La práctica del gagá, profundamente vinculada a las comunidades cañeras en la República Dominicana —que data de casi un siglo—, constituye una expresión cultural compleja, rica y profundamente comunitaria. Lejos de los discursos simplistas que buscan etiquetarla como "extranjera", el gagá ha sido, en la práctica cotidiana, un espacio de convergencia entre dominicanos, haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Es, en esencia, una manifestación viva de la identidad híbrida que caracteriza a amplios sectores del país.
Durante décadas, el gagá ha marcado el ritmo de la Semana Santa en regiones del Este y del Sur. Más que una festividad, es una institución social con estructuras organizativas claras, con códigos de respeto, con liderazgos comunitarios y con una capacidad de cohesión que pocas expresiones culturales poseen. Las caravanas de gagá recorren comunidades, visitan hogares, rinden saludos a figuras locales y fortalecen los lazos sociales. La bandera tricolor, presente en estos recorridos, simboliza precisamente esa apropiación dominicana de una práctica que algunos insisten en excluir.
Lo más llamativo es que esta tradición, durante años, contó con el respeto y, en muchos casos, el apoyo de las autoridades. Incluso en contextos políticos autoritarios, como los doce años de Joaquín Balaguer, no se registraron políticas sistemáticas de prohibición contra el gagá. Tampoco durante las gestiones de Leonel Fernández o Danilo Medina se produjeron intervenciones directas para impedir su desarrollo.
Hoy, en cambio, el escenario es distinto.
Desde la llegada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al poder, diversos grupos de gagá han denunciado crecientes dificultades para realizar sus tradicionales salidas. Estas tensiones han alcanzado un punto crítico en la más reciente Semana Santa, donde las restricciones se han vuelto explícitas: prohibiciones para salir el Viernes Santo, despliegues policiales para limitar los recorridos y acciones dirigidas a desarticular las manifestaciones en varias comunidades.
La Asociación Dominicana de Gagá ha denunciado públicamente que desde el Ministerio de Interior y Policía se han impulsado medidas orientadas a restringir estas prácticas, bajo argumentos que, en muchos casos, no han sido debidamente sustentados ni comunicados con tiempo y transparencia. Estas decisiones no solo afectan el derecho a la cultura, sino que también generan un clima de discriminación y estigmatización hacia comunidades históricamente vulnerables.
No se puede perder de vista que el gagá no es únicamente una práctica cultural: es también una economía. Su organización implica inversiones significativas en vestuario, instrumentos, logística y preparación. Además, moviliza a la diáspora dominicana, que en muchos casos planifica sus visitas al país para coincidir con estas celebraciones. Para los jóvenes, se ha convertido en un espacio de encuentro y expresión —un "teteo" cultural— que canaliza energías sociales en un marco comunitario.
Prohibir el gagá no es solo cancelar una fiesta, es debilitar el tejido social de comunidades enteras. Es desconocer décadas de historia compartida. Es, en última instancia, violar derechos constitucionales.
Resulta inevitable entonces la pregunta: ¿cómo es posible que, en nombre del orden o de interpretaciones restrictivas de la identidad nacional, se estén tomando decisiones que ni siquiera regímenes menos democráticos se atrevieron a implementar?
El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de regular el espacio público, pero esa regulación no puede convertirse en un instrumento de exclusión cultural. La seguridad y el orden no deben ser excusas para restringir derechos fundamentales, mucho menos cuando se trata de expresiones que han demostrado su capacidad de convivencia y organización a lo largo del tiempo.
Si aspiramos a ser un Estado de derecho, debemos asumir todas las implicaciones que ello conlleva. Entre ellas, reconocer que la cultura no se impone desde arriba ni se define desde la exclusión, sino que se construye desde la diversidad y el respeto.
Porque si algo deja en evidencia esta coyuntura es una verdad incómoda: en materia de derechos culturales, estamos retrocediendo. Y, como ya muchos han comenzado a señalar, ni Balaguer se atrevió a tanto.
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