Hacia una Política Cultural de Estado y un Pacto Nacional por la Cultura y el Patrimonio

Introducción

¿Qué lugar ocupa la cultura dentro del proyecto de nación que queremos construir?

La discusión del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la República Dominicana ha abierto una oportunidad que trasciende el contenido de una iniciativa legislativa. Más allá de la necesaria actualización del marco jurídico para la protección del patrimonio, este debate invita al país a formular una pregunta de mayor alcance: ¿qué política cultural necesita la República Dominicana para fortalecer su identidad y orientar su desarrollo durante las próximas décadas?

Toda ley expresa una visión de sociedad. Una ley sobre patrimonio cultural, en particular, refleja la importancia que una nación concede a su memoria, a su identidad y a su legado histórico. Sin embargo, ninguna legislación alcanza plenamente sus objetivos si no forma parte de una visión estratégica de largo plazo.

La República Dominicana posee un extraordinario patrimonio cultural y una amplia red de universidades, academias, fundaciones, centros culturales, museos, artistas, investigadores, gestores culturales, empresas comprometidas con la cultura y organizaciones sociales que, durante generaciones, han contribuido a preservar y enriquecer ese legado. Esa realidad demuestra que la protección del patrimonio nunca ha sido responsabilidad exclusiva del Estado; ha sido, y continúa siendo, una tarea compartida con la sociedad.

Este ensayo parte de esa convicción. Su propósito no es únicamente reflexionar sobre un proyecto de ley, sino proponer que este debate sirva para iniciar la construcción de una Política Cultural de Estado y de un Pacto Nacional por la Cultura y el Patrimonio, sustentados en el diálogo, la corresponsabilidad y una visión compartida de futuro.

Y una Nación protege verdaderamente su patrimonio cuando el Estado y la sociedad asumen, juntos, la responsabilidad de preservar su memoria, fortalecer su identidad y construir su futuro.

I

La gran oportunidad que el país no debe desperdiciar

¿Puede una Ley de Patrimonio Cultural transformar verdaderamente un país si no forma parte de una Política Cultural de Estado?

Cada generación recibe la oportunidad de impulsar reformas que trascienden su propio tiempo. Algunas fortalecen la democracia; otras transforman la economía, modernizan el sistema educativo o redefinen el rumbo de las instituciones públicas. Son momentos en los que una decisión legislativa deja de ser un simple acto administrativo para convertirse en la expresión de una visión de futuro.

La discusión del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural de la República Dominicana constituye uno de esos momentos.

No estamos ante una ley cualquiera. Estamos ante una iniciativa llamada a definir cómo el país protegerá su memoria histórica, sus monumentos, sus bienes arqueológicos, sus archivos, sus museos, sus colecciones y las múltiples expresiones materiales e inmateriales que conforman la identidad dominicana.

Por ello, el debate no debería limitarse únicamente a corregir artículos, perfeccionar procedimientos o redefinir competencias institucionales. Esa labor corresponde al proceso legislativo y resulta indispensable. Pero existe una pregunta previa, más profunda y de mayor trascendencia para el futuro del país:

¿Qué modelo de política cultural necesita la República Dominicana para el siglo XXI?

La importancia de esta pregunta radica en que ninguna ley actúa de manera aislada. Toda legislación alcanza su verdadera dimensión cuando responde a una visión estratégica de largo plazo. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un instrumento que, lejos de resolver los problemas, termine generando conflictos, perturbando la vida institucional y resultando insuficiente para orientar el desarrollo de una nación.

La Constitución ya señala el camino

La respuesta comienza en la propia Constitución de la República. Nuestra Carta Magna reconoce el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural de la Nación y establece el deber del Estado de proteger, conservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural dominicano.

Ese mandato constitucional posee una enorme trascendencia. No se limita a la conservación de monumentos históricos o bienes materiales. Comprende también la protección de la memoria colectiva, la identidad nacional, las tradiciones, las expresiones artísticas y el conjunto de valores culturales que definen a la sociedad dominicana.

Pero la propia naturaleza de esa misión demuestra que ninguna institución puede asumirla por sí sola.

La cultura se crea en las comunidades, se transmite en las familias, se fortalece en las escuelas y universidades, se investiga en las academias, se preserva en los museos y archivos, se proyecta desde los centros culturales y se renueva permanentemente mediante el trabajo de artistas, escritores, investigadores, gestores culturales y organizaciones de la sociedad civil.

Por ello, proteger el patrimonio cultural constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. La Constitución señala el camino. Ahora corresponde construir los instrumentos que permitan hacer realidad ese mandato.

La necesidad de una Política Cultural de Estado

La República Dominicana ha realizado importantes esfuerzos para fortalecer su vida cultural. Se han restaurado monumentos, creado museos, impulsado programas artísticos, desarrollado iniciativas patrimoniales y enriquecido progresivamente el marco jurídico del sector. Es justo reconocer esos avances.

Pero también resulta necesario reconocer una realidad que el país ha postergado durante demasiado tiempo.

Aún no hemos construido una auténtica Política Cultural de Estado.

Con demasiada frecuencia seguimos administrando la cultura desde la coyuntura. Cada administración imprime su estilo. Cada ministro establece prioridades. Cada gestión impulsa nuevos proyectos que, muchas veces, concluyen cuando termina el período gubernamental que les dio origen.

La cultura necesita continuidad.

Necesita planificación.

Necesita objetivos compartidos.

