Rendición de Cuentas 2026: seis ejes, seis deudas pendientes según la sociedad civil organizada

A un día de que el presidente Luis Abinader ofreciera su discurso de Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, la plataforma Polétika RD emitió un veredicto que contrasta con la ovación legislativa: el discurso fue un ejercicio extenso en cifras, pero carente de dirección estratégica y compromisos transformadores en materia de derechos.

El consorcio de organizaciones de la sociedad civil —dedicado a la vigilancia, análisis y presión sobre los compromisos políticos— evaluó la alocución presidencial del 27 de febrero en seis ejes temáticos: Derechos de las Mujeres, Municipalidad, Fiscalidad, Trabajo Decente, Salud y Seguridad Social, y Vivienda y Hábitat. En todos los casos, la conclusión fue la misma: el gobierno presentó datos acumulados sin referentes comparativos, privilegió la narrativa de gestión y evitó abordar las reformas estructurales que implican costo político.

Un señalamiento transversal resulta particularmente incómodo para el Ejecutivo: según Polétika, el discurso acumuló cifras desde 2020, cuando constitucionalmente corresponde rendir cuentas del año inmediatamente anterior.

La paradoja de las 100 mil atenciones: más servicios, pero ¿menos violencia?

Quizás el punto más revelador del análisis de Polétika se concentra en el eje de derechos de las mujeres. El presidente Abinader afirmó en su discurso que "la igualdad entre hombres y mujeres no es una concesión ideológica: es un deber moral del Estado democrático", y presentó cifras que, en apariencia, hablan de un sistema de protección robusto: casi 100,000 atenciones a mujeres en situación de riesgo, más de 67,000 asesorías legales, 24,000 asistencias psicológicas, 7,079 intervenciones de la Línea Mujer 212, 1,210 personas protegidas en Casas de Acogida y 632 nuevas familias ingresadas al Programa de Reparación Económica por feminicidios.

Pero la plataforma invierte la lectura: "Un volumen tan elevado de atenciones refleja la persistencia del problema y la alta demanda de protección, lo que sugiere que las causas profundas —desigualdad estructural, dependencia económica, normalización cultural de la violencia y asimetrías de poder— siguen intactas".

La pregunta que Polétika coloca en el centro del debate es tan simple como demoledora: "¿Cuál es la política preventiva concreta que está reduciendo la violencia estructural?".

Los datos disponibles dan sustento a esa inquietud. Según cifras del Ministerio Público, entre enero y octubre de 2025 se registraron 47 feminicidios íntimos según esa institución, 49 según el Ministerio de Interior y Policía, y 53 según el Ministerio de la Mujer. La disparidad misma en las cifras —tres instituciones del Estado con tres conteos distintos— evidencia un problema adicional: la ausencia de un sistema unificado de registro.

A ese panorama se suma una señal de alarma que no formó parte del discurso presidencial: un incremento preocupante de suicidios de mujeres al inicio del año, un fenómeno que organizaciones feministas vinculan con la violencia de género no visible.

Para el consorcio, "el discurso muestra capacidad reactiva, pero no logra demostrar una disminución sustantiva del fenómeno en su dimensión más grave: los feminicidios y las agresiones letales". Y advierte sobre un riesgo operativo: cuando los sistemas de protección reciben decenas de miles de solicitudes, "se tensionan los recursos humanos, financieros y técnicos", lo que puede afectar la calidad del acompañamiento y la sostenibilidad del modelo a mediano plazo.

El salario que sube pero no alcanza

En materia de trabajo decente, Polétika fue contundente: de los nueve indicadores que la plataforma prioriza, el presidente solo se refirió a la política salarial, y sin alinearse con las demandas planteadas por el consorcio.

El gobierno presentó los aumentos salariales recientes como un logro inédito. Y en términos porcentuales lo son: el incremento del 8% al salario mínimo del sector privado entró en vigor el 1 de febrero de 2026, completando un alza acumulada del 20% pactada en el Comité Nacional de Salarios.

Sin embargo, los datos oficiales cuentan otra historia cuando se los confronta con el costo de vida. Según el propio informe de Polétika, el salario mínimo en empresas micro es de RD$16,993.20; en pequeñas, de RD$18,421.20; y en medianas, de RD$27,489.60 —sector que genera el 61.6% del empleo total—. Mientras tanto, la canasta básica del primer quintil asciende a RD$29,307.29, según el Banco Central.

Acento documentó el 31 de enero que incluso el salario mínimo de las grandes empresas queda por debajo de la canasta del quintil más pobre. Y el periódico Hoy detalló que la brecha entre la canasta de la población más vulnerable y el salario de los trabajadores de microempresas supera los RD$12,000.

