Los ambientalistas brasileños están en pie de guerra contra un proyecto legislativo que pretende flexibilizar las normas de licencias ambientales en el país que posee el bosque tropical más extenso del mundo. En el lenguaje técnico se llama Proyecto de Ley 2.159/2021, pero es conocido popularmente como la 'Ley de la Devastación'. ¿Cuáles son los alcances? Entrega desde Río de Janeiro.
Desde su aprobación inicial en la Cámara de los Diputados, en 2021, la propuesta ha sido considerada por expertos, por el Ministerio Público Federal, y por una parte de la sociedad civil y de los movimientos sociales como el "mayor retroceso ambiental en más de 40 años".
En su texto original, el proyecto intentaba permitir que las empresas obtuvieran las licencias ambientales de forma automática. El único requisito pedido inicialmente era una autodeclaración del empresario, es decir, un simple formulario, sin necesidad de un análisis técnico previo. La única excepción prevista eran los casos clasificados como de “alto riesgo ambiental”.
Durante meses, varios expertos han señalado que este proyecto de ley ponía en entredicho la prevención de daños ambientales y mermaba la capacidad de fiscalización de los organismos responsables.
Además, podía eliminar la protección de los territorios indígenas y de los quilombos –las comunidades de los descendientes de esclavos libertos–, que aún se encuentran en proceso de demarcación.
La propuesta fue concebida para beneficiar directamente a sectores estratégicos de la economía brasileña, como la agroindustria y la minería, para que tuvieran mayor facilidad para avanzar en estos territorios en disputa.
En respuesta a una demanda del sector ruralista, el texto también eliminaba los requisitos de la licencia ambiental para una serie de actividades agrícolas. La autodeclaración, por su parte, suprimía la necesidad de verificación de los posibles impactos ambientales.
“A este resultado contribuyeron la visión arcaica y negacionista de la bancada ruralista, la miopía de los representantes del sector industrial, que solo buscan el medio ambiente en el ámbito del discurso, y la lenta y débil respuesta del Gobierno federal en esta legislatura. Recordaremos por mucho tiempo el día en que la principal herramienta de prevención de daños de la Política Ambiental Nacional se debilitó por completo”, afirmó en aquel momento Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatorio del Clima.
Durante el Gobierno de Michel Temer, entre 2016 y 2019, Araújo presidió el IBAMA, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Luz verde de la Cámara; arrecian las críticas
Como estaba previsto, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de los Diputados el 17 de julio por 267 votos a favor y 116 en contra, con el apoyo del lobby del llamado “agronegocio”.
La votación fue virtual y aconteció en la madrugada.
“El Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley de la Devastación, que debilita las leyes ambientales y facilita la deforestación, poniendo en riesgo a los pueblos indígenas, a los ‘quilombolas’, a las comunidades ribereñas y a las comunidades tradicionales”, criticó la diputada indígena Célia Xakriabá, una de las más combativas durante su tramitación.
“Es una decisión tomada sin diálogo con la sociedad, cuyos impactos serán irreversibles para las personas, el clima y la biodiversidad”, señaló la ONG WWF en un comunicado oficial.
También citó el artículo 225 de la Constitución brasileña, que establece que “todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien común del pueblo y esencial para una vida sana. Es deber del Gobierno y de la comunidad defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras”.
Lula sanciona la ley con 63 vetos
Tras semanas de presiones, el 8 de agosto el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó el controvertido proyecto de ley, aunque con limitaciones.
El mandatario vetó 63 de las 400 disposiciones propuestas en el texto original. De este total, 26 artículos fueron totalmente excluidos.
Lula aseguró que los vetos garantizan “la protección ambiental y la seguridad jurídica” y que fueron definidos tras consultar a la sociedad civil.
“Ha sido un trabajo que, a nuestro entender, mantiene el diálogo con el Congreso Nacional, asegurando la integridad del licenciamiento ambiental y permitiendo que los procesos ganen velocidad sin perder la calidad del licenciamiento, lo cual es fundamental para la protección del medio ambiente en un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y procesos de desertificación”, explicó la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.
El Gobierno de Lula decidió limitar la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), un tipo de autolicencia que carece de evaluación previa por parte del organismo regulador, a proyectos con bajo potencial contaminante.
El texto aprobado por el Congreso incluía también los proyectos con potencial contaminante medio, lo que era considerado uno de los mayores riesgos del proyecto de ley.
