Los países pobres no tienen menos preguntas

Hace unos días, durante una de mis clases del Doctorado en Ciencias de la Educación, el doctor Andrés Oliva, quien imparte la asignatura Tendencias de Publicaciones, abordó el tema de las inversiones que realizan los países en investigación y desarrollo. Aquella conversación despertó en mí una inquietud que terminó acompañándome más allá del aula. Me llevó a consultar estadísticas, contrastar realidades nacionales y, finalmente, sentarme a escribir estas reflexiones.

Como educador, hay un asunto que ocupa con frecuencia mis ocupaciones profesionales, me refiero a los resultados de las evaluaciones internacionales de los aprendizajes. Y me surgió una pregunta: ¿Cuánto invierten en investigación y desarrollo los países cuyos estudiantes alcanzan mejores resultados educativos?

La curiosidad me llevó a buscar información sobre Singapur, Japón y Corea del Sur, tres sistemas educativos que suelen ocupar posiciones destacadas en las evaluaciones internacionales. También quise contrastar sus inversiones con las de países latinoamericanos como México, Chile, Uruguay y República Dominicana.

No me produjo una sorpresa descubrir que varias de las naciones con elevados desempeños educativos también destinan una proporción considerable de sus economías a la investigación y el desarrollo. Sin embargo, aquella coincidencia me llevó a formular otras preguntas. ¿Qué relación podría existir entre la inversión científica de una nación y la calidad de su sistema educativo? ¿Qué sucede cuando un país no solamente invierte en enseñar conocimientos, sino también en producirlos?

Los indicadores del Banco Mundial ofrecen un contraste interesante. En 2023, Corea del Sur destinó aproximadamente el 4,94 % de su producto interno bruto a investigación y desarrollo, mientras que Japón alcanzó el 3,44 %. En ese mismo año, México registró alrededor del 0,27 % y Uruguay el 0,70 %. Chile, por su parte, había registrado aproximadamente el 0,39 % en 2022. Son cifras correspondientes a años que no siempre coinciden, pero permiten apreciar diferencias considerables en la magnitud de los esfuerzos nacionales.

La distancia también se observa en el conjunto de América Latina y el Caribe, cuya inversión en investigación y desarrollo representó aproximadamente el 0,68 % del PIB regional en 2023, según el Banco Mundial. El contraste no es solamente presupuestario. Nos invita a preguntarnos qué lugar ocupa la producción de conocimiento en las prioridades de nuestras sociedades.

Me fui a releer los resultados de PISA 2025, encontré nuevamente a Singapur, Japón y Corea del Sur entre los sistemas con desempeños destacados. Las diferencias con varios países latinoamericanos siguen planteando importantes desafíos educativos. Aunque, sería incorrecto concluir que esos resultados se explican exclusivamente por la inversión en investigación y desarrollo. Las condiciones socioeconómicas, la formación docente, la organización de los sistemas educativos y las políticas educativas también desempeñan papeles fundamentales.

Cada vez que conocemos los resultados de PISA, discutimos la necesidad de mejorar las prácticas pedagógicas, fortalecer la formación de los docentes, revisar las estrategias de enseñanza y desarrollar políticas educativas más eficaces. Son discusiones necesarias, y las acciones que de ellas se desprendan no deben postergarse. Pero me pregunto si no estamos dejando fuera otras decisiones de política pública que, aunque no producen efectos inmediatos dentro de las aulas, pueden contribuir a transformar las condiciones en las que ocurre la educación, porque impactan la política educativa y una de ellas es la inversión nacional en investigación y desarrollo.

Educar además de transmitir el conocimiento que otros han producido, también debería significar formar generaciones capaces de formular preguntas, cuestionar explicaciones, construir evidencias y producir nuevas respuestas a los problemas de sus comunidades. Y para que eso ocurra, no basta con pedirles a nuestros estudiantes que sean curiosos, creativos o investigadores. Necesitamos sociedades que financien la curiosidad, instituciones que protejan el tiempo para investigar y Estados que comprendan que producir conocimiento es también una forma de construir futuro.

