A los pocos días de que Juan Bosch y Gaviño fuera juramentado como presidente constitucional de la República, el 27 de febrero de 1963, luego de alcanzar la presidencia con casi un 60% de los votos emitidos en las primeras elecciones democráticas celebradas 20 de diciembre de 1962, luego de decapitada la tirania de Trujillo, mostró un gran interés para que la República Dominicana tuviera un nuevo Código Penal, en razón de que el existente respondía al Código Napoleónico, con casi doscientos años, por lo que era una retranca y un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo institucional, político, económico y social del país y no aplicaba un verdadero régimen de consecuencia a la corrupción y al enriquecimiento ilícito.

En tal sentido, envió una comunicación al presidente del Senado, Dr. Juan Casanova Garrido, copia de la misma se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN), solicitando que sometiera con carácter de urgencia, un proyecto de ley para la aprobación de un nuevo Código Penal.

Estas informaciones se encuentran en los discursos del presidente Bosch desde el Palacio Nacional, recopilados por el prestigioso y laureado cineasta, escritor, investigador e historiador dominicano René Fortunato, quien recientemente partió de este mundo. Estos discursos los conservamos en nuestros archivos, en la modalidad de CD.

De esta importante iniciativa del expresidente Bosch ya han pasado sesenta y dos años.
Desgraciadamente, este importante proyecto de nación no pudo ser sometido ni aprobado, pues el mismo, al igual que la Constitución del 63, con la que estaba gobernando, reconocida como la más avanzada, liberal y progresista; la de mayor desarrollo humano y social, de la que fue su principal motivador, no convenía a los intereses de los sectores cavernarios de la época en la que tocó gobernar.

Ambos proyectos fueron abortados y satanizados con el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, gestado y patrocinado por la cúpula militar de la época, la oligarquía empresarial, la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica, la Unión Cívica Nacional y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si dicho Código hubiese sido aprobado y puesto en ejecución desde esa epoca, este país fuera diferente; habria alcanzado un alto nivel de desarrollo económico, político, social e institucional, pues se habría perseguido, combatido y castigado el crimen, la corrupción pública y privada, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito.

Además, los feminicidios, las mafias en la frontera, la destrucción y el deterioro del medio ambiente y de nuestros recursos naturales y el tráfico de influencia, pues los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la entidad municipal, serían cada más fuertes y funcionales.

Se hubiese aplicado correctamente el presupuesto nacional en obras y servicios básicos, como: educación, salud, energía eléctrica, agua potable, carreteras y caminos vecinales, seguridad social y ciudadana, cultura, fuentes de empleos, entre otros.

De nuevo, después de veinte años, corriendo de un lado para otro en ambas cámaras legislativas, ahora se quiere festinar, cualquierizar y sancochar a la carrera y al vapor, la aprobación de un nuevo Código Penal, correspondiendo a los intereses de los sectores fácticos de poder, de los depredadores del presupuesto de la nación, de los que se benefician del saqueo de los recursos públicos, a sabiendas de que este no es el código deseado, que simplemente es para cumplir con los poderes fácticos del sistema político actual.

Los legisladores están conscientes de que muy pronto, habrá que someter otro proyecto de ley para su modificación, bajo el argumento que siempre se ha empleado, de que hay que aprobar “la ley posible, no la deseada”.

Lamentablemente, la corrupción, los antivalores y los sectores de poder, han permeado al Congreso Nacional. Estos sectores son los mismos que se opusieron y enfrentaron al gobierno del Presidente Bosch para derrocarlo e impedir que se aplicara la Constitución del 63 y se aprobara un nuevo Código Penal.

Con la aplicación del código propuesto por Bosch, tendríamos una sociedad más educada, desarrollada y humana, pues habríamos contado con una verdadera justicia, tal como ocurrió en Costa Rica, con José Figueres y otros mandatarios de la época, pues Bosch, dada su reconocida honestidad y reciedumbre frente la corrupción, no permitiendo la impunidad y la permisividad imperantes, aplicando un régimen de consecuencia.

Esos funestos acontecimientos significaron para el país, un retroceso de más de cincuenta años, en lo económico, en lo político, social e institucional.

Alfredo Cruz Polanco

Contador Público Autorizado, CPA

Miembro de la Cámara de Cuentas de la República

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