El 22 de mayo de 2024, SpaceNews reportó que República Dominicana había contratado a Launch on Demand, una empresa consultora especializada en licencias y servicios técnicos de lanzamiento, con sede en Florida para conducir un estudio de viabilidad de seis meses sobre la posibilidad de establecer un puerto espacial comercial cerca del ecuador. El cliente era la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El área de enfoque: Oviedo, provincia de Pedernales.

Ese contrato siguió exactamente el mismo patrón que en Arizona: Launch on Demand hace el estudio. Emite una recomendación de viabilidad. Y el cliente queda entonces frente al verdadero desafío, conseguir el financiamiento, navegar el proceso regulatorio, y construir.

En Arizona, ese segundo paso nunca llegó. En República Dominicana, en cambio, el presidente Luis Abinader saltó directamente a un anuncio presidencial de una inversión extrajera de US$ 600 millones y lo hizo con una entidad distinta: no Launch on Demand, la consultora que hizo el estudio, sino LOD Holdings, su brazo de desarrollo, constituida en 2022 y sin ningún proyecto de infraestructura ejecutado en su historial.

Dos entidades, un modelo

Para entender el acuerdo con República Dominicana, hay que entender primero la arquitectura corporativa detrás de él.

Launch on Demand es la empresa consultora fundada por Burton Catledge en 2018. Es la que tiene el historial operativo: estudios de viabilidad, tramitación de licencias ante la Administración Federal de Aviación (FAA), presencia en conferencias internacionales, consultoría de operaciones en Omán. Es la que la DNI dominicana contrató en mayo de 2024. Sus ingresos anuales son inferiores a 5 millones de dólares y tiene menos de 10 empleados.

LOD Holdings es una entidad diferente, constituida el 15 de agosto de 2022 según el registro oficial del Departamento de Estado de Florida. Su dirección: 1980 N. Atlantic Ave, Suite 203, Cocoa Beach, Florida. Es la entidad que en el pasado febrero de 2026 firmó el acuerdo de desarrollo del spaceport con República Dominicana, y que el 27 de ese mes, Launch On Demand, presentó al mundo.

El propio comunicado de prensa del anuncio define la división de roles: "Launch On Demand provee la tecnología y las capacidades del día de lanzamiento. LOD Holdings se enfoca en la infraestructura y las alianzas que hacen posibles esas operaciones." Dicho de otro modo: Launch on Demand consulta. LOD Holdings, en teoría, construye.

El problema es que LOD Holdings nunca ha construido nada. En los tres años desde su constitución, no hay un solo proyecto de infraestructura espacial ejecutado bajo su nombre en ningún lugar del mundo.

El precedente de Arizona: el ciclo que nunca se completa

En 2022, la ciudad de Yuma contrató a Launch on Demand para avanzar en el proceso regulatorio de su futuro spaceport. Tres años después, en febrero de 2025, legisladores del estado, representantes Justin Wilmeth y Michele Peña, y el senador Tim Dunn, escribieron una carta formal a la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. solicitando una subvención para poder financiar la construcción.

La carta, firmada con el membrete de la Legislatura del Estado de Arizona, describe el estado a marzo del 2026 del proyecto: "En 2022, la ciudad contrató a Launch on Demand, una empresa consultora con sede en Cabo Cañaveral, Florida, para completar el proceso de solicitud de licencia de sitio ante la FAA proceso que actualmente está en curso."

En curso. En febrero de 2025. Tres años después de contratar a Launch on Demand. Buscando una subvención federal para poder construir. Sin LOD Holdings en escena. Sin spaceport.

Sierra Vista siguió el mismo guión. Documentos municipales de 2024 describen el estado del proyecto: "El equipo de desarrollo económico trabaja con los consultores de Launch on Demand para obtener una Licencia de Sitio de Reentrada de la FAA. El personal ya se reunió con la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la FAA en Washington D.C. El proceso tomará aproximadamente 18 a 24 meses."

Consultores de Launch on Demand. Consultores para tramitar papeles ante la FAA. Y 18 a 24 meses solo para la licencia regulatoria, sin contar un solo centímetro de construcción.

La razón por la que LOD Holdings nunca apareció en Arizona es la misma razón por la que no hay spaceport en Yuma ni en Sierra Vista: a fecha del 6 de marzo de 2026, ninguno de esos proyectos ha conseguido el financiamiento. Arizona tiene legislación espacial desde 2019, una Comisión Espacial creada en 2024 y acceso a los mecanismos de subvenciones federales de EE.UU. Con todo ese andamiaje, la ciudad de Yuma sigue buscando los fondos para construir.

La documentación oficial del proyecto, gestionada por la coalición Elevate Southwest, refleja esta paralización. Según el cronograma más reciente para el "Yuma Spaceport", las metas operativas para este 2026 se limitan exclusivamente a finalizar estudios de viabilidad, reportes de mercado y tramitar las licencias correspondientes ante la FAA. Aunque la región celebra ser una de las finalistas a nivel nacional para el programa Regional Innovation Engines de la National Science Foundation (NSF) lo que, de aprobarse, podría inyectar hasta US$ 160 millones en la próxima década, el capital tangible para iniciar las obras físicas no existe hoy en sus arcas. Ser un candidato prometedor en una lista federal no es equivalente a tener el presupuesto ejecutado para construir.

