La Procuraduría General de la República firmó un acuerdo con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) que permitirá al Ministerio Público fomentar y desarrollar la cooperación estratégica en materia de la lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada.
El acuerdo contribuirá a fortalecer el plan contra las nuevas modalidades de la delincuencia y el crimen transnacional que impulsa el Ministerio Público de República Dominicana, como parte de los ejes estratégicos de la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Para desarrollar formalmente las acciones contra las actividades del crimen organizado, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de la procuradora general de la República, y Michael Schmid, presidente de Eurojust, firmaron el acuerdo, durante un acto en el que también participó el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, responsable de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos del Ministerio Público.
Entre las acciones contempladas en el acuerdo se encuentran el intercambio de información jurídica, estratégica y técnica, incluidos los resultados de análisis estratégicos, así como de información relativa a la legislación sustantiva y procesal penal, dificultades prácticas, buenas prácticas y los conocimientos adquiridos sobre cooperación judicial en materia penal, explicó Espiñeira.
El acuerdo incluye mejorar la cooperación judicial en el ámbito de la justicia penal, facilitando la comunicación entre las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y la Procuraduría de República Dominicana.
“Esta cooperación reforzada permitirá a las autoridades abordar áreas delictivas que afectan tanto a la Unión Europea como a los países latinoamericanos, como el tráfico de armas, el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia”, resaltó Espiñeira.
El acuerdo se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras obligaciones asumidas en virtud de cualquier acuerdo bilateral o multilateral entre República Dominicana y la Unión Europea, o cualquiera de sus Estados miembros, que contenga disposiciones que regulen la cooperación judicial en materia penal.
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