El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes 16 de septiembre el estado de excepción en siete provincias "por grave conmoción interna". La medida llega en medio de los bloqueos en algunas vías del país, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, lo que eleva su costo. Los manifestantes también se movilizan por la inseguridad en las carreteras del país.
El estado de excepción en Ecuador rige para las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El presidente Daniel Noboa argumentó en un decreto que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta” y afectando el “derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.
El estado de excepción restringe el derecho a la reunión y otorga el control del orden público a la Policía y las Fuerzas Armadas.
"Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social", señala el decreto del Ejecutivo.
Con el estado de excepción, las autoridades limitan las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objetivo de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
Sin embargo, no implica restricción al derecho a manifestarse "siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía", aclara el decreto.
La declaratoria llega mientras sindicatos y sectores sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) rechazan el alza del precio del diésel a raíz de la eliminación del subsidio.
Desde el lunes iniciaron protestas parciales en Pichincha, Carchi, Azuay e Imbabura, y este martes 16 de septiembre se registran bloqueos en el norte de Pichincha y en vías de Carchi. A Cotopaxi se ha trasladado de forma temporal la sede del Ejecutivo y a Imbabura la de la Vicepresidencia.
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El detonante de las nuevas protestas y bloqueos en Ecuador
El pasado viernes 12 de septiembre, el Ejecutivo dispuso la eliminación de un subsidio de 1.100 millones de dólares al diésel, usado por el transporte pesado, de pasajeros y el sector agrícola, entre otros.
Por tanto, los precios de este combustible -usado ampliamente en el campo, la pesca y otros sectores primarios, así como en el transporte de pasajeros y de carga por carretera- pasaron, desde el pasado sábado 13 de septiembre, de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares.
Durante el fin de semana se reportaron protestas menores, pero la víspera importantes vías amanecieron bloqueadas por grandes vehículos de carga.
El Gobierno ha advertido que está abierto al diálogo, pero no “a la negociación ni a la extorsión” por parte de los sectores afectados. Añadió que no cederá en su decisión de eliminar el subsidio y usar esos fondos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Sindicalistas de distintos sectores anticiparon que radicalizarán las protestas en rechazo a la medida, en tanto la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, indicó que la Administración de Noboa “está llevando al límite la paciencia popular”.
Para reducir el impacto de la medida las autoridades ofrecieron el pago de compensaciones monetarias desde 400 a 1.000 dólares mensuales a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola, así como la entrega de tractores.
En la víspera el Gobierno afirmó que depositó más de 1,1 millones de dólares en incentivos productivos a más de 1.600 transportistas de las modalidades intercantonal (rural, urbano combinado), inter e intraprovincial.
Mientras que 70.000 productores se convirtieron en los primeros beneficiados del Bono Recursos de Apoyo e Inversión para el Crecimiento Económico Sostenible (RAÍCES) de mil dólares.
No obstante, los manifestantes también rechazan la inseguridad en las vías y denuncian ser víctimas de robos, asaltos y extorsiones, entre otros, por lo que exigen mayor atención del Gobierno.
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Con AP y EFE
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