Acceso a la cultura: el desafío de construir democracia cultural

Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Quiénes están ausentes cuando pensamos en los hacedores y consumidores de la cultura?

No me refiero únicamente a quiénes no asisten a las instituciones culturales Me refiero a quiénes suelen estar ausentes cuando diseñamos programas culturales, cuando organizamos exposiciones, cuando concebimos políticas culturales o cuando imaginamos a los visitantes a museos y centros culturales. Cuando lo hacemos, ¿pensamos en las personas con  necesidades especiales?; ¿en quiénes viven lejos de los centros urbanos?; ¿tenemos en cuenta a los adultos mayores?; ¿pensamos en quienes nunca han visitado un museo o un centro cultural, porque sienten que esos espacios no fueron hechos para ellos?

La respuesta a estas preguntas nos lleva directamente al tema del acceso a la cultura. Y hablar de acceso no es hablar únicamente de puertas abiertas. Es hablar de ciudadanía, de participación, de democracia. Y es hablar, sobre todo, de quién tiene la posibilidad real de formar parte de la vida cultural de una sociedad.

Desde finales del siglo XX se tuvo una visión que hoy conocemos como democratización de la cultura. Era una idea, y lo sigue siendo, profundamente transformadora: que el arte, el patrimonio y los bienes culturales dejaran de ser para unos pocos y pudieran llegar a comunidades de personas cada vez más amplias. La tarea implica abrir puertas: ampliar públicos, reducir barreras económicas, descentralizar la oferta cultural y acercar museos, bibliotecas, teatros y centros culturales a comunidades tradicionalmente excluidas. Fue, sin duda, un avance fundamental en la construcción de sociedades más equitativas y culturalmente participativas.

Sin embargo, con el tiempo surgió una pregunta incómoda: ¿Es suficiente acercar la cultura a la gente?, o debemos preguntarnos también ¿quién define qué cultura se muestra, qué historias se cuentan y qué voces son escuchadas? Porque la democratización de la cultura puede terminar siendo un proceso de distribución  cultural, sin participación cultural. Puede llevar contenidos a más personas sin necesariamente reconocerlas como sujetos culturales. Y ahí surge una segunda idea, más desafiante y transformadora: la democracia cultural.

La democracia cultural parte de una premisa radicalmente distinta. No considera que la cultura sea un patrimonio producido por algunos para ser consumido por otros. Considera que toda comunidad produce cultura y que toda persona es portadora de conocimientos, memorias, experiencias y formas legítimas de creación simbólica. Esta visión conecta con la idea de cultura como construcción permanente: una cultura que no es un ornamento para unos pocos, sino una posibilidad de desarrollo humano para todos.

Ya no se trata únicamente de un edificio que recibe a los que van a “disfrutar” de ofertas culturales. Hoy hablamos de un territorio vivo, de un patrimonio compartido y de una comunidad que participa activamente en la construcción de significados.

Este cambio de paradigma transforma profundamente la relación entre las instituciones culturales y la sociedad. El público deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un interlocutor; y los centros culturales y los museos, dejan de ser instituciones que únicamente “transmiten” para convertirse también en instituciones que escuchan, dialogan y aprenden de las comunidades con las que trabaja.

Desde esa perspectiva, las preguntas también cambian. Ya no basta con preguntarnos cuántas personas visitan nuestras instituciones culturales. Debemos preguntarnos: ¿a quiénes les estamos hablando?, ¿a quiénes estamos escuchando?, ¿quiénes se sienten representados en nuestros relatos?… ¿y quiénes continúan ausentes?

Estas preguntas son esenciales, porque el desafío ya no consiste solamente en incrementar el número de públicos. El verdadero reto es ampliar la diversidad de quienes participan en la vida cultural.

Los estudios de públicos muestran que siempre existen dos grandes grupos: quienes ya frecuentan las instituciones culturales y quienes podrían hacerlo, pero todavía no encuentran razones, condiciones o motivaciones para acercarse. La democracia cultural comienza precisamente cuando dejamos de concentrarnos exclusivamente en nuestros visitantes habituales y empezamos a trabajar deliberadamente para esos públicos que aún permanecen al margen.

Desde esta perspectiva, el acceso a la cultura no puede entenderse únicamente como una política de accesibilidad ni como un conjunto de servicios complementarios. Debe asumirse como una estrategia integral de democratización de la cultura y, sobre todo, de construcción de democracia cultural.

Permítanme ilustrarlo con algunos ejemplos, en este caso referidos a los museos:

Cuando incorporamos textos en braille en una exposición, no estamos simplemente adaptando un recurso museográfico. Estamos reconociendo el derecho de las personas con limitaciones visual de establecer una relación directa y autónoma con las obras y con el patrimonio cultural, sin depender permanentemente de la mediación de otros; cuando adaptamos documentales mediante lengua de señas, subtítulos y audiodescripción, no estamos únicamente ampliando la accesibilidad de un producto audiovisual: estamos ampliando la comunidad de personas que pueden interpretar, debatir y apropiarse de esos contenidos; cuando elaboramos materiales en lectura “fácil”, acompañados de apoyos visuales y recursos gráficos, estamos reconociendo que la comprensión de la cultura no puede depender exclusivamente del nivel de escolaridad o de las competencias lectoras de los visitantes. Un museo verdaderamente democrático debe ser comprensible para públicos diversos.

Cuando fortalecemos alianzas con asociaciones comunitarias, organizaciones de personas con discapacidad, colectivos artesanales e instituciones locales, estamos afirmando que la producción cultural no ocurre únicamente dentro de las instituciones. El conocimiento también reside en las comunidades, y la labor de las instituciones consiste en generar espacios de encuentro, donde esos saberes dialoguen en condiciones de reconocimiento mutuo.

Este constituye, a mi juicio, uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. No se trata solo  de construir o abrir más instituciones culturales, organizar más actividades, incrementar las cifras de asistencia, si  no de antes preguntamos ¿quiénes participan? y ¿quiénes encuentran en esos espacios una representación de su historia y de su identidad?

La cultura es, sin dudas, un derecho. Pero también es uno de los fundamentos de la vida democrática. Una sociedad culturalmente democrática no es aquella en la que todos consumen la misma oferta cultural: es aquella en la que todas las personas tienen la posibilidad de crear cultura, compartirla, interpretarla, cuestionarla y contribuir a transformarla. Eso sucede en una sociedad que reconoce la diversidad como fuente de riqueza, y entiende la participación cultural como una expresión plena de la ciudadanía.

Permítanme terminar regresando a la pregunta con la que inicié estas reflexiones: ¿Quiénes están ausentes cuando pensamos en los públicos de la cultura?

Creo que esa es una de las preguntas más importantes que pueden hacerse hoy los museos, las universidades, las instituciones culturales y quienes diseñan políticas públicas. Porque cada ausencia pone en evidencia una barrera, pero también señala la  responsabilidad de construir instituciones más abiertas, más diversas, más inclusivas y participativas.

En resumen, garantizar el acceso a la cultura no consiste únicamente en permitir que las personas entren a las instituciones culturales. Más allá de eso, es crear las condiciones para que puedan reconocerse en ellas, dialogar con sus contenidos, cuestionarlos cuando sea necesario y contribuir a transformarlos. Ahí el verdadero tránsito de la democratización hacia la democracia cultural.

Estoy convencido, ese es uno de los grandes retos de la gestión cultural en el siglo XXI. ¿Lo abordamos?