La abogada Wendy Lora solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción del proceso judicial contra su clienta, Carmen Magalys Medina Sánchez, alegando que la dilación del denominado caso Antipulpo ha vulnerado sus derechos fundamentales.
Durante la audiencia, Lora argumentó que el proceso contra su defendida inició el 6 de diciembre de 2020 y que, debido a retrasos imputables al Ministerio Público, hubo una demora de ocho meses en su desarrollo, lo que ha afectado el debido proceso.
Además, señaló que Medina Sánchez ha cumplido 32 meses bajo arresto domiciliario y que, a la fecha, el caso ha transcurrido por más de cuatro años y tres meses sin una resolución definitiva.
Mencionó además que, de acuerdo a la Ley 10-15, que modifica el artículo 148 del Código Procesal Penal “la duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento.”
La defensora también denunció la inclusión de un disco duro inservible como prueba dentro del expediente, el cual, según su criterio, no guarda relación con el caso.
Asimismo, sostuvo que el órgano persecutor tuvo que ser intimado en varias ocasiones para avanzar con procedimientos clave, lo que considera un reflejo de negligencia en la conducción del proceso.
En el mismo sentido, la defensa de Juan Alexis Medina, encabezada por su equipo legal, se adhirió a la solicitud de extinción, resaltando que su representado ha permanecido 37 meses privado de libertad sin una sentencia definitiva.
Otras once defensas se sumaron a la petición, denunciando la prolongación excesiva del proceso judicial y señalando que, aunque finalice la prisión preventiva, “la prisión termina, pero no la condena”.
El tribunal fijó para el 17 de marzo la emisión de su decisión sobre la solicitud de extinción del proceso, lo que determinará si acoge los alegatos de la defensa o si el caso continuará su curso judicial.
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