La petición de algunos abogados defensores de imputados en el caso Antipulpo para que se declare la extinción del proceso penal ha generado un fuerte debate en la comunidad jurídica dominicana.
La solicitud se fundamenta en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece límites temporales para la persecución penal, con posibilidad de extensión en caso de sentencia condenatoria.
| De acuerdo con esta disposición, el plazo de duración de los procesos inicia con los primeros actos del procedimiento, como la solicitud de medidas de coerción y los anticipos de pruebas, y puede extenderse por doce meses en caso de condena, a fin de tramitar los recursos. No obstante, el Código aclara que las dilaciones provocadas por la defensa no deben ser consideradas dentro de este cómputo. |
La controversia en torno al caso Antipulpo podría sentar un precedente que impacte otros procesos de gran relevancia, como los expedientes Medusa, Coral y Coral 5G, que también son llevados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El caso Antipulpo se inició el 29 de noviembre de 2020 con una serie de allanamientos y arrestos que involucraron a 27 personas físicas y 21 compañías, en una presunta red de corrupción liderada por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
Por su parte, en el caso Coral, los imputados fueron arrestados en abril de 2021, con 49 allanamientos realizados en varias provincias, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Vega.
El caso Medusa, que salió a la luz en junio de 2021, involucra a 41 personas y 22 empresas, incluyendo al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
Precedentes en casos de corrupción
En la justicia dominicana ya existen antecedentes recientes de extinción de acción penal debido al vencimiento de los plazos procesales.
El 14 de septiembre de 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud de la defensa del imputado Pedro Rafael Peña Antonio, declarando extinguida la acción penal en el caso Super Tucano, un proceso iniciado en 2016 pero cuya acusación formal fue presentada en 2017.
Más recientemente, el 22 de abril de 2024, el mismo tribunal declaró la extinción de la acción penal en el caso de la venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos, beneficiando a la imputada Lisetel González.
Ante estos antecedentes, la decisión que tomen los jueces respecto a la solicitud en el caso Antipulpo podría marcar un antes y un después en la estrategia procesal de los casos de corrupción administrativa en el país, generando repercusiones en otras investigaciones en curso.
El tribunal fijó para el 17 de marzo la emisión de su decisión sobre la solicitud de extinción del proceso.
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