El economista Miguel Ceara Hatton afirmó que los cambios en el escenario mundial obligan a replantear las políticas públicas con un enfoque centrado en las personas y su calidad de vida. Destacó que la participación de la economía dominicana en la economía mundial se multiplicó por 1.81 veces entre 1990 y 2024 y que el país figura entre los de mejor desempeño en América Latina, aunque señaló la necesidad de cerrar brechas de desigualdad y pobreza, diversificar mercados y fortalecer las instituciones para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

El ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, afirmó que el mundo atraviesa un proceso de transformación marcado por la recomposición de los liderazgos globales y cambios en la capacidad de generación de riqueza entre los países, un escenario que plantea nuevos retos para República Dominicana.

Al analizar el desempeño económico nacional, destacó que la participación de la economía dominicana en la economía mundial casi se duplicó durante las últimas décadas.

“La participación de la economía dominicana a la economía mundial casi se duplica (se multiplicó por 1.81 veces) en 24 años. Además es el cuarto país de América Latina que más aporte positivo tuvo entre 1990 y 2024. Somos un país exitoso en el mundo, abierto, que ha demostrado ser resiliente”, expresó.

No obstante, consideró que el país debe avanzar en la reducción de las brechas de desigualdad y pobreza, así como en la diversificación de su estructura productiva para disminuir la dependencia de mercados específicos.

“La diversificación de mercados y una mayor cadena de valor no es un ejercicio de banalidad, no es opcional, es un imperativo”, sostuvo.

Ceara Hatton planteó la necesidad de estructurar un modelo de políticas públicas orientado a mejorar la calidad de vida de las personas. Según explicó, este enfoque implica reorientar la lógica tradicional de la gestión pública para partir de las necesidades reales de la población y no exclusivamente de las capacidades institucionales del Estado.

Indicó que un modelo basado en el principio de “Primero la gente” supone considerar a las personas como el fin último de las políticas públicas, medir el éxito de la gestión por los cambios concretos en la vida cotidiana, abordar la calidad de vida desde una perspectiva integral y priorizar a los sectores más vulnerables.

El economista, que dirigió el desaparecido ministerio en plena pandemia Covid-19, señaló que este enfoque no excluye la importancia de los indicadores macroeconómicos.

Argumentó que el crecimiento económico genera los recursos necesarios para financiar servicios públicos, que la estabilidad macroeconómica protege a los sectores más vulnerables y que la estabilidad fiscal y monetaria favorece la inversión, el empleo y mejores salarios.

Entre las principales tensiones que definirán la agenda de políticas públicas del siglo XXI, Miguel Ceara Hatton destacó:

  • Garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y equidad para la población.
  • Diversificar los mercados y fortalecer las cadenas de valor para reducir la vulnerabilidad externa.
  • Preparar a la sociedad para los cambios tecnológicos y el avance de la inteligencia artificial.
  • Fortalecer los sistemas de salud y seguridad social para mejorar la protección de la población.
  • Enfrentar la vulnerabilidad climática asociada a la condición insular del país, incluyendo riesgos como inundaciones, sequías y ciclones.

También planteó como prioridades el fortalecimiento institucional, el ordenamiento territorial, una política exterior diversificada y pragmática, una reforma tributaria progresiva apoyada en la formalización de la economía y la transición hacia energías renovables junto con la modernización del sistema eléctrico.

Para Ceara Hatton, el principal desafío de un modelo centrado en las personas no es técnico, sino político, debido a que requiere una nueva forma de relación entre quienes toman las decisiones públicas y quienes experimentan sus consecuencias.

Según afirmó, se trata de una transformación profunda en la manera en que el Estado escucha, decide, actúa y aprende.

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