Desde su nacimiento, el desarrollo material e institucional de la República Dominicana se vio limitado por una crisis ininterrumpida explicable en varias fases. La primera consiste en las pugnas por el control del poder entre liberales y conservadores, y en la necesidad de resistir las campañas militares ordenadas por el liderazgo haitiano con el fin de recuperar el control de Santo Domingo durante el periodo 1844-1856. La segunda fue provocada por la resistencia de los liberales contra la anexión del país a España realizada por el general Pedro Santana en marzo de 1861. Restaurada la independencia, José María Cabral, Gregorio Luperón y otros líderes del Partido Azul lucharon hasta impedir la anexión a los Estados Unidos gestionada por Buenaventura Báez entre 1868 y 1874.
La tercera etapa ocupa el primer cuarto del siglo XX. Entre sus temas centrales están la inestabilidad, la inversión de capitales y la injerencia de los Estados Unidos en el país. Como antecedentes destacan los efectos de la dictadura de Ulises Heureaux, asesinado en Moca el 26 de julio de 1899. Presionado por la Liga de Ciudadanos de la Revolución Redentora del 26 de Julio, el vicepresidente Wenceslao Figuereo dejó la presidencia a una junta de secretarios. Esta fue desplazada en septiembre por Horacio Vásquez, autor de la eliminación física del dictador junto a Ramón Cáceres y Jacobo Lara. Como presidente provisional, restableció los derechos ciudadanos conculcados por Heureaux, y anuló al Consejo de Ministros y a la Junta Popular, servidores del tirano. En el plano económico, buscó paliar la crisis que afectaba el país sustituyendo las papeletas de Lilís por el dólar de los Estados Unidos.
Horacio Vásquez convocó la celebración de elecciones nacionales en noviembre de 1899. A estas solo se presentó él como aspirante a la vicepresidencia, acompañado de Juan Isidro Jimenes, comerciante concentrado en la Línea Noroeste que organizó la fallida expedición Fanita contra Heureaux en junio de 1898; como presidente.
El primer gobierno de Jimenes debió honrar el pago de la deuda heredada de la dictadura de Heureaux superior, según se lee en Antonio de la Rosa, a los 30 millones de pesos en 1897. Honrar este compromiso era imposible, pues los ingresos mensuales del Gobierno eran de unos 60, 000 pesos. Ante la incapacidad de pago, el gobierno de Francia ancló tres buques en el Puerto Santo Domingo en demanda del pago de 280,000 francos. Su acción fue rechazada por los Estados Unidos porque violaba su decisión de convertir la región del Caribe en su área exclusiva de influencia y, además, por los avances logrados por dicho país en la búsqueda del control directo de las recaudaciones aduanales dominicanas.
El fracaso del presidente Jimenes en el intento de renegociación de la deuda pública activó la conspiración de la oposición y entre sus colaboradores. Los primeros, dirigidos en San Francisco de Macorís, Santiago y La Vega por los generales Pedro Pepín y Zoilo García, fueron sometidos por la fuerza pública. En cambio, Horacio Vásquez, montó una campaña contra el presidente acusándolo de inepto y débil frente la crisis, y de malversación de fondos. Jaime Domínguez sostiene que, consciente de que los Estados Unidos asumían dichas acusaciones, el presidente Jimenes se defendió en estos términos: “nada de estación carbonera, ni nada que pueda parecer siquiera una cesión de la mínima parte de la soberanía nacional en nuestro territorio.” A pesar de ser más empresario que político, el nacionalismo del presidente se expresó en Jimenes con sentido intransigente.
El valor de esta nota no impidió la conspiración de Horacio Vásquez, pues, en mayo de 1902 dirigió desde La Vega la insurrección que puso fin al orden institucional y lo convirtió en presidente de facto. A partir de esta acción golpista, dos agrupaciones predominaron en el país hasta el Gobierno de Ocupación Militar instalado por los Estados Unidos en noviembre de 1916. Se trata de los partidos Horacista y Jimenista, identificados por un gallo canelo y sus partidarios, reconocidos como los coludos y los bolos, respectivamente. En la confrontación de estos nuevos caudillos predominaba la lucha por el poder, no los principios.
En la Enciclopedia Ilustrada de la República Dominicana, citando a Jaime Domínguez, se establece que a partir de la instalación por segunda ocasión de Horacio Vásquez en la presidencia:
“… la ley dio paso al fusil. La razón jurídica a la fuerza. A la aplicación de la ley de fuga, a los fusilamientos sin juicio previo, a las ejecuciones sumarias y los crímenes políticos a mansalva, a los apresamientos y a las deportaciones, al cierre de periódicos y a las más habituales violaciones de los derechos humanos.”
En parte, la aplicación de estas medidas represivas se debía a la falta de recursos para calmar a la oposición mediante gratificaciones clientelistas, provocada por la disminución de las recaudaciones del comercio y por la persistencia de la crisis financiera. Contra estas limitaciones, el presidente reiteró sus simpatías por los Estados Unidos al plantearle la oferta de un protectorado, reconocer deudas onerosas por 4,5 millos de dólares a la Improvement Company (norteamericana) y, aunque no se cumplió por el rechazo de los tenedores europeos, la aprobación de la fiscalización de las aduanas por un agente financiero de dicho país.
La violación de los derechos ciudadanos y la agudización de la crisis financiera facilitaron la alianza entre líderes lilisistas como el general Perico Pepín y Alejandro Woss y Gil, y los jimenistas, fortalecidos con el apoyo de Desiderio Arias, Demetrio Rodríguez, Arturo Zenón, y otros. La confrontación se inició en la Línea Noroeste en octubre de 1902 hasta la renuncia de Vásquez en marzo de 1903, fecha en que Woss y Gil ocupó la presidencia por segunda vez.
