Conep considera prioritario reactivar la economía antes de discutir una reforma fiscal

La visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a República Dominicana se produce en un contexto de desaceleración económica, reconoció Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

El dirigente empresarial señaló que la economía dominicana, al igual que la global, ha experimentado una ralentización en su dinamismo, que según datos del Banco Central (BC), el crecimiento acumulado de la economía en el período enero-julio 2025 se ubica en 2.4 % con respecto al mismo período del año anterior.

“Nos reuniremos con las autoridades y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer un intercambio y un repaso de cómo va la economía local y los retos que tenemos que afrontar, que sin lugar a dudas es una situación con otra matiz por la tensión internacional y geopolítica con los cambios comerciales, las tarifas y los aranceles que todavía se está debatiendo para dónde va y realmente República Dominicana no escapa de esa situación”, explicó el ejecutivo.

Aunque destacó que las perspectivas siguen siendo positivas gracias a los fundamentos macroeconómicos del país, al citar las divisas de turismo, el crecimiento de las exportaciones nacionales y la recepción de remesas.

Sobre una posible reforma tributaria, Marranzini recordó que el pacto fiscal “siempre ha estado pendiente”, pero advirtió que el momento actual no es propicio para abrir esa discusión.

“Debemos verlo como un pacto, algo integral que realmente sirva para impulsar la economía. Un parche tributario no tendría sentido y estaríamos en contra de eso”, puntualizó.

El titular del Conep insistió en que la prioridad debe ser la reactivación del aparato productivo antes de emprender cambios fiscales, y que cualquier eventual acuerdo en esa materia deberá incluir contrapesos y objetivos claros más allá de lo recaudatorio.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030 (Ley 1-12), se estableció que se debía ejecutar una reforma fiscal en 2015.

El tercer eje estratégico “Garantizar la sostenibilidad macroeconómica” indicó que las autoridades monetarias debían impulsar una reforma fiscal integral, basada en la transparencia tributaria y orientada a financiar a largo plazo la sostenibilidad de las finanzas del sector público. Así se establece en el ítem 3.1.1.2, Artículo 36.

“Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades productivas que contribuya a fortalecer los eslabonamientos intersectoriales y el desarrollo territorial, fomentar la innovación y la competitividad sistémica, generar empleo decente y atraer inversión hacia actividades que aporten un mayor escalamiento en la cadena de valor, entrará en vigencia en un plazo no mayor de tres años”, señaló.

Esto significa, de acuerdo con la legislación, un pacto fiscal orientado a disminuir los niveles de evasión fiscal, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público y la equidad de la estructura tributaria.

El Gobierno dominicano tiene la tarea pendiente de realizar la reforma tributaria necesaria para reducir el déficit fiscal, disminuir los niveles de deuda pública y recaudar mayores ingresos para satisfacer las necesidades de los 10,771,504 dominicanos, lo que coloca a las autoridades en una encrucijada de deber o tener.

Según el Banco Mundial (BM), el Estado dominicano puede incrementar los ingresos tributarios en un 4 % del producto interno bruto (PIB) sin subir las tasas impositivas. Pero, para lograrlo se debe mejorar la eficiencia del sistema tributario.

“Ahora mismo no se está hablando de eso (reforma fiscal), evidentemente es un tema pendiente y que saldrá en su momento, pero debemos verlo siempre como un pacto integral que realmente sirva para impulsar la economía”, agregó Marranzini.

Aunque, el presidente de la República, Luis Abinader, sometió un proyecto de ley de modernización fiscal, que tuvo como finalidad principal mejorar los ingresos fiscales del Estado para aumentar la inversión pública en áreas claves como transporte, salud, seguridad y protección de la población más vulnerable.

Sin embargo, su propuesta económica fue retirada en octubre del 2024.