Castigar con la destitución los errores cometidos en el ejercicio público

El martes 11 de noviembre, a la 1:23 minutos de la tarde inició un apagón general en la República Dominicana, originado por un fallo humano en una subestación en San Pedro de Macorís, que comenzó a resolverse muchas horas después. A las 8 de la noche del día 11 se había restablecido el servicio en un 45 por ciento del país, y a las 4 de la madrugada del día siguiente ya estaba restablecido el 96 por ciento del servicio.

El grito general se escuchó en todas partes. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) asumió la responsabilidad por el fallo y el Ministerio de Energía y Minas se responsabilizó de realizar una investigación exhaustiva de lo ocurrido. No faltó, incluso, la nota de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) de que estaba realizando una investigación opara determinar si se trató de un sabotaje.

Los partidos políticos de oposición utilizaron el tema para cuestionar la efectividad y eficacia del gobierno en la solución de las grandes fallas del sistema electrico nacional. Algunos reportajes poeriodísticos dieron cuenta de la cantidad de apagones generales ocurrido en la gestión del PLD, que eran decenas, sin que aquello se convirtiera en una crisis nacional.

El apagón general provocó un caos extraordinario en el transporte público. El servicio del Metro de Santo Domingo, administrado por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), se vio interrumpido, hasta las 9 de la noche del día 11, y a partir de esa hora se ofreció servicio gratuito a los usuarios del Metro.

Las actividades culturales, académicas, gubernametales y de diversión se fueron a pique, lo que fue motivo de gran alarma. La agenda del gobierno se vio colapsada y todo el empeño oficial estaba dirtigido al restablecimiento del servicio de energía eléctrico.

Cuando las actividades comenzaron a normalizarse, y se pudo tener una idea de lo ocurrido, se supo que se trató de un error humano, desencadendo por una reacción en cadena que desconectó a todas las plantas de transmisión y generación, privando de electricidad a hogares, comercios, hospitales y sectores industriales.

Además de la explicación oficial, que para la oposición no fue convincente, lo que se veía venir era una decisión de castigo del poder ejecutivo contra los funcionarios responsables de los errores que se cometieron.

Pasaron varios días. Las investigaciones debían evitarle errores al Poder Ejecutivo cuando tomara sus decisiones. Los errores tenían que ser confirmados y hasta admitidos por los responsables. Y fue precisamente este domingo cuando el presidente emitió los decretos que ponen en evidencia la responsabilidad por aquellos errores.

El presidente Luis Abinader mediante el Decreto núm. 653-25, designó a Alfonso Rodríguez Tejada como nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en sustitución de Martín Robles Morillo. Es notorio que esta es la entidad responsable principal del apagó ocurrido el día 11 de noviembre.

También, mediante el Decreto 652-25, Abinader designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la OPRET en sustitución de Rafael Antonio Santos Pérez.

Tavárez también asumirá, de manera honorífica, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), organismo encargado del diseño, construcción y operación de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

El criterio que prima, frente a acontecimientos erráticos y fallidos como este apagón general, es que el presidente de la República debe aplicar castigo a quienes se descuidaron en sus funciones, y por error u omisión, provocaron un daño de imagen a la autoridad pública y al sector eléctrico oficial, en particular.

Y no se trata solo de un tipo de respuesta local, sino global, a los funcionarios responsables del servicio público. Cuando una situación se sale de control, hay que tener capacidad y respuesta inmediata para paliar los daños provocados. En este caso se trató de un error humano que debe ser sancionado con la exclusión de los funcionarios responsables. Ley de vida, y de gestión pública. Lo mismo pasa con un oficial militar, con un diplomático o con un ministro. Se prescinde de su posición por errores que pudieran dañar la imagen del poder ejecutivo, y en particular en este caso, del presidente de la República.