La educación no funciona con la inmediatez que frecuentemente exigimos a las políticas públicas. Una transformación educativa profunda requiere continuidad, seguimiento y una perspectiva de largo plazo. Los estudiantes que hoy comienzan su escolaridad se incorporarán a la vida universitaria, profesional y científica dentro de varios años. Las decisiones que tomemos ahora pueden ampliar o limitar sus oportunidades futuras.

Por eso considero que fortalecer una cultura de investigación podría constituir una estrategia complementaria  para el mejoramiento educativo. No sustituiría la formación docente, la atención a los aprendizajes fundamentales ni las intervenciones pedagógicas dentro del aula. Pero podría contribuir a construir un entorno social más favorable para el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación y la resolución de problemas.

Eso sí, hablar de una cultura de investigación exige reconocer que producir conocimiento necesita algo más que voluntad. Existe un recurso que pocas veces ocupa el lugar que merece en estas discusiones, me refiero al tiempo. Investigar requiere tiempo para leer, pensar, contrastar teorías, formular preguntas, diseñar instrumentos, recoger información, analizar resultados, escribir y volver a comenzar. La producción científica no puede reducirse a una actividad que se realiza entre obligaciones laborales, compromisos familiares y jornadas interminables. Sin embargo, esa es precisamente la realidad de muchos investigadores en países donde las oportunidades de financiamiento y dedicación a la investigación son limitadas.

El pluriempleo se convierte entonces, para algunos, en una condición de supervivencia. Hay quienes deben dividir sus jornadas entre la docencia, la administración, la consultoría y otras ocupaciones para garantizar sus ingresos, mientras intentan reservar algunas horas para investigar. En contraste, existen instituciones y sistemas científicos que proporcionan financiamiento, personal de apoyo, acceso a bases de datos y tiempo protegido para desarrollar proyectos.

No significa que todos los investigadores de los países económicamente desarrollados disfruten de condiciones ideales. También allí existen precariedad laboral, competencia por los fondos y exigencias de productividad. Pero las oportunidades materiales para producir conocimiento no están distribuidas equitativamente.

El tiempo, en estas circunstancias, se convierte en un privilegio académico. Quien dispone de años financiados para investigar tiene posibilidades de profundización distintas de quien debe producir conocimiento durante las noches, los fines de semana o después de cumplir varias jornadas laborales.

Por eso, cuando observamos las clasificaciones internacionales de producción científica, convendría preguntarnos qué estamos comparando realmente. ¿Capacidades intelectuales, productividad individual o desigualdades históricas en la distribución de recursos? El talento humano no se distribuye de acuerdo con la riqueza de los países. Las oportunidades para desarrollarlo, lamentablemente, sí están condicionadas por ella.

Para mí, la investigación también es una forma de siembra. Sus frutos no siempre aparecen durante el gobierno que financia las semillas, pero una sociedad que deja de sembrar conocimiento termina hipotecando sus propias cosechas.

Quizás los beneficios educativos de una mayor inversión en investigación no puedan apreciarse inmediatamente en las próximas evaluaciones internacionales y nacionales. Tal vez debamos esperar años para observar sus posibles contribuciones. Precisamente por eso necesitamos políticas que trasciendan los períodos gubernamentales y comprendan que la formación de capacidades científicas es una tarea intergeneracional.

Los países con menos recursos económicos no tienen menos preguntas que aquellos que encabezan las clasificaciones internacionales. Lo que frecuentemente les falta no es curiosidad intelectual, sino las condiciones para convertir esa curiosidad en conocimiento.

¿Cuánto cuesta que un país piense? Cuesta laboratorios, bibliotecas, formación, financiamiento, instituciones y tiempo. Cuesta tomar decisiones presupuestarias que quizás no produzcan resultados visibles durante una gestión gubernamental, pero que pueden transformar las posibilidades de las generaciones siguientes.

Y quizás debamos comenzar a preguntarnos no solamente cuánto nos cuesta invertir en investigación, sino cuánto nos está costando, como nación, no hacerlo.