El 75 % de las mujeres dominicanas considera difícil acceder a empleo o generar ingresos, de acuerdo con los resultados de la Gran Consulta Nacional sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres 2026, que identifica la autonomía económica como uno de los principales desafíos para la igualdad de género en el país.
El estudio señala que esta dificultad está condicionada, principalmente, por la falta de oportunidades laborales (38 %), la carga de cuidados (34 %) y la falta de capacitación (28 %), factores que limitan la capacidad de las mujeres para insertarse en el mercado laboral y participar en espacios de toma de decisiones.
En esa misma línea, el 40 % de las mujeres indicó que las responsabilidades del hogar restringen su posibilidad de trabajar o acceder a procesos educativos, lo que evidencia el peso del cuidado no remunerado como una de las principales barreras estructurales.
Un 57 % de las mujeres se considera muy informada sobre sus derechos, mientras que las instituciones públicas se posicionan como la principal fuente de orientación (49 %), seguidas por redes sociales (37 %).
En materia de acceso a la justicia, el 78 % afirma saber a dónde acudir en casos de violencia y un 68% percibe el acceso como fácil o muy fácil.
Sin embargo, factores como la ubicación territorial (29 %) y la situación económica (27 %) continúan limitando el acceso efectivo, lo que impacta con mayor fuerza a las mujeres en contextos rurales.
Estos datos son resultado de un proceso que, según la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, fue "democrático y participativo" y se desarrolló en todo el territorio nacional, con el objetivo de identificar barreras, avances y desafíos en el acceso a la justicia para todas las mujeres en República Dominicana.
Reyes afirmó que la política social debe consolidarse en una política de igualdad, orientada a enfrentar las causas estructurales de la desigualdad.
Asimismo, destacó que su gestión estará guiada por prioridades como el cuidado como política pública, la autonomía económica de las mujeres, la prevención y atención efectiva de la violencia de género y el fortalecimiento del liderazgo femenino desde los territorios y el Estado, como base para una democracia más representativa y justa.
"Este proceso marca un punto de inflexión en la forma en que el país construye su agenda de igualdad. Hoy contamos con evidencia territorial y con una lectura clara de las brechas que debemos cerrar, lo que nos permite orientar políticas más eficaces y medibles para garantizar derechos a las mujeres", explicó la funcionaria.
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