Un tribunal de Puerto Plata ordenó a la Junta Distrital de Cabarete y a su director, Freddy Cruz Zarzuela, entregar documentos sobre contratos, cheques, pagos a particulares y empresas, conciliaciones bancarias, nóminas y presupuestos, luego de acoger parcialmente un recurso de amparo por vulneración del derecho de acceso a la información pública.
La sentencia núm. 271-2026-SSEN-00016, del 13 de noviembre de 2026, fue emitida por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, a raíz de una acción interpuesta por Ritmo Cabarete Digital, S.R.L., y Juan Pablo Martínez.
El fallo dispone que la Junta Distrital y su director entreguen 25 renglones de documentos requeridos por los accionantes, relacionados con operaciones, gastos, obras, contrataciones y movimientos financieros desde 2020 hasta agosto de 2026, según los períodos específicos de cada solicitud.
La decisión contempla, además, que si alguno de los documentos no existe, la entidad deberá ofrecer una explicación justificada de su inexistencia.
Cheques y pagos a particulares y empresas
Entre la documentación que deberá entregar la Junta Distrital figuran los cheques emitidos y sus soportes bancarios a nombre de varias personas y empresas, algunos correspondientes a períodos de hasta seis años.
El tribunal ordenó suministrar comprobantes de pagos a Antonio Vásquez Reyes, COOPCAFE, Víctor Polanco Sánchez, MTE Group, Julio Batista de la Rosa, Rigoberto Sosa, Kelvin Sánchez Peña, Santos José Luis Hidalgo Bonilla y Brígido Polanco García.
También incluyó documentos de pagos a las empresas GADY Truck Parts, RMS Transformación, Blockes y Mosaicos Linares, Sosa Paulino Constructora y Transporte y Constructora Mora Ramírez, así como desembolsos a Robinson Onorio Abreu Almonte correspondientes al período abril de 2024 hasta agosto de 2026.
La sentencia requiere que los cheques sean entregados con sus respectivos soportes y endosos bancarios, cuando así se especifica en cada apartado.
La orden judicial no establece irregularidades en esos desembolsos ni atribuye delitos a las personas o compañías mencionadas, sino que dispone que los documentos relacionados con las operaciones sean puestos a disposición de los solicitantes.
Documentos sobre obras, alquileres y gastos municipales
El fallo también abarca contratos de asfaltado en sectores de Cabarete durante 2020 y 2021, así como trabajos de construcción de aceras y contenes en el centro de la localidad durante esos mismos años, con sus respectivos soportes de pago.
Los accionantes deberán recibir, además, la matrícula y póliza de seguro de un camión Mack modelo LEU613 y el contrato de alquiler de un camión compactador y recolector de desechos sólidos correspondiente a 2020 y 2021.
Otro de los requerimientos comprende los cheques, comprobantes y denominación de gastos por materiales, suministros, combustibles, lubricantes, productos químicos y gasolina, desde 2020 hasta 2025.
La documentación incluye igualmente las conciliaciones bancarias de 2020 a 2025 de las cuentas identificadas como personal, servicios, inversión, regalía, receptora, género y salud, además de los cheques emitidos desde abril de 2020 hasta 2025 con sus facturas, contratos y anexos.
Presupuesto de 2026 y penalidad por incumplimiento
La Junta Distrital deberá entregar la resolución que aprueba el presupuesto de 2026, así como el presupuesto de ingresos y egresos con el detalle programático y la clasificación del destino de los fondos.
La sentencia establece una penalidad de RD$2,000 por cada día de incumplimiento, a cargo de la parte accionada, en favor de Ritmo Cabarete Digital, S.R.L.
El astreinte comenzará a aplicarse una vez transcurridos 10 días hábiles desde la notificación de la decisión, si la orden no ha sido ejecutada.
El fallo coloca bajo escrutinio la documentación financiera y administrativa de la Junta Distrital de Cabarete, al disponer la entrega de registros que permitirán conocer los soportes de gastos, contrataciones y pagos realizados durante los períodos reclamados.
Freddy Cruz y los procesos judiciales por el acceso a información
La sentencia favorable a Ritmo Cabarete Digital y Juan Pablo Martínez se suma a una serie de controversias judiciales relacionadas con la entrega de información sobre el manejo de los recursos de la Junta Distrital de Cabarete durante la gestión de Freddy Zarzuela Cruz.
Uno de los primeros antecedentes documentados se remonta a septiembre de 2021, cuando la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata ordenó a la Junta Distrital, entonces dirigida por Zarzuela Cruz, entregar documentos solicitados por Michell Gay-Crosier. La sentencia núm. 271-2021-SSEN-00008 estableció un plazo de 60 días y un astreinte de RD$7,000 por cada día de retraso.
En abril de 2022, la Cámara Civil y Comercial volvió a ordenar la entrega de información solicitada por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo de Cabarete y Sosúa (Asoprocaso), presidida por Gay-Crosier. El tribunal dispuso un plazo de 20 días, fijó una penalidad de RD$ 3,000 diarios y ordenó a la Junta Distrital crear una página web para divulgar información sobre su funcionamiento y el uso de los recursos públicos.
La controversia también tuvo una vertiente penal. En marzo de 2022, Asoprocaso presentó una querella ante la Fiscalía de Puerto Plata contra Zarzuela Cruz por la presunta negativa a entregar información sobre los ingresos y egresos de la institución. La organización alegó que había solicitado los documentos en tres ocasiones y que la Junta tampoco había cumplido una decisión judicial anterior.
En febrero de 2023, otro fallo judicial ordenó al Concejo de Vocales de Cabarete suspender provisionalmente a Zarzuela Cruz de sus funciones, en el contexto de ese conflicto por el acceso a la información. La decisión, identificada como sentencia núm. 271-2023-SSEN-00002, fue recurrida por el funcionario ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en agosto de 2023 la Fiscalía de Puerto Plata notificó el archivo definitivo de la querella penal, luego de que Asoprocaso y Gay-Crosier retiraran el recurso de apelación relacionado con el caso. Por tanto, este expediente no terminó en una condena penal contra el funcionario.
El Tribunal Constitucional conoció posteriormente el recurso de revisión presentado por Zarzuela Cruz y, mediante la sentencia TC/1053/24, acogió su recurso y revocó la decisión que había ordenado su suspensión. La alta corte declaró inadmisible la acción de amparo porque el período para el cual había sido elegido, correspondiente a 2020-2024, ya había concluido. Esa decisión no constituyó una declaración de culpabilidad ni de inocencia sobre la querella penal.
En abril de 2025, otro fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisible un recurso de revisión presentado por la Junta Distrital contra la decisión relacionada con la suspensión del director. El periódico señaló que, para entonces, los cargos penales contra Zarzuela Cruz habían sido retirados y que este había sido reelegido en 2024 para un segundo período.
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