una inhabilitación de este tipo. 

“No solamente está impedido de postular a un cargo de elección popular, sino que también está imposibilitado de formar parte de una organización política, ser directivo, dirigente, afiliado o incluso también de ejercer su voto. Tampoco puede participar en elecciones primarias porque tendría que estar inscrito en el partido”, dijo Tello. 

Vizcarra ha reiterado que, de todas maneras, será candidato presidencial en 2026. En julio de este año recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), buscando suspender cautelarmente las inhabilitaciones. Dicha instancia supranacional aún no ha emitido un pronunciamiento sobre esta demanda de amparo.

El abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, refiere a France 24 que una medida cautelar de la Corte IDH, aun siendo beneficiosa en el papel, dependería de varios factores para tener efecto. Sostiene, por ejemplo, que hay una variedad de escenarios sobre los que la justicia supranacional puede pronunciarse y recordó que los entes electorales no necesariamente estarían obligados a considerar el pronunciamiento.

“Depende de qué tome en cuenta la Corte IDH. Una cosa es que solicite que se suspendan a secas los alcances de cada inhabilitación y otra es que solicite la interpretación únicamente con respecto al derecho de afiliación o al acceso a cargos públicos. Sin embargo, personalmente, creo que es muy poco probable (que se reviertan las medidas). Tiene tiempo (Vizcarra, antes del proceso de abril de 2026), pero también habría que ver si el Jurado Nacional de Elecciones ejecutaría una resolución favorable”, advirtió Naupari.

En mayo de este año, la encuestadora peruana CPI había publicado un sondeo en el que Martín Vizcarra figuraba como favorito en una eventual elección presidencial. Entre la apatía ciudadana por los políticos y la oferta de más de 50 precandidatos en ese momento, el estudio mostraba el liderazgo de Vizcarra con un 15,1% de intención de voto. La segunda favorita –con 10,3%– era Keiko Fujimori, quien ya ha sido derrotada en tres procesos electorales anteriores.