Se amplía la lista de funcionarios apartados del Gobierno por señalamientos de irregularidades

La reciente separación de Rafael Féliz García de la Dirección del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) vuelve a colocar en el debate público los casos de funcionarios que han sido removidos o que abandonaron cargos gubernamentales tras denuncias, investigaciones o escándalos relacionados con el manejo de recursos del Estado.

A diferencia de otros episodios ocurridos en los últimos años, en los que predominó la renuncia voluntaria como mecanismo de salida, Féliz García fue destituido de manera directa, luego de que se hicieran públicas acusaciones sobre supuestos cobros indebidos equivalentes al 5 % de los salario del personal del ITLA, como aporte al movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, fundado por el exrector.

La decisión fue formalizada mediante el decreto 39-26, emitido el pasado viernes, lo que marcó un precedente frente a situaciones anteriores.

Entre los casos que han generado mayor repercusión figura el de Santiago Hazim, apartado de la dirección del Seguro Nacional de Salud (Senasa), tras ser señalado por presuntas anomalías en contrataciones de medicamentos, desembolsos millonarios sin respaldo comprobable y la existencia de un alegado centro paralelo para autorizaciones irregulares.

En el sector educativo y de asistencia social también se produjeron separaciones relevantes. En febrero del 2022, Cecilio Rodríguez fue removido del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por cuestionamientos en la adjudicación de raciones escolares, mientras que Roberto Fulcar dejó el Ministerio de Educación en agosto de 2022, en medio de fuertes críticas a su gestión.

Otro caso de alto impacto es el de Hugo Beras, quien fue separado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en septiembre de 2024, tras ser vinculado a la llamada Operación Camaleón, un proceso judicial que investiga supuestas adjudicaciones fraudulentas de contratos y que incluye cargos por estafa al Estado y asociación de malhechores.

En el ámbito de las empresas públicas, Luis Michel Dicent fue retirado de la administración de la Lotería Nacional en mayo 2021, luego de destaparse un fraude millonario en sorteos, caso que dio origen a la Operación 13. De igual modo, en mayo 2022, Adán Peguero fue destituido del Instituto Postal Dominicano (Inposdom) tras detectarse irregularidades en un contrato suscrito con la empresa Mía Cargo Group.

También figura José Leonel Cabrera, conocido como Neney Cabrera, quien presentó su renuncia a la dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) en 2023, luego de denuncias sobre licitaciones supuestamente irregulares en el programa Pinta tu Barrio, relacionadas con empresas consideradas fantasmas.

En el Ministerio de la Juventud, en 2023, Luz del Alba Jiménez fue separada del cargo tras señalamientos de intento de favorecer proveedores específicos en procesos de compras de equipos tecnológicos.

Su predecesora, Kinsberly – Kimberly – Taveras Duarte renunció a su cargo el 7 de diciembre de 2020, tras abrirse una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias. En ese momento, el Ministerio Público informó que se estaban llevando a cabo una serie de investigaciones sobre las declaraciones juradas de bienes de funcionarios y exfuncionarios, entre las que figura la de Taveras Duarte.

A esto se suma la salida de Lisandro Macarrulla del Ministerio de la Presidencia, en julio 2022, quien primero solicitó licencia y luego renunció, tras la vinculación indirecta de su hijo en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Medusa.

Más recientemente, Víctor Castro fue destituido como director ejecutivo del Inabie, en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a la alimentación escolar y la adquisición de útiles.

Estos casos evidencian el impacto que han tenido las investigaciones administrativas y judiciales en la estructura del actual Gobierno, así como los retos persistentes en materia de fiscalización, transparencia y uso adecuado de los fondos públicos.