La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este 16 de septiembre su primera sentencia sobre secuestros cometidos durante décadas de conflicto interno armado en Colombia, con la que declaró culpables a siete exlíderes de las extintas FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño. Aunque el tribunal calificó la medida de “histórica”, los señalados no entrarán en prisión, sino que durante ocho años deberán cumplir labores de reparación, como participar en proyectos para encontrar los cuerpos de personas desaparecidas.
“Esta sentencia no borra el sufrimiento de las víctimas”, pero “busca aliviar su dolor y el de sus familias", declaró el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, este martes 16 de septiembre al emitir su dictamen.
El tribunal especial colombiano, creado en virtud del acuerdo de paz de 2016, impuso así este martes a siete exlíderes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una pena máxima de ocho años de reparación por su participación en 21.000 secuestros extorsivos.
Además de quien fuera el máximo jefe del grupo delictivo convertido en partido político, Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’), los sancionados son Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias ‘el Médico’), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias ‘Joaquín Gómez’), Julián Gallo (alias ‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
Aunque se trata de sentencias restaurativas, son las primeras penas individuales impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga a líderes tanto de la guerrilla como del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
"Durante más de cinco décadas, el pasado rigió nuestro presente. Hoy rompemos ese ciclo", remarcó Ramelli ante la prensa, antes de la lectura de la decisión.
Una comisión de la verdad creada como parte del acuerdo de paz afirmó que 50.770 personas fueron documentadas como secuestradas entre 1990 y 2018, y que la cifra real probablemente se acerca a las 80.000.
Las FARC cometieron la mayoría de los secuestros, el 40%, según la comisión, y grupos paramilitares de derecha y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también secuestraron a miles de personas.
En los primeros días de la investigación por secuestro, el antiguo secretariado de las FARC aceptó las acusaciones de que sus políticas condujeron al secuestro de 21.000 personas. Sus siete miembros asistieron a varias audiencias donde fueron interrogados por jueces y víctimas.
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¿Cuáles son los patrones de secuestro documentados por la JEP?
Para sancionar a los últimos jefes de las FARC, la JEP documentó "tres patrones principales", el primero de los cuales fue "privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates".
El segundo, "retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político".
Y por último, "utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país".
"Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las FARC con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización", señaló el magistrado Camilo Suárez.
“Hoy no presentamos solo una sentencia, presentamos un compromiso. Nunca más el secuestro como herramienta de guerra, nunca más el cuerpo y la vida usados como moneda de cambio”, agrego.
Muchas víctimas sufrieron malos tratos adicionales, incluyendo abusos sexuales, trabajos forzados y encadenamientos a árboles. La mayoría fueron rescatadas o se les pagó un rescate, pero, según las investigaciones, 2.000 de ellas nunca regresaron a casa y ahora se consideran desaparecidas.
"Las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual", declaró la JEP.
Las FARC, cuyos 13.000 miembros se desmovilizaron en el marco del acuerdo de paz alcanzado con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos, practicaron el secuestro extorsivo durante décadas, atacando a civiles, soldados e incluso a candidatos presidenciales.
Más de 400 exguerrilleros también testificaron sobre la práctica de secuestro, según el tribunal. Esos raptos fueron utilizados para recaudar fondos y ejercer presión política.
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¿Qué abarcan las sentencias restaurativas?
Las sanciones impuestas, las primeras dictadas por la JEP y las máximas previstas por la Justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel.
"Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC (…) Sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas", señaló la sentencia leída por el magistrado Camilo Suárez.
En este caso, se trata de labores de reparación. En ese sentido, durante los próximos ocho años, los exlíderes de las FARC deberán trabajar en proyectos para encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas y desminar las zonas rurales.
También deberán realizar actos simbólicos de reparación con sus víctimas. Para garantizar su cumplimiento, los siete sentenciados seguirán un estricto cronograma y sus movimientos serán monitoreados con dispositivos electrónicos.
Los sospechosos que no aceptan los cargos del tribunal de paz, pero son declarados culpables de crímenes de guerra, pueden enfrentar largas penas de prisión.
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Con Reuters, AP y EFE
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