"Afirmar que el salario mínimo cubrirá un porcentaje significativo de la canasta básica es incorrecto, ya que los datos oficiales contradicen esa afirmación", sentenció Polétika. La plataforma demanda una redefinición de la política salarial que ancle los salarios al costo real de la canasta básica, con ajustes inflacionarios automáticos y reconocimiento de la productividad laboral.

El pacto fiscal que nadie convoca

En el eje de fiscalidad, el análisis de Polétika apunta a lo que el presidente no dijo. Si bien el discurso enumeró programas y montos ejecutados en gasto social, "no se presentó el gasto social como una política fiscal estructural orientada a derechos, ni se estableció una meta clara —como alcanzar el 12% del PIB— con una trayectoria temporal definida".

Las ausencias, según el consorcio, son elocuentes: no hubo referencia a la estructura regresiva del sistema tributario, ni a las exenciones fiscales que benefician a sectores privilegiados, ni a una ruta concreta para elevar la presión tributaria hasta el 19% del PIB bajo criterios de justicia distributiva. Tampoco se mencionó la convocatoria a un pacto fiscal, como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Los datos de la DGII correspondientes a enero de 2026 ilustran la crítica: las recaudaciones crecieron un 11%, pero el mayor impulso provino del ITBIS (14.8%), un impuesto indirecto que recae proporcionalmente más sobre los sectores de menores ingresos. La renta creció un 13.2%, pero sin reforma estructural, el patrón regresivo se mantiene.

"El silencio sobre la construcción de consensos mantiene a los sectores populares y a la clase media absorbiendo los costos de postergaciones estructurales que benefician a grupos protegidos por privilegios fiscales", advirtió la plataforma.

Municipios invisibles, viviendas bancarizadas

En materia municipal, Polétika señaló que el discurso destacó inversiones en infraestructura ejecutadas desde el gobierno central, pero omitió cualquier mención al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales o al presupuesto municipal, que "permanece estancado".

La crítica apunta a un modelo de gestión centralista: "Las obras anunciadas 'desde el gobierno central' terminan desplazando la planificación local y debilitando órganos de seguimiento como los consejos municipales y provinciales". Para Polétika, esta omisión "revela una brecha en la comprensión del papel fundamental que desempeñan los gobiernos locales en la democracia participativa y el desarrollo territorial".

En vivienda, el panorama no es más alentador. El discurso se centró en programas como Familia Feliz, Mi Vivienda y Dominicana Se Reconstruye, esquemas que Polétika califica como "subsidios parciales a viviendas financiadas vía crédito bancario, lo que beneficia principalmente al sector inmobiliario y financiero".

La plataforma señaló que el presidente no mencionó el Plan Decenal de Vivienda ni hizo referencia a metas de su propio programa de gobierno 2024-2028 en materia de producción social de vivienda, lotificación de terrenos estatales, alquiler con opción a compra o mejora integral del hábitat. Tampoco abordó la respuesta del Estado frente a desalojos forzosos —un tema que contrasta con la narrativa oficial sobre titulación de tierras—.

Salud sin sistema, cifras sin contexto

Las referencias a salud y seguridad social en el discurso fueron, en palabras de Polétika, "dispersas y carentes de direccionalidad estratégica". El consorcio cuestionó que no se explicitara el vínculo entre los resultados presentados y las metas nacionales como la Estrategia Nacional de Desarrollo o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un dato particularmente llamativo: el presidente no mencionó el Sistema Dominicano de Seguridad Social ni abordó el modelo de atención, gestión o financiamiento del sistema nacional de salud. Las cifras presentadas fueron "absolutas y sin referentes comparativos que permitan evaluar su impacto real".

Para Polétika, las políticas sociales descritas "mantienen un enfoque reactivo y focalizado, de carácter remedial, más cercano a una lógica benefactora que a una transformación estructural orientada a la reducción de desigualdades y la ampliación de derechos".

Un discurso para aplaudir, no para transformar

La valoración final de Polétika RD condensa un diagnóstico que trasciende la coyuntura del 27 de febrero: el gobierno de Abinader ha construido una narrativa de gestión eficiente sostenida en la acumulación de cifras, pero esa arquitectura discursiva carece de los cimientos que la sociedad civil organizada reclama: reformas estructurales con metas medibles, plazos definidos y compromisos verificables.

"Se trató de un discurso con abundancia de cifras, pero sin dirección transformadora; con énfasis en plausibilidad pública más que en reformas profundas; y con desconexión respecto a problemáticas estructurales que requieren decisiones valientes y compromisos medibles", concluyó la plataforma.

La pregunta que queda flotando no es menor: si el modelo actual amplía servicios pero no reduce las causas profundas de la desigualdad, la violencia y la exclusión, ¿estamos ante un gobierno que administra los síntomas o ante uno que transforma las condiciones que los producen?