El panorama en Sierra Vista padece exactamente del mismo síndrome. Los documentos presupuestarios de la Legislatura de Arizona, como el FY 2027 Baseline Book, evidencian que el respaldo estatal real se ha reducido a inyecciones menores, rondando apenas el millón y medio de dólares para adecuaciones básicas de infraestructura en su aeropuerto municipal. Esta cifra está a años luz del músculo financiero requerido para levantar instalaciones aeroespaciales comerciales desde cero.

En este ecosistema de ambiciones burocráticas y fondos condicionados, resulta lógico que entidades como LOD Holdings nunca hayan logrado materializar su presencia en la región: el tan anunciado despegue espacial de Arizona, por ahora, sigue ocurriendo estrictamente en el papel.

La pregunta para República Dominicana es quién lo pondrá allí, y cuándo.

El salto: del estudio al anuncio presidencial

En República Dominicana, el proceso fue diferente desde el principio. El contrato de viabilidad no lo firmó una entidad técnica del Estado lo firmó la Dirección Nacional de Inteligencia. El estudio de seis meses no fue publicado ni sometido a revisión independiente. Y su conclusión no derivó en una solicitud de financiamiento ni en un proceso regulatorio: derivó en un anuncio presidencial ante la Asamblea Nacional, casi dos años despúes, durante la Rendición de Cuentas.

El 27 de febrero de 2026, Abinader declaró: "Antes de mayo del 2028 — escúchenlo bien — vamos ya a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales." Ese mismo día, Launch on Demand emitió un comunicado describiendo un acuerdo para desarrollar un spaceport comercial en Oviedo con una inversión estimada en más de US$ 600 millones.

Lo que la empresa sí tiene

En Omán, Launch on Demand firmó un acuerdo con Orbital Kinetics Bureau para formar ingenieros espaciales, respaldado públicamente por la Embajada de EE.UU. en Mascate. El primer lanzamiento exitoso de Omán ocurrió en diciembre de 2024. Launch on Demand no construyó Etlaq Spaceport, ese puerto ya existía, pero su trabajo en consultoría de operaciones allí es documentable.

El equipo incluye meteorólogos que trabajaron en el programa del Transbordador Espacial y el Telescopio James Webb, un ex-controlador de tráfico aéreo de la FAA con 31 años de experiencia, e ingenieros con paso por la NASA. En octubre de 2025, Catledge co-presentó un paper técnico en el Congreso Astronáutico Internacional en Sídney junto a COMSPOC Corp. sobre análisis de riesgo de colisión en ventanas de lanzamiento. La empresa tiene software propio de gestión de lanzamientos.

Una reunión documentada en LinkedIn muestra a Catledge con ejecutivos de I-Squared Capital, fondo de infraestructura con sede en Miami, y representantes del bufete Reed Smith en Kennedy Space Center. Esa reunión fue exploratoria; no hay compromiso de financiamiento anunciado.

Todo esto perfila a Launch on Demand como una consultora técnica pequeña pero activa, con conexiones reales en la industria espacial.

El plazo que no tiene precedente

El optimismo burocrático choca de frente con el historial financiero de la industria. El mejor ejemplo es Spaceport America en Nuevo México, el primer puerto espacial construido desde cero para uso comercial. Según reportes de la agencia The Associated Press y medios especializados en Estados Unidos, el proyecto tardó más de una década y le costó a los contribuyentes más de US$ 200 millones solo en infraestructura base.

Sierra Vista, con toda la infraestructura institucional de Arizona, estimó 18 a 24 meses solo para obtener la licencia regulatoria. República Dominicana no tiene legislación espacial, no tiene marco regulatorio para lanzamientos comerciales y no tiene una agencia espacial. Tiene 26 meses según el presidente para un lanzamiento.

No hay precedente en la historia de la industria espacial de que una instalación de esta naturaleza se construya en ese plazo, partiendo desde cero, en un país sin infraestructura espacial previa, financiada por una entidad que nunca ha ejecutado un proyecto de esta escala.

El problema no es la empresa, es el salto

Launch on Demand no es una empresa fantasma. Sus fundadores tienen credenciales verificables y su trabajo en la industria espacial es real, aunque acotado al rol de consultora técnica. Hace estudios. Tramita licencias. Asesora operaciones. Eso es lo que ha hecho en Yuma, en Sierra Vista y en Omán.

LOD Holdings es la entidad que, en teoría, da el siguiente paso: financiar, construir y operar. Pero ese paso nunca ha ocurrido. En Arizona, el ciclo de Launch on Demand lleva años sin llegar a la fase de LOD Holdings, porque nadie ha podido resolver el problema del financiamiento.

En República Dominicana, el presidente se saltó ese problema en su discurso. Anunció el resultado sin anunciar cómo se llega a él: quién pone los US$ 600 millones, quién lanza los cohetes, bajo qué legislación, con qué garantías para el Estado si no se cumple el plazo.

Por ahora, lo único que tiene el país es un anuncio, un plazo y un modelo de negocio que en sus únicos dos casos anteriores documentados no ha llegado a construir nada.

Julio Solano

Periodista y poeta

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