También se eliminaron los artículos que permitían a los Estados y municipios establecer sus propias normas para definir, por ejemplo, el tamaño de un proyecto y si podía ser incluido en la LAC. Esta decisión ahora será competencia del Gobierno federal.
Además, el Ejecutivo vetó la parte de la ley que preveía la eliminación del régimen de protección especial previsto en la Ley de la Mata Atlántica en casos de destrucción del bosque nativo.
La Mata Atlántica es un bioma original, que se extiende a lo largo de la costa brasileña, y es uno de los más amenazados del país.
Finalmente, también vetó una de las secciones más controvertidas de la ley aprobada por el Congreso Nacional, que permitía que los procesos de licenciamiento ambiental se llevaran a cabo sin contar con la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Fundación Palmares, en las tierras indígenas y quilombolas que aún no han sido demarcadas.
En la actualidad, estas dos entidades deben ser consultadas en los procesos de licenciamiento de proyectos que impactan directa o indirectamente en tierras indígenas o quilombolas, incluso si aún no han sido aprobados por el Gobierno federal.
’Si bien se ha mitigado lo más dañino del proyecto, persisten los riesgos'
A pesar de los vetos, se mantuvieron los puntos más controvertidos de la propuesta aprobada por el Congreso, aunque hubo modificaciones.
Es el caso de la Licencia Ambiental Especial (LAE), que, además de permanecer sin veto presidencial, recibió una Medida Provisional que anticipa su entrada en vigor. La LAE, uno de los principales blancos de las críticas al proyecto, acelera el proceso de licenciamiento de actividades y proyectos considerados “estratégicos” por el Consejo de Gobierno, un órgano presidencial con participación de todos los ministerios.
A pesar de eso, los ambientalistas han valorado positivamente la noticia. “Celebramos los vetos presidenciales como una medida esencial para corregir graves distorsiones en el texto aprobado por el Congreso (…) En cualquier caso, consideramos la decisión del Gobierno una victoria de la movilización social, una muestra de respeto a la voluntad popular”, señaló la ONG Greenpeace Brasil en un comunicado.
“Esta es una respuesta importante del Gobierno federal, que demuestra su atención a las demandas de la sociedad y de la comunidad científica. Los vetos preservan una parte significativa de la integridad del sistema de protección socioambiental y previenen daños significativos que el texto original podría haber causado. Aun así, el texto aprobado mantiene disposiciones que debilitan el licenciamiento ambiental y podrían reducir la capacidad del Estado brasileño para prevenir daños socioambientales, además de debilitar los instrumentos de protección de los biomas y las comunidades. Por lo tanto, si bien se ha mitigado la esencia más dañina del llamado ‘Proyecto de Ley de Devastación’, persisten riesgos que requerirán atención y monitoreo continuos”, matiza por su parte la WWF.
El debate acontece a pocos meses de que se celebre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30, en Belém de Pará, en medio de la Amazonía brasileña.
Por lo pronto, la nueva ley ya está en vigor, pero los vetos del Gobierno de izquierda aún serán analizados por el Congreso, y no hay plazo para que eso ocurra. Eso significa que todavía puede haber un giro en esta historia.
Cabe anotar que Rio Grande do Sul, el Estado brasileño que el año pasado fue devastado por lluvias torrenciales e inundaciones, aplica desde 2019 una legislación parecida.
En los años posteriores a su aprobación, ambientalistas y técnicos del sector señalaron varias fallas y retrocesos en el nuevo Código Ambiental de Río Grande do Sul y denunciaron que desmanteló décadas de avances en la protección ambiental.
El presidente de la Asociación Gaúcha para la Protección del Medio Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, lo calificó de “desestructurante, destructivo y prostitutivo” y habló de un retroceso de 40 años en la legislación ambiental de este estado.
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Este año, durante la Semana del Medio Ambiente en Rio Grande do Sul, varias entidades se han manifestado contra el “Proyecto de Ley de la Devastación”.
“Lamentablemente, los representantes de la sociedad brasileña en el Congreso parecen no haber aprendido nada de la tragedia”, dijo Rafael José Altenhofen, presidente del Comité de la Cuenca del Río Caí.
“El proyecto de ley expresa una política de supremacía colonial. Los quilombos y las reclamaciones de tierras indígenas están siendo atacadas por grandes proyectos inmobiliarios respaldados por agencias gubernamentales. Ya hemos perdido dos tercios de nuestras tierras ancestrales”, añadió Onir Araújo, abogado del Frente Quilombola.
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