Procuradora destaca armas que mejoran persecución de la corrupción y lucha contra impunidad

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, confió en que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y el Código Penal que entrarán en vigencia el próximo año contribuyan a la fortaleza institucional del país y a mayores niveles de transparencia, ya que aportan mecanismos más eficaces para la persecución de la corrupción administrativa y la erradicación de la impunidad.

Reynoso encabezó un conversatorio junto a Víctor Bisonó Haza, ministro de Industria y Comercio y Mipymes (MIC); Milagros Ortiz Bosch, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), y Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas sobre las reformas que respaldan la lucha anticorrupción.

Reynoso y Pimentel dictaron la charla “Protegiendo lo nuestro con integridad” en la que abordaron los avances de la Ley de Contrataciones (Ley 47-25, del 28 de julio de 2025) y el Código Penal (Ley 74-25, del 3 de agosto de 2025).

Como parte del necesario proceso de divulgación sobre el alcance de la Ley 47-25 y la Ley 74-25, la procuradora general viene impartiendo una serie de conferencias, charlas y talleres en los que aborda en diversas entidades las novedades de ambas legislaciones que, junto a leyes como la que castiga el lavado de activos, actualizan al país respecto al marco jurídico internacional.

Reynoso destacó, por ejemplo, el hecho de que el nuevo código incluye la responsabilidad penal de la persona jurídica.

“Las empresas son responsables y responden ante la ley con su patrimonio, lo que significa que, si participan en soborno o cualquier acto de corrupción, pueden llevar una pena o la sanción mayor, que es hasta la disolución y lleva casi siempre, como una medida administrativa, la inhabilitación y el principal contratante que hay es el Estado”, advirtió.

“Es muy importante -prosiguió- que el sector empresarial sepa que antes solo si se imputaba de lavado se podía perseguir a la persona jurídica, pero con el nuevo Código ahora en todos los delitos se le puede perseguir y pueden llevar desde una multa a un cierre provisional, a la inhabilitación como proveedor del Estado y a la pena mayor, que es la disolución”.

En cuanto a los servidores públicos, recordó que “tener dinero no es malo; pero usted tiene que probar que esos fondos son lícitos, de lo contrario incurre en el tipo penal de enriquecimiento ilícito”, delito que conlleva a la inhabilitación "para siempre”.

Bisonó Haza

El ministro Bisonó Haza destacó a su vez que “el nuevo Código Penal se presenta como una oportunidad para elevar la ética y la calidad del servicio público”.

Definió el Código como “un pilar que guía nuestra conducta y que reafirma nuestra vocación de servir con excelencia, inspirando a la sociedad y a las futuras generaciones de dominicanos”.

“Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes trabajamos para predicar con hechos. Hemos alcanzado certificaciones internacionales como la ISO 37001 de Gestión Antisoborno y la ISO 37301 de Cumplimiento Normativo, que reafirman nuestra vocación por el quehacer ético y transparente”, indicó.

“Este compromiso lo hemos llevado a las 13 instituciones adscritas al MICM, asegurando que cada colaborador interiorice y viva los principios de ética y cumplimiento”, sostuvo.

Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel

De su lado, Milagros Ortiz Bosch valoró la actividad como parte del compromiso cívico de orientación que desarrolla el Estado.

“Es importante que nos demos cuenta que hay una ley nueva, con delitos o crímenes que no conocíamos, tecnológicos, de otros tipos de sustancias que afectan a toda la sociedad”, apuntó.

Carlos Pimentel resaltó la importancia de que los servidores públicos se interesen por conocer las nuevas normativas y recordó que “las responsabilidades son individuales”.

Recordó que, por esa razón, el Gobierno hace esfuerzo, en coordinación con la Procuraduría General de la República, para que “todos los servidores públicos puedan conocer disposiciones normativas aprobadas y promulgadas recientemente en la República Dominicana”.