| Este reportaje forma parte de la serie: Violencia de género, más allá de las estadísticas en República Dominicana, en colaboración con las periodistas de Política y Justicia Ana Esmirna Ferreira y Mery Ann Escolástico, respectivamente. |
Los feminicidios son definidos como la forma más extrema de violencia basada en género y “son cometidos por parejas o exparejas, e implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que sus parejas”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La violencia basada en el género no sólo arrebata vidas humanas, también tiene un alto costo económico para las mujeres violentadas, las empresas y la economía del país. Este tema es observado en el informe “Beneficios y costos del conflicto objetivos de violencia para después de 2015 de la Agenda de Desarrollo”, señala que el homicidio femenino cuesta el 0.31 % del producto interno bruto (PIB) en América Latina y el 0.12 % en el mundo.
Los costos estimados en violencias ascienden a US$ 9,533 billones a nivel global, lo que corresponde al 11.1 % del PIB global. De esta cifra, los homicidios a mujeres equivalen a US$ 105.3 billones y los feminicidios US$ 40.1 billones.
Para tener una idea de los costos de la violencia de género en la economía de los países, ONU Mujeres hace referencia que en Vietnam los gastos directos y la pérdida de ingresos representan el 1.4 % del PIB. En Egipto, el sector salud costea US$ 14,000 millones para atender 600,000 supervivientes cada año, mientras que Marruecos estima que la violencia física o sexual les cuesta US$ 308 millones al año. En la Unión Europea es de 289,000 millones de euros.
Estudios han concluido que la violencia doméstica cuesta a una economía de entre el 1 y el 2% del PIB. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) añade a la lista de efectos de esta violencia, la baja productividad, la pérdida de días laborales y la inasistencia. Enfatiza que efectos de la violencia llegan a costarle a las naciones alrededor de un 3.5 % de su PIB.
The Equality Institute señala que es una “necesidad urgente” invertir para disminuir la violencia de género y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Durante 2018-2023, estima que donantes de capital privado han destinado hasta US$ 410 millones en prevención de violencia de género por año, sin embargo, cita que “no es suficiente para ofrecer servicios de alta calidad y basados en evidencia programación y políticas de prevención que tendrán un impacto en poblaciones enteras”.
Es más profunda. Cita que los US$ 410 destinados en temas de género se quedan cortos frente a los US$ 1,480 millones en prevención social, US$ 10,120 millones invertidos en educación y los US$ 14,830 millones en salud.
Cumplir con la Agenda 2030
La Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su meta 5.5 solicita a los países: velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.
“Esto nos confirma que la elección del tema de trabajo de esta asamblea ha sido más que correcta y nos va a dejar unos caminos para seguir recorriendo con el fin de alcanzar estos objetivos”, expresó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.
El Ministerio de la Mujer lanzó el programa de trabajo 2019-2022 de la Comisión Interamericana de Mujeres: la prevención y sanción de la violencia de género y el continuo fortalecimiento de la institucionalidad .
La violencia de género en República Dominicana no es solo un problema de las familias, ni de los hombres ni de las mujeres, sino un asunto profundamente arraigado en la estructura social, cultural y económica del país. Así lo expresa Sheila Báez, experta en sociología, quien enfatizó que la violencia contra las mujeres debe ser vista como un fenómeno social, estructural y cultural que trasciende los hechos individuales de agresión.
Argumentó que las respuestas a la violencia de género en el país han sido predominantemente reactivas. Las medidas como las casas de acogida para mujeres violentadas son importantes, pero, según la experta, solo llegan cuando ya se ha producido el daño.
“Lo que necesitamos son acciones preventivas”, afirmó.
Baez criticó que el enfoque en encarcelar a los agresores, aunque necesario, no aborda las causas profundas de este fenómeno, que se perpetúa a través de estereotipos de género y patrones culturales transmitidos en la música, los medios de comunicación y el sistema educativo.
Tefa de la Cruz, dirigente de la organización sin fines de lucro, Resetéate, destacó la necesidad urgente de proporcionar a las víctimas un acompañamiento psicológico y psicoemocional constante.
