La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) valoró la intención del Congreso Nacional de modernizar el régimen legal de alquileres en República Dominicana, al considerar que representa un avance en términos de seguridad jurídica, ordenamiento contractual y regulación integral del sector.
No obstante, advirtió que varios puntos críticos del proyecto requieren ajustes para evitar efectos adversos en la inversión inmobiliaria, la propiedad privada y el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria.
La AEI destacó elementos innovadores del proyecto como la bancarización del depósito de garantía, la incorporación de pólizas de seguro, y el diseño de un procedimiento de desalojo más equilibrado.
Sin embargo, la entidad consideró que ciertas disposiciones planteadas en el proyecto, podrían comprometer principios fundamentales del marco legal dominicano y el desarrollo sostenible del sector inmobiliario.
“Es una iniciativa necesaria para dar mayor seguridad jurídica y fortalecer la confianza en el mercado. Sin embargo, hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de forma equilibrada y sin excesos”, sostiene Alberto Bogaert, presidente de la AEI.
Entre los aspectos que generan preocupación, la AEI señala como principal la tipificación penal desproporcionada que impondría penas de hasta cinco años de prisión a propietarios que no agoten el procedimiento judicial de desalojo, lo que, a juicio del gremio, constituye una penalización injusta de un conflicto eminentemente civil.
Esta disposición, advierten, podría vulnerar el derecho de propiedad y desincentivar la inversión formal en alquileres.
Asimismo, la AEI cuestionó la imposición automática de gastos legales al propietario, una práctica que contradice el artículo 1593 del Código Civil y altera el principio según el cual quien tiene mayor interés en la operación asume dichos costos.
La organización también advirtió sobre el riesgo de crear un precedente normativo que afecte futuras leyes, como la que actualmente cursa para regular los servicios inmobiliarios y de corretaje, al incentivar prácticas que excluyan a los agentes profesionales del proceso de negociación.
Otro de los puntos señalados es la omisión de la obligación de devolver al inquilino los intereses generados por el depósito de garantía, lo cual representaría un retroceso frente a disposiciones ya contempladas en la Ley 4314.
Además, se destacó la necesidad de aclarar la diferencia entre depósito y renta anticipada, a fin de preservar el esquema de tres pagos iniciales (2 de depósito + 1 de renta), habitual en contratos actuales.
“Penalizar al propietario por un proceso civil, o alterar prácticas contractuales que funcionan, puede enviar un mensaje negativo al sector. Necesitamos una ley que de confianza, que incentive la inversión y que preserve el rol profesional del agente inmobiliario”, añade Bogaert.
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