La Audiencia Nacional española citó como imputado este martes al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien señala como líder de una presunta trama de tráfico de influencias.
Rodríguez Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Según el auto del juez, el expresidente y personas de su entorno habrían recibido de forma presuntamente irregular 1,95 millones de euros (US$2,26 millones) de la trama.
Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
La causa investiga supuestos cobros de comisiones ilegales relacionados con el rescate financiero concedido por el gobierno español a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.
La aerolínea ha sido objeto de investigaciones judiciales en España por el presunto blanqueo de capitales de origen ilícito provenientes de Venezuela y por las dudas sobre su viabilidad económica cuando recibió ayudas públicas.
La Policía Nacional española efectuó un registro en el despacho del exmandatario en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid y empresas vinculadas, entre ellas la agencia de publicidad "What The Fav S.L.", propiedad de sus hijas, Alba y Laura, que también habría ingresado importantes cantidades de forma presuntamente irregular.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un vídeo en el que aseguró haber actuado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".
El expresidente ha recibido el apoyo del actual presidente Pedro Sánchez y miembros del PSOE, que aseguran confiar en su inocencia, mientras la mayoría de la oposición ha destacado la gravedad de las acusaciones y exige explicaciones al gobierno.
Rodríguez Zapatero es el primer expresidente del gobierno investigado por corrupción en la historia de España.
Lo que dice el auto
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, considera que existía "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero"
Esta, señala el auto de 85 páginas, "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
El documento judicial indica que la presunta red utilizó empresas pantalla, contratos de asesoría y estructuras financieras opacas para ocultar el movimiento de dinero y obtener beneficios económicos.
El magistrado calcula en 1,9 millones de euros los supuestos beneficios obtenidos por Rodríguez Zapatero y personas de su entorno, incluida la empresa administrada por sus hijas.
La resolución judicial sostiene que la consultora Análisis Relevante transfirió cerca de 491.000 euros (US$569.000) al expresidente y unos 240.000 euros adicionales (US$278.000) a la empresa de sus hijas.
El caso también incluye posibles delitos de blanqueo de capitales: el juez señala indicios de uso de sociedades en el extranjero y estructuras internacionales para dificultar el rastreo del dinero.
Entre las operaciones investigadas figura la creación de una empresa en Dubái que, según el auto, podría haber sido utilizada para recibir fondos fuera de España relacionados con el rescate de Plus Ultra.
En la llamada Operación Tíbet, los agentes registraron el despacho de Rodríguez Zapatero en Madrid y varias empresas vinculadas a la investigación, entre ellas la compañía de sus hijas, y se llevaron cajas con documentación.
En diciembre de 2025 ya fueron detenidos y posteriormente liberados directivos de Plus Ultra y empresarios relacionados con la causa.
La investigación se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción y llegó el pasado marzo a la Audiencia Nacional.
El vínculo con Venezuela
La conexión del caso con Venezuela implica a la aerolínea Plus Ultra, que operaba rutas con Caracas y otras ciudades de América Latina, y fue rescatada por el gobierno español con 53 millones de euros (US$61 millones) en 2021.
El millonario rescate fue polémico desde el principio por el reducido tamaño de la aerolínea y las sospechas sobre sus vínculos empresariales con Venezuela.
En una denuncia presentada en octubre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción señaló un "presunto uso indebido de las ayudas públicas" concedidas a Plus Ultra, que tenía accionistas venezolanos, y la relación de esta empresa con contratos de préstamo vinculados a sociedades de una supuesta organización criminal.
La investigación judicial sostiene que la presunta trama alrededor del rescate de Plus Ultra tenía conexiones con Venezuela en varios niveles.
El auto judicial de este miércoles señala que el expresidente español tenía una "intervención directa" en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre ellas "oro, compraventa de acciones o divisas".
La Fiscalía Anticorrupción cree que parte de los fondos investigados podrían proceder de operaciones corruptas vinculadas a PDVSA, al oro venezolano y a los programas estatales de alimentos CLAP.
Se sospecha que el rescate público español puddo haber sido utilizado para mover o devolver fondos procedentes de esas operaciones a través de préstamos, contratos y estructuras financieras internacionales, dificultando así el rastreo de capitales presuntamente ilícitos.
El juez también investiga si Rodríguez Zapatero utilizó su red de contactos e influencia política para favorecer a la compañía y participar en estructuras financieras destinadas a mover y ocultar dinero en el extranjero.
En esta línea, el magistrado atribuye al expresidente la orden de crear la antes citada sociedad en Dubái para cobrar una comisión relacionada con el rescate de Plus Ultra.
Las reacciones
Horas después de conocerse su imputación, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en un vídeo que "jamás" realizó gestiones ante ninguna administración pública relacionadas con el rescate de Plus Ultra y afirmó que nunca tuvo sociedades mercantiles "ni en España ni fuera de España".
También expresó su disposición a "colaborar con la justicia" y defendió que todos sus ingresos fueron declarados "con absoluta transparencia y legalidad".
El presidente Pedro Sánchez, por su parte, pidió "defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista", según su mensaje enviado a la Ejecutiva Federal del PSOE, al que tuvo acceso EFE.
El PSOE emitió además un comunicado en el que defendió la presunción de inocencia del expresidente y sostuvo que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado" las políticas impulsadas durante sus gobiernos en materia de derechos sociales e igualdad.
Desde la oposición, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vinculó el caso con el gobierno actual y afirmó que "la corrupción es la razón fundacional de este gobierno".
También exigió la dimisión de Sánchez.
"Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España", afirmó, en una publicación en la red social X.
Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, aseguró que la imputación de Zapatero "no es un hecho aislado".
"Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción", alegó el dirigente del tercer partido con más votantes de España, y reclamó una moción de censura contra el gobierno.
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