Minería responsable y finanzas públicas: Una oportunidad que no debemos postergar

La República Dominicana atraviesa un momento fiscal que merece atención serena. El peso del servicio de la deuda pública ha crecido de manera sostenida: en 2024, el pago de intereses y amortizaciones alcanzó RD$351,921 millones equivalente a USD $6,000 millones representando el 23% del presupuesto total. Para 2026, solo el pago de intereses consumirá el 26% de cada peso recaudado en impuestos. Son cifras que invitan a buscar soluciones estructurales con visión de largo plazo.

En ese contexto, vale la pena preguntarse si el país está aprovechando plenamente su potencial de generación de ingresos. En lo que respecta al sector minero, la respuesta es que hay espacio significativo por desarrollar  y las condiciones para hacerlo de manera responsable son más favorables de lo que muchos imaginan.

Una minería que rompe los prejuicios

Cuando se menciona la minería en el Caribe, es natural que surjan preocupaciones ambientales. Sin embargo, los proyectos auríferos más importantes que actualmente se desarrollan en territorio dominicano operan con un perfil tecnológico y ambiental muy distinto al de la minería tradicional. Son operaciones subterráneas que no utilizan cianuro en sus procesos de extracción  eliminando de raíz el principal riesgo de contaminación de acuíferos y fuentes de agua que históricamente ha generado rechazo en otras latitudes.

La minería subterránea tiene una huella superficial mínima, conserva el paisaje natural y reduce drásticamente la generación de residuos. Es posible extraer riqueza del subsuelo sin comprometer las cuencas hidrográficas que abastecen a las comunidades aledañas  una garantía esencial para un país donde el agua es patrimonio estratégico y donde el turismo y la agricultura son pilares de la economía.

Operaciones subterráneas y sin cianuro: una minería que puede coexistir con el turismo, el agua y la naturaleza dominicana.

Socios de reputación mundial, con raíces locales

Entre los accionistas principales figura Agnico Eagle Mines, una de las empresas auríferas de mayor capitalización bursátil del mundo y reconocida de manera consistente como una de las más responsables del sector a nivel global. Agnico Eagle opera bajo estándares ambientales, sociales y de gobernanza de primer nivel, con auditorías independientes y compromisos verificables. Su presencia es, en sí misma, una señal de confianza sobre la seriedad de los proyectos.

Pero quizás el dato más relevante y menos conocido es que más del 50% del capital de los proyectos mineros más importantes actualmente en desarrollo está en manos de accionistas dominicanos. No hablamos de riqueza nacional que se exporta. La mayor parte de las ganancias permanecería en el país, fortaleciendo el tejido empresarial local y generando empleo de calidad en las regiones donde operan estos proyectos.

El impacto fiscal: números que hablan por sí solos

Con el precio del oro superando hoy los USD $4,000 por onza y un costo de extracción de USD $800 por onza, el margen operativo es de USD $3,200 por onza. Una operación con producción anual de un millón de onzas generaría utilidades brutas de USD $3,200 millones. Si el Estado captura el 50% vía impuestos y regalías, el ingreso fiscal anual sería de USD $1,600 millones equivalentes a RD$93,600 millones al tipo de cambio actual.

USD $1,600 millones anuales al fisco , eso cubriría el 28% de todos los intereses de la deuda dominicana en un solo año.

Con reservas probadas y probables que superan los 10 millones de onzas, ese flujo podría sostenerse por más de una década  exactamente el horizonte que necesita el Estado para ordenar sus finanzas de manera gradual y sin sobresaltos.

El capital dominicano: cuando el dinero se queda en casa

Que más del 50% del capital accionario esté en manos dominicanas es quizás el argumento económico más poderoso. Significa que los dividendos y las ganancias no viajan al exterior: se quedan aquí, se gastan aquí y se invierten aquí.

