La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó este martes una serie de medidas para ser tomadas en consideración antes de la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, tras considerar que plantea una serie de disposiciones que pueden generar efectos adversos si no se corrigen adecuadamente.
“En aras de una legislación justa, funcional y equilibrada, consideramos indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales que afectan la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial”, manifestó la institución en un comunicado.
Precisó que uno de los aspectos esenciales que debe corregirse es la falta de diferenciación entre los alquileres de uso habitacional y aquellos destinados a fines comerciales, industriales o turísticos.
La iniciativa será objeto de vistas públicas el jueves 3 de julio.
Finjus recomendó enfocarse en el alquiler de viviendas, entendidas como espacios de morada fija para fines familiares o personales, y que se excluyan de su ámbito de aplicación los arrendamientos con fines comerciales, industriales o de corta estadía, los cuales deben seguir regulados por el Código Civil y las reglas generales del derecho privado.
Asimismo, manifestó que el proyecto presenta cargas excesivas al arrendador, como la obligación de ofrecer el inmueble en venta al inquilino sin un pacto previo o que atribuyen derechos sin base legal clara, como obligaciones no jurídicas que el inquilino debe llevar a cabo, por lo que sugirió tomar reconsideración, indicando que alteran el principio de libertad dispositiva que rige en materia contractual.
Asimismo, entiende que en el proyecto hay vacíos conceptuales y ambigüedades jurídicas, señalando el artículo 12, del cual dijo que menciona el concepto de “abandono” sin definirlo con precisión, lo que puede generar conflictos interpretativos y abrir la puerta a litigios innecesarios.
Además, calificó como un “punto crítico” la prelación de embargos y la protección de la garantía entregada por el arrendatario, indicando que el proyecto no es claro respecto a qué derecho prevalece cuando una cuenta está sujeta a embargo retentivo tras la orden de devolución del depósito.
“Este vacío normativo debe ser subsanado mediante la incorporación de un procedimiento uniforme que establezca reglas claras sobre la ejecución de la garantía”, precisó.
Finalmente, Finjus reiteró su disposición de continuar aportando al debate legislativo con miras a fortalecer el marco normativo dominicano y construir una regulación que resguarde tanto los derechos de los inquilinos como la estabilidad del mercado inmobiliario.
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