“Pete (Hegseth) dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres y yo le creo”. La versión del presidente Donald Trump, ofrecida el 30 de noviembre a bordo del Air Force One, rompía lanzas a favor del secretario de Defensa, luego de que 'The Washington Post’ informara sobre una orden suya de ejecutar a dos sobrevivientes de un ataque en el Caribe.

Un día después, la secretaria de Prensa Karoline Leavitt ha confirmado que “Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos”, aunque aseguró que los mismos fueron hechos “en cumplimiento del derecho de conflicto armado”.

Leavitt se refería al comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, vicealmirante Frank Bradley, que se encontraba a cargo de la primera operación contra una supuesta “narcolancha” en aguas del Caribe cerca de Venezuela el 2 de septiembre, en la que murieron 11 personas.

Según la versión del ‘Washington Post’, Hegseth autorizó a “matarlos a todos”, luego de que quedaran dos sobrevivientes de un primer bombardeo aferrados a los restos de la embarcación. La orden habría dado lugar a un segundo ataque que liquidó a ambos.

Hegseth había refutado la versión del diario, que calificó de “noticias falsas” destinadas a “desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan por proteger la patria”.

El secretario de Defensa agregó que las operaciones en el Caribe han sido “aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”, un argumento que Leavitt también validó en su declaración, al asegurar que el vicealmirante Bradley había actuado “dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación”.

"El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración", agregó la secretaria de Prensa.

Trump había dicho inicialmente que no hubiera querido que se produjera un segundo ataque contra el bote, pero este fue oficialmente confirmado por su Administración un día después.

Creciente escrutinio

La admisión del ataque contra los sobrevivientes coincide con un momento en el que la administración Trump se encuentra bajo un intenso escrutinio bipartidista en el Congreso, precisamente en relación con la versión publicada por 'The Washington Post’ y ahora validada por la Casa Blanca.

Legisladores tanto demócratas como republicanos coincidieron el 30 de noviembre en que las operaciones en el Caribe debían ser revisadas, citando la información del diario.

“Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto”, dijo el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, mientras que el representante republicano por Ohio, Mike Turner, aseguró no tener información sobre el ataque, pero admitió que “obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal”.

“Es hora de que el Congreso controle a un presidente que decide declarar la guerra por su cuenta, lo cual no es lo que permite la Constitución", aseguró Kaine el domingo en una entrevista con ‘CBS News’.

Turner, por su parte, reconoció que había preocupación entre los parlamentarios por las operaciones en el Caribe, y agregó que había una “investigación en curso” sobre el ataque del 2 de septiembre del que dio cuenta 'The Washington Post’, pero que el caso específico de la orden de liquidar a los sobrevivientes “está fuera de cualquier cosa que se haya discutido con el Congreso”.

Ninguno de los dos legisladores se ha pronunciado luego de la declaración de Leavitt, pero el Comité de Servicios Armados del Senado confirmó que realizará una “supervisión rigurosa” de las acciones en cuestión, y el de la Cámara de Representantes anunció que impulsa medidas bipartidistas para recopilar un informe completo.

Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, calificó a Hegseth como una “vergüenza nacional” y agregó que ambos Comités deberían exigir que el video completo del ataque sea publicado y que el secretario de Defensa testifique bajo juramento.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, confirmó que había conversado con cuatro legisladores de los dos comités, para “compartir perspectivas sobre las operaciones en curso”.

Una de las voces más duras sobre el tema fue la de un republicano, el senador por Kentucky Rand Paul, quien recordó en redes sociales que “no está permitido, según las leyes y costumbres de la guerra honorable, ordenar que no se conceda cuartel, que se aplique fuerza letal a quienes se rindan o estén heridos, naufragados o de otro modo incapaces de luchar”.

Se esperaba que Trump se reuniera la tarde del 1 de diciembre con su equipo de seguridad nacional, para discutir las acciones en torno a Venezuela.

Con AP, Reuters, EFE y medios locales

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