Como era costumbre, buscando la legitimidad, el presidente Woss Gil presentó su candidatura a la presidencia acompañado de Eugenio Deschamps como vicepresidente y fijó la celebración de las elecciones nacionales para el 20 de junio. Su proclamación como candidatos ganadores fue facilitada por la ausencia de otras boletas participantes, pero su permanencia en el poder fue efímera. Por su incapacidad en el manejo de la crisis financiera, la corrupción administrativa al más alto nivel, el atraso en el pago de sueldos a los servidores públicos y la campaña en su contra llevada por Francia en Europa, fue derrocado por la alianza concertada entre horacistas y jimenistas liderada por Carlos Morales Languasco. Desde Puerto Plata, se proclamó presidente en noviembre de 1903, mas, como reflejo de la inestabilidad de la política local, semanas después los partidarios de Jimenes se retiraron de la alianza para retomar el poder, provocando la permanencia de los horacistas junto al presidente para impedirlo.
El presidente llamó a elecciones nacionales el 31 de mayo de 1904, acompañado del horacista Ramón Cáceres, como candidato a la vicepresidencia. Estos asumieron el gobierno al mes siguiente, resultando difícil para el presidente cumplir sus funciones. Por un lado, le afectaba el descontento de los jimenistas por obviar promesas a favor de su líder, por el otro, su figura era opacada por el vicepresidente y sus seguidores. Esto, a pesar que ambas corrientes políticas tenían presencia en el gabinete.
El nuevo gobierno recibió recursos de los Estados Unidos previo a la firma en enero de la Convención de 1905. Mediante esta se le entrega la administración de las aduanas dominicanas con el compromiso de que el gobierno dominicano recibiría el 45% de lo recaudado, y que se pagaría la deuda pública con el porcentaje restante. Este acuerdo fue rechazado por el presidente Roosevelt porque tenía el estatus de un protectorado. No obstante, dos meses después fue puesto en vigencia temporal con la denominación de Modus Vivendi.
A pesar de la orientación pro Estados Unidos del presidente y sus aliados, al conocer la conjura en su contra concertada por el presidente con jimenistas, los horacistas forzaron su renuncia a finales de diciembre de 1905. El Consejo de Ministros coordinó el gobierno hasta la toma de posesión de Ramón Cáceres el 29 de diciembre de 1905. Dando seguimiento a las negociaciones con los Estados Unidos, el presidente firmo una nueva convención en febrero de 1907, que establecía la Receptoría General de las Aduanas Dominicanas dirigida por un funcionario nombrado por Estados Unidos. También procuró el beneficio de la propiedad individual con la aprobación de la Ley sobre Terrenos Comuneros, y al año siguiente, logró la renegociación de la deuda con un saldo positivo de 4 millones de dólares, importantes para mejorar las obras públicas.
En mayo de 1908, Cáceres fue electo nuevamente como presidente de la República, esta vez por un periodo de seis años y prescindiendo de la vicepresidencia, como la establecía la Constitución de ese año. Amparado en el control de los Estados Unidos, continuó con su plan de inversión en infraestructuras y de reorganización de la administración pública, auxiliado por Federico Velásquez, su ministro de Hacienda, impulsor en 1911 de la Ley de Franquicia Agrícola e Industrial.
El presidente despojó a los gobernadores de sus funciones militares, prestó atención a la organización del ejército y cuestionó la concepción patrimonialista de la política. Sus medidas afectaron los privilegios de los caciques o líderes locales, preocupados por el acercamiento del presidente con algunos jimenistas destacados. Igual preocupación despertaban sus medidas en figuras importantes del horacismo, como fue el caso del general Luis Tejera, quien concibió el plan de derrocar mediante el secuestro al presidente Cáceres, pero su ejecución salió de control y, el 19 de noviembre de 1911, el presidente cayó abatido en Güibia.
La inestabilidad política que afectaba al país aumentó tras el magnicidio de Ramón Cáceres. Sin que cambiaran los procedimientos ni se lograran nuevos resultados, Eladio Victoria, Alejandro Nouel, José Bordas Valdez, Ramón Báez, Francisco Henríquez y Carvajal se sucedieron en la presidencia de la República. Durante los años 1900-1916, juntas de secretarios, consejos de ministros y mandatos interinos facilitaron que el desfile de diez 10 presidentes y unas 20 gestiones. Estas comenzaban con la insurrección y se ´legitimaban´ con la celebración de elecciones con solo un candidato.
Esta muestra de inestabilidad provoca la visión de la sociedad dominicana de los primeros del siglo XX expresada por Federico García Godoy, Francisco Moscoso Puello, Fabio Fiallo y otros coetáneos. Para ellos, la política no es más que el arte de vivir del Estado, visto como una instancia de socorro mutuo, donde los cargos públicos son un medio de vida cómoda, desahogada, limpiadores de malas reputaciones y provocadores de insurrecciones. Nada mejor que vivir de las arcas nacionales. En Cartas a Evelina, Moscoso Puello: un hombre sin un cargo público no es un hombre completo, el cargo es casi todo en la vida. Desde el gobierno, se vive de la dilapidación y los placeres, desde la oposición no se hace nada, solo se espera regresar al poder.
Para el autor de Rufinito, las pugnas por las posiciones públicas convirtieron el país en un pueblo envejecido prematuramente, gastado, impotente, con ideales agotados, carente de los síntomas de las mejores voluntades y abundante de la levadura de la indisciplina, del individualismo indiferente y de la resignación apática. Para él, la patria se iba deshaciendo por culpa de nosotros mismos y, agrego, al caer en 1916 bajo el control del Gobierno Militar de Ocupación de los Estados Unidos, no podía estar más dividida.
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