“Un seguimiento adecuado es clave para ayudar a las personas a superar las secuelas emocionales de la violencia, además hay que fortalecer los mecanismos de respuesta de las autoridades, particularmente en lo que respecta al control y seguimiento de los agresores”, expresó a ACENTO.
En este sentido, pidió a la Policía Nacional que refuerce las medidas de protección a las víctimas, en especial el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Asimismo, propuso implementar protocolos para el desarme de aquellos denunciados por violencia de género, evitando que personas con denuncias y posibles antecedentes sigan manteniendo armas de fuego, lo que incrementa el riesgo de nuevos actos violentos.
Aseguró que se debe reducir el porte y acceso de armas de fuego. Su pensar se avaló en los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que 12,072 personas fueron ultimadas con armas de fuego en el período 2009-2023.
Las defensoras de los derechos humanos también abogaron por una mayor diligencia por parte del Ministerio Público en el seguimiento de los casos de violencia de género.
Argumentó que la sobrecarga de trabajo y la falta de personal no pueden justificar que se dejen casos sin atender, especialmente cuando hay reincidencia en los agresores. “Es inaceptable que casos de violencia, como los feminicidios, se hayan dejado pasar sin la debida atención. Las autoridades deben actuar con rapidez y eficacia, especialmente con los agresores reincidentes”, afirmó Resetéate.
El llamado subrayó la necesidad de que el sistema de justicia garantice el seguimiento continuo y oportuno de los casos de violencia de género, para evitar tragedias como la de víctimas que habían denunciado a agresores, pero que no recibieron la protección necesaria.
Verónica Núñez, titular de la Asociación Nacional de Empresarias, Emprendedoras y Profesionales (Anmepro), es más explicativa: se debe incorporar en los programas educativos habilidades para la resolución de conflictos, tanto para hombres como para mujeres, es crucial. “Enseñar cómo manejar desacuerdos de manera pacífica y constructiva puede ser clave para evitar que las relaciones terminan en violencia”, consideró.
Además, agregó que la violencia estructural no se limita a los actos directos de feminicidio, sino que también se da cuando las instituciones fallan en proteger a las víctimas, situación que según Núñez, es esencial reformar el sistema de justicia para eliminar barreras burocráticas y garantizar que las medidas de protección sean accesibles, efectivas y sostenibles.
Apoyo desde la prevención
La embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt, indicó que la UE destinó 5 millones de euros al Ministerio de la Mujer como apoyo presupuestario para los programas de lucha de violencia de género, en un período de tres a cuatro años. Añadió que están financiando campañas de sensibilización, a través de las cuales les explican a las mujeres que la violencia de género no es un hecho “normal”.
La psicóloga clínica-forense, Jhulia Báez, aseguró que para erradicar la violencia contra la mujer se debe promover la búsqueda de ayuda profesional tanto psicológica como legal, ya que muchas mujeres no cuentan lo que les pasa, ni solicitan ayuda, y en algunos casos les cuesta denunciar por temor a su agresor, miedo a la opinión de los demás, así como, a que pasara con los hijos puesto que algunas dependen económicamente del hombre.
Báez, consideró que, aunque en el país existen instituciones que ofrecen protección a las mujeres víctimas de violencia de género, “siempre se puede hacer más”, asegurando que las autoridades deben replicar a nivel nacional estos servicios y crear más unidades especializadas en atención a víctimas, así como más casas de acogida.
Para la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, enfrentar la violencia de género en República Dominicana se debe iniciar con la erradicación de la cultura machista que prevalece en el territorio nacional, y para ello es impredecible incluir a los hombres en los programas de concientización.
“República Dominicana necesita integrar a los hombres en programas que rechazan la violencia y cultiven el respeto hacia las mujeres”.
Asimismo, la abogada Paola Romero agregó que la concienciación requiere un enfoque integral que combine campañas de educación y sensibilización, capacitación a funcionarios y reformas estructurales en el sistema legal.
Las autoridades deben comprometerse con políticas públicas efectivas y con recursos adecuados para atender a las víctimas. Además, “es fundamental involucrar a la sociedad civil para romper el silencio” y el estigma que rodea la violencia basada en género, fomentando una cultura de cero tolerancia.