Para seguir el impacto paso a paso: después de pagar el 50% en impuestos al Estado, los accionistas recibirían USD $1,600 millones en ganancias netas. De esa cifra, USD $800 millones corresponden a los socios dominicanos. Si apenas la mitad  USD $400 millones  se reinvierte dentro del país, en negocios, construcción, servicios o el sistema financiero local, el efecto que genera es extraordinario.

USD $400 millones reinvertidos localmente, circulando 30 veces en la economía, generarían USD $12,000 millones en actividad económica  equivalente al 10% del PIB dominicano.

¿Por qué 30 veces? Porque así funciona el dinero en una economía activa: el constructor que recibe un contrato paga salarios; el empleado que cobra su sueldo compra en el colmado; el dueño del colmado paga a su proveedor; el proveedor invierte en su negocio. Cada peso recorre la economía múltiples veces antes de salir del circuito. A ese fenómeno los economistas lo llaman el multiplicador monetario.

Para ponerlo en perspectiva: el PIB total de la República Dominicana ronda los USD $120,000 millones. Un impacto de USD $12,000 millones equivale al 10% de toda la economía nacional — más que el crecimiento que el país registra en un año típico. Y eso contando únicamente la porción reinvertida por accionistas dominicanos, sin incluir los impuestos al Estado, los salarios directos ni el efecto del CAPEX inicial de USD $300 millones, que también circula en la economía desde el primer día de construcción.

El modelo existe: lecciones de quienes lo hicieron bien

Chile, Botsuana y Noruega son ejemplos distintos pero igualmente ilustrativos. Chile construyó una clase media robusta y uno de los mejores sistemas de pensiones de la región, en buena medida gracias a la renta del cobre bien administrada. Botsuana pasó en pocas décadas de ser uno de los países más pobres de África a tener uno de los ingresos per cápita más altos del continente, sobre la base de la minería de diamantes gestionada con transparencia. Noruega convirtió su petróleo en el fondo soberano de inversión más grande del mundo, que hoy financia el bienestar de generaciones que aún no han nacido.

El denominador común no es la suerte geológica  es la institucionalidad. La capacidad del Estado para negociar con firmeza, fiscalizar con rigor, distribuir con equidad y ahorrar con visión de largo plazo. La República Dominicana tiene la oportunidad de escribir su propio capítulo en esa historia, con una ventaja adicional: el capital ya es mayoritariamente local, los socios gozan de reputación ambiental de primer nivel y la tecnología disponible elimina los riesgos que frenaron la minería responsable en otras épocas.

La mirada de las calificadoras

Las agencias internacionales  Moody’s, S&P y Fitch  evalúan la trayectoria fiscal de largo plazo. Y los indicadores dominicanos muestran una tendencia que merece monitoreo cuidadoso: la deuda del Sector Público No Financiero subió de 36.9% del PIB en 2016 a 47.9% en 2025; el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios escaló del 15% al 26% en ese período; y la presión tributaria del país sigue siendo de las más bajas de América Latina, alrededor del 16% del PIB.

Una fuente estable y predecible de ingresos proveniente del sector minero es exactamente el tipo de señal que valoran positivamente las calificadoras. Demuestra capacidad para diversificar la base de ingresos del Estado y reduce la dependencia exclusiva de los impuestos tradicionales para financiar el gasto corriente.

Una decisión que merece tomarse hoy

Aprovechar el potencial minero con responsabilidad no es una contradicción de términos  es la única manera sensata de hacerlo. Significa contratos modernos con regímenes fiscales justos, exigencias ambientales verificables, auditorías independientes y programas de desarrollo comunitario que conviertan la actividad minera en un motor de progreso regional duradero.

La República Dominicana tiene todos los ingredientes: reservas de clase mundial, tecnología limpia, socios con credenciales ambientales reconocidas globalmente, capital mayoritariamente nacional y un precio del oro en niveles históricamente elevados. La ventana de oportunidad está abierta.

Hay decisiones que los países toman a tiempo y decisiones que se toman tarde, cuando las circunstancias ya no permiten elegir. Esta es una de las primeras.