Con frecuencia se divulgan videos e imágenes sobre los efectos de las políticas migratorias del gobierno del presidente Luis Abinader, y que ponen en evidencia la presencia de haitianos con poca o ninguna documentación para residir en el país, y que al mismo tiempo resultan en testimonios de falta de humanismo y reciprocidad, tomando en cuenta que el Estado dominicano es un emisor de migrantes, y que suman más de 2 millones los dominicanos que residen en otros países, especialmente en los Estados Unidos.

Es una gran ventaja para los dominicanos contar con un registro del Estado Civil que ayuda a quienes emigran, que además de los documentos oficiales cuentan con pasaportes, cédulas de identidad y electoral, que resultan válidas ante cualquier autoridad internacional.

Los haitianos, en cambio, carecen del Estado que les proporcione documentos, o ellos no tienen la cultura o la costumbre de documentarse, y como la frontera entre Haití y la República Dominicana es el espacio más viable para huir del infierno que rige en Haití, haitianos y haitianas, incluyendo menores de edad, emigran hacia nuestro territorio y se instalan aquí para ocupar puestos de trabajo con los que puedan vivir con alguna dignidad.

El gobierno dominicano, aplicando soluciones para contener la migración haitiana, ha puesto en marcha políticas extremistas que contengan a quienes deseando escapar de Haití ponen su mirada en la República Dominicana. No hay datos oficiales sobre la cantidad de haitianos que viven en el país, tampoco sobre la cantidad que trabaja en sectores de la economía.

El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, dijo hace poco en un programa de televisión que en el país había 7 millones de haitianos con documentación. Es una cifra que luce exagerada, y que pone en evidencia la urgencia de una investigación seria sobre las estadísticas migratorias haitianas en la República Dominicana.

La pasada semana, el viernes más precisamente, se divulgó un video de una haitiana supuestamente fallecida luego de dar a luz, sin ninguna atención médica. Por las políticas del gobierno, de negar la asistencia a las parturientas haitianas, o deportar a las mujeres después de dar a luz, la joven Lourdia Jean Pierre, de 32 años, no acudió al hospital por temor a ser detenida y deportada. Y falleció. Un video de su cadáver, en una casucha, solitaria, es lo que sirvió como testimonio para que un nacional haitiano dijera lo ocurrido con esta joven en el distrito municipal de Pedro Sánchez, en El Seibo.

Diario Libre publicó la información, indagó su dirección, y dijo que “a Jean Pierre le iniciaron los dolores de parto alrededor de las 5:00 de la mañana y se negó a ir al centro médico. Poco después de parir, murió en la sala de la casa”.

Este caso, como otros que resultan alarmantes, será utilizado por campañas internacionales contra el país, contra el gobierno, contra el sector turismo, contra las políticas violatorias de los derechos humanos, que ha puesto en marcha el gobierno dominicano.

Es cierto que el país tiene que protegerse de la migración masiva. Es verdad que Haití representa una amenaza para la estabilidad de la región, y en particular para la República Dominicana. Es cierto que las mujeres embarazadas de Haití, sin recibir atención en su país, han encontrado una forma de conseguir asistencia, en otro país, porque el suyo le niega cualquier servicio. Sin embargo, el gobierno tiene que revisar sus políticas y evitar que situaciones como estas ocurran, porque se trata de seres humanos, de personas pobres, miserables, que buscan refugio y necesitan y buscan servicios. Eso representa un costo que el Estado no puede pagar y tiene que aplicar políticas de contención, pero jamás que conviertan a los reclamantes en mujeres que fallecen en nuestro territorio por falta de asistencia.

El drama es serio y representa una amenaza para los haitianos y haitianas que han migrado, pero también para el gobierno y el pueblo dominicano, que no hemos podido perfilar políticas respetuosas de los derechos humanos y del derecho a la vida, algo elemental en cualquier parte del mundo, excepto en Gaza. No hagamos posibles las comparaciones de tragedias tan dramáticas y vegonzosas como las que se dan en situaciones de crímenes de lesa humanidad como las que sufre el Medio Oriente. República Dominicana no está guerra, ni los haitianos representan un peligro para nuestra soberanía como algunos pregonan. Es gente pobre que huye de la violencia, como lo haría una gran mayoría de dominicanos si nuestro país cayera en la crisis en la que se encuentra Haití.