Necesita instituciones fortalecidas.

Necesita una visión capaz de trascender los ciclos electorales.

Porque la cultura no pertenece a un gobierno.

Pertenece a la Nación.

Y la Nación posee una memoria mucho más larga que cualquier período presidencial.

Precisamente por ello, el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural representa una oportunidad que la República Dominicana no debería desperdiciar. No únicamente para actualizar una legislación, sino para iniciar la construcción de una Política Cultural de Estado que otorgue dirección, continuidad y sentido estratégico al desarrollo cultural del país.

Del Ministerio de Cultura al Sistema Cultural Dominicano

Cuando hablamos de cultura solemos pensar inmediatamente en el Ministerio de Cultura. Sin embargo, esa mirada resulta insuficiente.

El Ministerio constituye el órgano rector de la política pública cultural, pero no agota la extraordinaria riqueza del universo cultural dominicano.

La cultura nacional se construye diariamente mediante la acción conjunta de universidades, academias, escuelas de arte, museos, bibliotecas, archivos, gobiernos locales, fundaciones, centros culturales, compañías artísticas, industrias culturales y creativas, medios de comunicación, empresas comprometidas con la responsabilidad social, comunidades organizadas y la diáspora dominicana.

Todos ellos conforman lo que este ensayo propone denominar Sistema Cultural Dominicano.

No se trata de crear una nueva institución.

Se trata de reconocer una realidad que ya existe.

Un entramado de actores públicos y privados que, desde responsabilidades diferentes pero complementarias, producen conocimiento, forman ciudadanos, investigan, crean, conservan el patrimonio, promueven las artes y mantienen viva la memoria colectiva.

Reconocer ese Sistema Cultural Dominicano constituye uno de los pasos indispensables para construir una verdadera Política Cultural de Estado.

Porque las políticas más sólidas no nacen cuando una institución intenta hacerlo todo.

Nacen cuando el Estado es capaz de articular las capacidades de toda la sociedad.

La cultura como responsabilidad de toda la Nación

La cultura no pertenece exclusivamente al Ministerio de Cultura.

Tampoco al Estado.

Pertenece a la Nación.

Por esa razón, una Política Cultural de Estado debe convocar a todos los actores que participan en la construcción de nuestra identidad.

Las universidades forman investigadores y profesionales.

Las academias preservan el pensamiento nacional.

Las fundaciones y los centros culturales investigan, preservan, crean y difunden el patrimonio cultural; desarrollan programas educativos, administran museos, archivos, bibliotecas y galerías; promueven la creación artística mediante becas, residencias y exposiciones; fortalecen la inclusión social y la participación ciudadana; y convierten la cultura en un motor de desarrollo humano, económico y territorial.

Los museos, archivos y bibliotecas conservan la memoria.

Los artistas crean nuevas formas de interpretar la realidad.

Las industrias culturales generan empleo, innovación y desarrollo económico.

Los gobiernos locales preservan el patrimonio de sus comunidades.

Los medios de comunicación difunden la creación cultural.

Las empresas apoyan iniciativas mediante el mecenazgo y la responsabilidad social.

Y la diáspora proyecta la cultura dominicana mucho más allá de nuestras fronteras.

Todos forman parte de una misma comunidad cultural.

Todos son corresponsables del patrimonio de la Nación.

La necesidad de un gran diálogo nacional

Si la cultura pertenece a toda la Nación, también la construcción de una Política Cultural de Estado debe ser una tarea colectiva.

Ninguna ley de esta trascendencia debería elaborarse de espaldas a quienes han dedicado su vida a investigar, crear, enseñar, preservar y difundir la cultura dominicana.

La República Dominicana dispone hoy de una comunidad cultural madura, de instituciones sólidas y de una experiencia acumulada que merece ser escuchada.

Ha llegado el momento de convocar un gran diálogo nacional donde participen el Estado, el Congreso Nacional, las universidades, las academias, los gobiernos locales, las fundaciones, los centros culturales, los museos, las bibliotecas, los artistas, los investigadores, los gestores culturales, el sector empresarial, las industrias creativas y la diáspora dominicana.

Ese diálogo no constituye una concesión.

Constituye una necesidad democrática.

Las políticas públicas adquieren legitimidad cuando nacen de la participación, del conocimiento y del consenso.

Y pocas áreas requieren tanto esa construcción colectiva como la cultura, porque ella expresa la memoria, la identidad y las aspiraciones compartidas de una nación.

Una reflexión para continuar el diálogo

La discusión del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural ha puesto sobre la mesa una oportunidad histórica. No solo para perfeccionar una legislación, sino para comenzar a construir una Política Cultural de Estado sustentada en una visión compartida y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.

Sin embargo, esa reflexión conduce inevitablemente a una nueva pregunta.

Si la cultura pertenece a toda la Nación y si la protección del patrimonio ha sido siempre una tarea compartida, ¿quiénes han sostenido realmente la vida cultural dominicana cuando las políticas públicas han sido insuficientes?

Responder esa pregunta significa recorrer nuestra propia historia y reconocer a las mujeres, hombres e instituciones que, desde la Independencia hasta nuestros días, han preservado la memoria, fortalecido la identidad y mantenido viva la creación artística y cultural del país.

Porque la cultura dominicana nunca ha estado sola.

Siempre ha tenido guardianes.

Y precisamente a ellos estará dedicada la siguiente parte de este ensayo: "La cultura dominicana tiene sus guardianes".