La Paz se vio sacudida este jueves por explosiones y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines que chocaron en las inmediaciones del palacio de Gobierno, donde las consignas por reivindicaciones laborales y sociales cambiaron de tono, para pasar a pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que se juramentó hace seis meses.
La conflictividad en Bolivia se desató desde finales de abril, cuando comenzó una serie de bloqueos en carreteras que hasta ahora ha dejado dos fallecidos por falta de atención médica, según los señalamientos de la ministra de Salud, Marcela Flores.
Pero este 14 de mayo alcanzó nuevos niveles, cuando líderes mineros que exigían reformas laborales y acceso al combustible detonaron pequeñas cargas de dinamita en torno al palacio presidencial mientras coreaban consignas pidiendo la dimisión de Paz, cuya victoria en las elecciones puso fin a casi 20 años de Gobierno de partido único por parte del Movimiento al Socialismo.
La escalada ha incluido participación de varios sectores, que van desde maestros hasta agricultores, pasando por la Central Obrera Boliviana (COB), que ha sido históricamente el músculo sindical de las administraciones de izquierda de Evo Morales y Luis Arce.
Los sectores en conflicto
Las protestas se iniciaron con largas caravanas de cientos de indígenas que se movilizaron desde el departamento de Pando, en el norte del país, y marcharon durante 24 días hasta La Paz para pedir la anulación de la Ley 1720 que permitía la hipoteca de sus tierras.
La legislación, que es defendida por empresarios de Santa Cruz, el principal motor económico del país, ya fue derogada por Paz, pero la decisión aún debe ser ratificada por el Parlamento.
Los grupos campesinos agremiados en la Federación Única de Trabajadores 'Tupac Katari' han encabezado los cortes de carreteras en apoyo a los agricultores de la Amazonía, pero desde el fin de semana han elevado el tono de sus demandas, sumándose a la petición de que Paz renuncie.
La COB, por su parte, presentó a finales de marzo un pliego de 211 demandas, que iban desde un aumento de salario de 20% (que Paz asegura que no es viable, en medio de una aguda crisis económica) hasta el rechazo a la privatización de empresas y a un proyecto de ley que penalizaría los bloqueos de caminos.
A ellos espera unirse un pequeño grupo de seguidores de Evo Morales, que recorre los 190 km de Caracollo a La Paz, para cuestionar las reformas económicas del presidente.
Unos 174.000 afiliados de las confederaciones de maestros urbanas y rurales se han sumado a la solicitud de incremento de sueldo y han protagonizado protestas en las calles de La Paz.
Sindicatos de conductores de transporte público convocaron a un paro nacional para protestar por la mala calidad de la gasolina, en un contexto de grave escasez de combustible, y aunque llegaron a un acuerdo con el Gobierno, ahora amenazan con sumarse a las protestas en La Paz.
Las cooperativas de mineros han sido el último sector en abultar el cuadro de conflictividad, en demanda de combustible y de material explosivo necesario para sus labores.
Fueron ellos quienes recurrieron a pequeñas detonaciones, una práctica común en protestas recientes, para llamar la atención en las manifestaciones de este jueves en La Paz, y los que dieron lugar a la escalada por parte de las fuerzas del orden, cuando intentaron retirar barricadas que impedían el paso al palacio de Gobierno.
Dos fallecidas por bloqueos
La ministra de Salud, Marcela Flores, denunció que una mujer del municipio de Guanay, en una zona de La Paz, y otra ciudadana de Belice que regresaba de Perú murieron el 13 de marzo, cuando los bloqueos de vías les impidieron acceder a ayuda médica en medio de cuadros de deterioro de salud.
La primera sufría, según Flores, de una “falla renal aguda” y falleció cuando el vehículo en el que era trasladada a un centro de atención sanitaria quedó atrapado en un corte de vías.
La otra sufrió una “descompensación” mientras se movilizaba por la localidad fronteriza de Desaguadero y no pudo recibir la asistencia urgente que requería.
La ministra también denunció que un niño sufrió la amputación de cuatro dedos porque no recibió atención a tiempo luego de un accidente doméstico y una mujer dio a luz a gemelos en una ambulancia que quedó atrapada en los bloqueos.
Además, asegura que 40 toneladas de oxígeno medicinal necesario para los servicios de cuidados intensivos y pacientes en soporte vital han quedado varados, sin poder ser despachados a centros de salud en Desaguadero y Oruro.
Un comunicado del Ministerio de Salud lamentó "la pérdida de vidas humanas y los daños a la salud ocasionados por los bloqueos que impiden el paso de ambulancias, pacientes en estado crítico y el abastecimiento de insumos médicos esenciales".
Con EFE y AP
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