¿Quién frenará las invasiones en las Dunas de Baní y qué papel jugarán la Armada y la Procuraduría?

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, aseguró que la vigilancia conjunta con la Armada se mantiene “permanente” en el área protegida, mientras el Estado prepara —con la Procuraduría y el Ministerio de Interior y Policía— un proceso de recuperación de terrenos fuera de la zona núcleo y de amortiguamiento, en medio de una investigación que apunta a bandas criminales.

Henríquez diferenció, sin embargo, dos frentes de conflicto: el que corresponde estrictamente al área protegida (zona núcleo y zona de amortiguamiento) y el que se desarrolla fuera de ese perímetro, donde —planteó— la respuesta del Estado debe cambiar porque se trata de invasiones en terrenos del Estado que no estarían “saneados” y que, por tanto, requieren una metodología distinta.

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Según explicó el titular de Medio Ambiente antes del comienzo de Climate Bonds CONNECT 2026, las competencias directas de la cartera ambiental se circunscriben a las áreas protegidas, por lo que el tratamiento de invasiones en terrenos del Estado —o predios sin saneamiento— que se encuentren fuera del polígono ambiental requiere “otra metodología” y será encabezado por las instituciones con atribuciones en seguridad y persecución penal.

Presuntas bandas y una quema intencional

El ministro sostuvo que existe una investigación en curso luego de que se identificaran “bandas criminales en la zona” a las que atribuyó las ocupaciones. En ese contexto, mencionó un hecho reciente: la quema intencional de una de las casetas del operativo, ocurrida “el fin de semana pasado”, que interpretó como una reacción de esas estructuras.

Pese a ese episodio, el funcionario aseguró que en la zona núcleo del área protegida y en la zona de amortiguamiento no se ha producido actividad que altere la vigilancia y el control desplegados por las autoridades ambientales y militares.

Vigilancia conjunta con la Armada

Ante una consulta sobre medidas de protección, el Ministerio de Medio Ambiente afirmó que sostiene una vigilancia conjunta permanente con la Armada de la República Dominicana. El ministro calificó el esquema como “sumamente exitoso” durante el último año y medio y señaló que ese resultado habría sido reconocido incluso por líderes locales.

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La posición oficial, destacó, es mantener ese dispositivo en el área bajo protección ambiental, mientras el Estado adopta “otras medidas” para intervenir en la franja ubicada fuera de las áreas protegidas, donde el abordaje ya no depende exclusivamente de Medio Ambiente.

Ocupaciones de larga data y negociación

Uno de los puntos más sensibles, de acuerdo con el funcionario, es la evaluación de ocupaciones dentro de una parte de la zona núcleo que no serían recientes, sino asentamientos de “diez, quince, veinte años”. El ministro agregó que, “responsablemente”, en muchos casos esas ocupaciones habrían sido “apoyadas o incentivadas” por autoridades municipales locales de ese momento.

En ese escenario, sostuvo que el Estado debe considerar un componente adicional: al tratarse de ocupaciones de muchos años, la salida no se limita a un desalojo inmediato, sino que implicaría “un movimiento y una negociación, una conversación también”.

Sin un cronograma con metas públicas

Consultado sobre un cronograma con metas específicas para el “rescate” de las Dunas de Baní, el ministro evitó detallar plazos. Argumentó que el diseño y ejecución de las acciones deben abordarse con la Procuraduría y el Ministerio de Interior y Policía, y remarcó que hay una investigación criminal en desarrollo, sujeta a procedimientos y al “debido proceso” que corresponde cumplir.