El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero"
"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó.
El presidente, que permanecía en el cargo desde agosto de 2023, expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados.
El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.
Peña había sido accionista del grupo propietario de la entidad hasta el año pasado.
El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo.
Según la Constitución paraguaya, le corresponde asumir la presidencia y completar el mandato, que termina en 2028.
Dimisión en plena crisis
El anuncio se produjo mientras la Cámara de Diputados debatía una petición de juicio político contra Peña, un procedimiento que podía desembocar en su destitución.
El proceso había ganado fuerza después de que su propio Partido Colorado respaldara el enjuiciamiento.
Horacio Cartes, líder de la formación y mentor político de Peña, había anunciado su apoyo a la iniciativa, dejando al mandatario cada vez más aislado.
La crisis estalló esta semana con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes.
El Banco Central, encargado de supervisar los bancos del país, tomó el control de la entidad tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
El cierre paralizó la aplicación, las tarjetas y las transferencias del banco, mientras los clientes acudían a las sucursales en busca de respuestas.
Entre los afectados figuraban unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través de Ueno.
El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que trasladaría sus cuentas a otra entidad para mantener los pagos.
Además de los depósitos particulares, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos.
En la entidad también había inversiones del sistema de pensiones y recursos de instituciones como la empresa estatal de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.
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