El proceso de transformación de la Policía Nacional acumula cinco años de implementación y registra, según el balance presentado este jueves por el comisionado ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial, Luis García, 11,001 jóvenes incorporados, 8,573 graduados, 100 nuevos destacamentos y un aumento de 31 % de los agentes desplegados en las calles bajo un nuevo modelo de servicio.
El informe fue presentado durante un conversatorio organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través del Consorcio de Educación Cívica y la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano de la Reforma Policial, con participación de representantes de la institución, la academia y la sociedad civil.
Formación y tecnología, entre los principales cambios
De acuerdo con García, el proceso ha sido estructurado en tres grandes líneas de transformación: tecnología y educación; un modelo de servicio que coloca al ciudadano como centro de la actuación policial; y la consolidación del marco legal y de los proyectos vinculados con la reforma.
Entre las cifras presentadas figura la incorporación de 11,001 jóvenes a la Policía, de los cuales 2,734 son mujeres. También se informó que 8,573 agentes han completado su formación.
Otro de los cambios señalados es la extensión del período de preparación de los nuevos policías, que pasó de tres meses a un año.
La reforma también registra, según sus responsables, más de 8,000 cámaras corporales y centros de monitoreo, además de 15 protocolos relacionados con la actuación policial.
En materia de entrenamiento, el comisionado informó que 8,434 agentes han sido capacitados en el Sistema Táctico Policial (SITAB), concebido para fortalecer la intervención de los agentes durante sus labores en las calles.
Un modelo que busca cambiar la actuación policial
García explicó que el proceso contempla una transición hacia un modelo de servicio policial que busca modificar la relación entre los agentes y la ciudadanía.
La propuesta parte de una mayor presencia operativa, apoyada en tecnología y capacitación, pero su efectividad no depende únicamente del número de agentes incorporados o de los equipos disponibles. También requiere que esos instrumentos se traduzcan en mejores prácticas, controles internos y una actuación policial ajustada a la ley.
Ese aspecto adquiere especial relevancia mientras el país discute la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. El Senado aprobó en segunda lectura en julio el proyecto que modifica la Ley 590-16, con disposiciones relacionadas con la carrera policial, el uso de la fuerza, la supervisión y otros aspectos del funcionamiento institucional.
48 proyectos derivados del nuevo marco legal
García señaló además que fueron estructurados 48 proyectos vinculados con la nueva Ley Orgánica, distribuidos en áreas como gestión humana, ajustes normativos, capacidades institucionales y gestión administrativa y financiera.
El objetivo, explicó, es avanzar hacia un sistema de carrera policial.
La dimensión legal constituye uno de los puntos determinantes del proceso. A mediados de 2026, la reforma enfrentaba todavía el desafío de convertir los cambios impulsados desde el Ejecutivo en una estructura jurídica capaz de sostenerlos.
La discusión legislativa no ha estado exenta de cuestionamientos. En agosto, legisladores plantearon la necesidad de revisar los proyectos con detenimiento y consultar a los sectores involucrados antes de su aprobación.
Cuatro fases para transformar la institución
Durante el encuentro, la coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano, Mukien San Ben, presentó el proceso dividido en cuatro etapas.
La primera correspondió al diagnóstico y diseño, considerada la arquitectura inicial del cambio. La segunda se concentró en la reestructuración institucional y el fortalecimiento académico.
La tercera etapa estuvo orientada al despliegue y la expansión de los cambios, mientras que la cuarta apunta a la institucionalización de una nueva cultura policial, con énfasis en la carrera, la gestión del talento y la formación profesional.
San Ben destacó la creación de un diseño curricular basado en competencias, la evaluación del cuerpo docente y la ampliación y mejora de la infraestructura del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).
El reto de que la reforma trascienda las cifras
El balance presentado ofrece una relación de inversiones, incorporaciones, graduaciones, equipamiento y cambios educativos. Sin embargo, la transformación policial enfrenta una prueba adicional: demostrar que esos avances modifican de manera sostenida la actuación de los agentes y la relación de la institución con los ciudadanos.
La propia discusión pública sobre la reforma ha señalado que los cambios materiales no necesariamente garantizan una transformación de las prácticas policiales. Acento ha documentado, además, que la institución continúa enfrentando cuestionamientos por abusos, corrupción y confianza ciudadana, mientras el proceso acumula cambios de dirección.
Desde agosto, la Policía está dirigida por el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien sustituyó a Andrés Modesto Cruz Cruz después de seis meses en el cargo. Rodríguez García se convirtió en el quinto director de la institución durante el Gobierno de Luis Abinader.
Por ello, el desafío de la reforma no se limita a completar proyectos o alcanzar determinadas metas numéricas. Su resultado final dependerá de que la capacitación, los nuevos protocolos, la tecnología, la carrera policial y el marco legal terminen produciendo una institución con controles efectivos, continuidad administrativa y mayor confianza ciudadana.
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