El presidente estadounidense Donald Trump está reconsiderando si avanzar o no con un fondo destinado a compensar a sus aliados, valorado en 1.800 millones de dólares, según una persona familiarizada con sus deliberaciones.
La información se conoció el lunes, el mismo día en que el Departamento de Justicia anunció que pausaría temporalmente la implementación de la iniciativa para cumplir con una orden judicial.
La posible retirada refleja tanto los reveses legales que ha sufrido el fondo desde que fue anunciado hace dos semanas como el creciente rechazo político entre los republicanos. Muchos legisladores han expresado preocupación por la falta de supervisión sobre la distribución del dinero y por la posibilidad de que algunos beneficiarios pudieran ser participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La administración Trump había defendido el denominado Fondo contra la Instrumentalización, dotado con 1.776 millones de dólares, como una medida adecuada para reparar lo que considera un uso politizado de las instituciones de justicia durante la presidencia de Joe Biden. El fondo fue creado como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales.
Sin embargo, aunque algunos simpatizantes de Trump —incluidos participantes en el asalto al Capitolio— celebraron la creación del fondo, la reacción dentro del Partido Republicano en el Congreso ha sido considerablemente más negativa.
La controversia alcanzó su punto álgido en mayo durante una reunión a puerta cerrada entre senadores republicanos y el fiscal general interino Todd Blanche. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, describió posteriormente el encuentro en su pódcast como “una de las reuniones más duras que he visto en todo mi tiempo en el Senado”.
El furor ha complicado especialmente las cosas en el Senado, donde los republicanos se marcharon desafiantes de la ciudad hace 10 días sin aprobar la legislación para financiar las agencias de control migratorio de Trump.
Los republicanos que regresaron a Washington el lunes dijeron que no tendrán los votos para aprobar el proyecto de ley de gasto del Departamento de Seguridad Nacional hasta que la Casa Blanca colabore con ellos para establecer parámetros sobre el fondo. Muchos han presionado a la administración para que imponga límites o descarte la idea por completo.
En medio de estas críticas, una fuente familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para comentar el pensamiento del presidente, afirmó este lunes que Trump está reconsiderando si seguir adelante con el fondo.
No obstante, no estaba claro si el anuncio del Departamento de Justicia de suspender temporalmente la implementación sería suficiente para desbloquear la aprobación del proyecto de ley en el Senado.
“Necesitan decir claramente qué quieren decir”, afirmó el senador republicano Jim Lankford. “Necesitan decir: ‘Estamos dejando todo esto de lado’”.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, indicó el lunes que esperaba que la Casa Blanca optara finalmente por abandonar el fondo.
“Creo que la mejor manera de manejar esto es que la propia administración decida cancelarlo”, declaró Thune a los periodistas.
Añadió que cualquier declaración adicional por parte de la administración sería útil, aunque señaló: “Creo que el comunicado que emitieron prácticamente lo cancela. Lo veremos”.
El Departamento de Justicia anunció que cumplirá con una decisión emitida el viernes por la jueza federal Leonie Brinkema, del estado de Virginia. La magistrada respondió a una impugnación presentada por terceros ordenando la suspensión temporal de la implementación del fondo. Además, fijó una audiencia para el 12 de junio con el fin de estudiar si la medida cautelar debe extenderse.
En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó que discrepa firmemente de la decisión judicial, pero que la acatará.
“Este fondo estaba abierto a cualquier persona que hubiera sido instrumentalizada, señalada o perseguida injustamente, ya fuera demócrata, republicana, conservadora, independiente o de cualquier otra afiliación”, señaló el comunicado.“El Departamento cumplirá con la resolución judicial”.
Por otra parte, la jueza federal Kathleen Williams, encargada en Florida de supervisar la demanda de Trump contra el IRS, ordenó el viernes a los abogados del presidente responder a “graves acusaciones” formuladas por críticos del acuerdo.
Estos sostienen que Trump retiró sus reclamaciones para evitar que el tribunal examinara un pacto presuntamente ilegal. Williams les dio hasta el 12 de junio para responder por escrito a las acusaciones de colusión y explicar si el caso debería reabrirse porque el tribunal habría sido “víctima de un fraude”.
Como parte del acuerdo alcanzado, el IRS aceptó cerrar todas las investigaciones pasadas y pendientes relacionadas con Trump, su familia y otros colaboradores sobre si habían pagado correctamente sus impuestos.
No estaba claro de inmediato si la posible retirada del fondo anunciada este lunes implicaría también que la administración esté retrocediendo en su promesa de otorgar inmunidad frente a futuras auditorías fiscales.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}