Esta carta ha sido firmada por miles de personas que han decidido brindar apoyo a su contenido. Otras miles de personas desearían firmarla. El llamado urgente a los congresistas es que actúen sabiamente, de manera inteligente y responsable, y no eliminen derechos ni protejan la violencia, la corrupción y la impunidad. A continuación el texto completo de la carta:
CARTA ABIERTA: Por un Código Penal que proteja la vida y garantice justicia para todas las personas.
Como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el bienestar colectivo y la defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la aprobación de un Código Penal que, en su forma actual, representa un retroceso en materia de justicia, equidad y protección para las mujeres y niñas de la República Dominicana. Este no es simplemente un cambio legislativo: es una decisión de país que definirá el tipo de sociedad que aspiramos a ser.
El proyecto actual vulnera derechos fundamentales:
El texto sometido a debate excluye protecciones esenciales para mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre los aspectos más alarmantes se encuentran:
- Tipificación limitada del feminicidio: al restringirse a solo tres circunstancias, se deja sin reconocimiento a cientos de casos de violencia letal por parte de agresores, negando justicia a muchas mujeres asesinadas.
- Barreras probatorias en violencia intrafamiliar: exigir un patrón reiterado de agresiones invisibiliza y desprotege a las víctimas de actos únicos pero severos de violencia, contraviniendo estándares internacionales de protección.
- Prescripción de delitos sexuales: permitir que crímenes como la violación o el incesto prescriban, incluso cuando las víctimas son niñas, prioriza el silencio y la impunidad por encima de la justicia.
- Criminalización absoluta del aborto: negar las tres causales—riesgo para la vida de la mujer o niña, inviabilidad fetal y embarazo por violación o incesto— no es neutralidad. Es desconocer las realidades médicas, sociales y humanas de miles de dominicanas, y exponerlas a la muerte, la criminalización o el sufrimiento innecesario.
Las consecuencias son verificables y graves.
Lejos de ser una discusión abstracta, los efectos de un código penal restrictivo ya están documentados:
- El aborto inseguro es actualmente la tercera causa de muerte materna en el país.
- La falta de legislación adecuada perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y protege a los agresores.
- La omisión de garantías mínimas para las mujeres y niñas más vulnerables genera desigualdad estructural en el acceso a justicia y salud.
La reforma es necesaria, pero debe ser justa y basada en la realidad:
Coincidimos en la urgencia de actualizar el marco penal, pero advertimos que hacerlo sin una mirada inclusiva, ética y basada en evidencia es legislar desde el privilegio y el desconocimiento. Un nuevo Código Penal debe:
- Reconocer adecuadamente el feminicidio y eliminar la prescripción de delitos sexuales.
- Incluir las tres causales como un mínimo de protección a la vida y la dignidad de las mujeres.
- Asegurar que la ley no excluya ni silencie a quienes más necesitan protección.
Nuestra posición:
La historia los está observando. Y nosotros también.
¡Alcemos juntas y juntos la voz contra este retroceso!
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