El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables la madrugada de este martes a varios de los principales implicados en el denominado caso Coral y Coral 5G, al concluir que el Ministerio Público logró demostrar la existencia de una estructura que operó para desviar recursos públicos desde instituciones militares y policiales.
La decisión fue adoptada tras casi dos años de juicio de fondo y luego de que las juezas evaluaran pruebas documentales, testimoniales, periciales y financieras presentadas durante el proceso, considerado uno de los expedientes de corrupción administrativa más complejos conocidos por la justicia dominicana.
Las principales condenas
El tribunal declaró culpables al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre y al general retirado Juan Carlos Torres Robiou por incremento patrimonial y enriquecimiento ilícito, imponiéndoles una pena de 20 años de prisión y el pago de 20 salarios mínimos del sector público.
También fue declarado culpable el coronel Rafael Núñez de Aza, señalado por el Ministerio Público como una de las piezas financieras del entramado. El tribunal lo halló culpable de asociación de malhechores, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y lo condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos del sector público.
En el caso de Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora, las juezas la declararon culpable por incremento patrimonial y le impusieron una condena de 15 años de prisión, además del pago de 300 salarios mínimos del sector público.
El general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, también fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos por su implicación en la red de corrupción administrativa.
Otras condenas dictadas por el tribunal
La imputada Esmeralda Ortega Polanco fue declarada culpable por uso de documentos falsificados e incremento patrimonial ilícito. En su contra, el tribunal impuso una pena de 10 años de prisión y una multa de 400 salarios mínimos.
Asimismo, José Manuel Rosario Pirón fue declarado culpable de desfalco contra el Estado y lavado de activos, por lo que fue condenado a 10 años de prisión y al pago de 200 salarios mínimos.
El tribunal también condenó a Yehudy Guzmán Alcántara por desfalco contra el Estado, con una pena de 5 años de prisión.
En cuanto a Alejandro Montero Cruz, las juezas lo declararon culpable por tenencia de armas, imponiéndole 5 años de prisión y una multa de 50 salarios mínimos del sector público.
La imputada Lucía de los Santos Viola fue hallada culpable de lavado de activos y condenada a 5 años de prisión, además del pago de 100 salarios mínimos.
En el caso del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado uno de los testigos clave del proceso, el tribunal le impuso una pena de 5 años, computada como pena cumplida, conforme a su situación procesal y su colaboración dentro del expediente.
El núcleo del expediente
El caso salió a la luz en abril de 2021, con la denominada Operación Coral, y posteriormente fue ampliado con Coral 5G. Según la acusación del Ministerio Público, la red estaba encabezada por Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, y habría utilizado distintos mecanismos para sustraer fondos públicos provenientes de entidades estatales.
Entre las instituciones mencionadas en el expediente figuran el Cuerpo de Seguridad Presidencial, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, desde donde, de acuerdo con la tesis del órgano acusador, se habrían manejado nóminas irregulares, pagos simulados, operaciones financieras y fondos públicos destinados al enriquecimiento de los integrantes de la estructura.
Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el entramado provocó un perjuicio económico al Estado superior a los RD$4,500 millones. Además de las penas de prisión, solicitó multas, decomiso de bienes y otras sanciones patrimoniales contra personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.
Un fallo tras una audiencia extendida
La lectura del fallo se desarrolló ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
La audiencia inició la tarde del lunes 15 de junio y se extendió hasta la madrugada de este martes, en medio de recesos, una prolongada lectura de la decisión y la presencia de varios de los principales imputados del expediente.
Con este fallo, el tribunal cierra la etapa de juicio de fondo en primera instancia, aunque las partes podrán recurrir la decisión conforme a los plazos establecidos por la ley. La sentencia íntegra contendrá los fundamentos completos de la decisión, así como el detalle de las penas, multas, decomisos y demás disposiciones adoptadas por el tribunal.
Un caso de alto impacto institucional
El expediente Coral y Coral 5G marcó uno de los procesos judiciales más extensos de los últimos años en materia de corrupción administrativa, no solo por el monto atribuido al presunto desfalco, sino también por el perfil de los procesados.
Entre los acusados figuraron altos mandos militares y policiales, civiles, familiares, allegados y empresas que, según el Ministerio Público, habrían participado en una estructura destinada a sustraer recursos del Estado y ocultar su origen mediante operaciones financieras, adquisición de bienes y movimientos patrimoniales.
La decisión representa una de las sentencias más relevantes dictadas en los últimos años en casos de corrupción administrativa en República Dominicana y abre ahora una nueva etapa procesal, marcada por las eventuales apelaciones de las defensas y las medidas patrimoniales que puedan derivarse del fallo.
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