La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, aseguró este miércoles que el Ministerio Público no ha suscrito ningún acuerdo con los imputados del proceso judicial que se conoce como caso Cobra o caso Senasa.
"Este Ministerio Público no tiene ningún acuerdo hasta el momento", afirmó Ortiz al término de la revisión de la medida de coerción a los imputados que cumplen la medida de coerción en el Centro de Corrección Las Parras.
La procuradora explicó que durante la vista algunos de los imputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia para disponer de más tiempo con el propósito de obtener el presupuesto correspondiente a Santiago Hazim y estar preparados para presentarlo como parte de sus argumentos de defensa.
Indicó que el tribunal acogió la solicitud al considerarla un derecho de las partes, por lo que decidió aplazar la audiencia para permitir que los presupuestos sean incorporados y sometidos a revisión durante la próxima sesión.
Ortiz reiteró que, aunque en este caso no existe ningún acuerdo con los imputados, el Ministerio Público mantiene una postura favorable a este tipo de mecanismos cuando proceden conforme a la ley.
"En este Ministerio Público no tiene ningún acuerdo, pero nosotros somos proacuerdo", expresó.
La audiencia fue reprogramada para el próximo 5 de agosto.
Los acusados en este expediente son Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa y señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla del entramado; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El órgano acusador les imputa los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El origen del caso: la Operación Cobra
El caso tiene su origen en la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público develó un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado durante años en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Según la evidencia documental presentada por la Procuraduría, el perjuicio causado a las reservas técnicas de la institución es de RD$ 15,921 millones, producto de la manipulación de procesos financieros, falsificación de documentos y ejecución de pagos irregulares.
De acuerdo con la acusación, Hazim habría monopolizado la prestación de servicios de atención primaria a favor de empresas vinculadas al Grupo Read, con contratos que superarían los RD$ 22 mil millones.
El exfuncionario recibía, según el expediente, el 90 % de los sobornos pagados por las empresas proveedoras, exigiendo que los pagos se realizaran en dólares durante 2020 y 2025.
En diciembre de 2025, tres de los imputados confesaron ante el juez haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios de la entidad, lo que el Ministerio Público calificó como un elemento de peso en la solidez de la acusación.
Un proceso que se amplía
El caso no está cerrado.
En marzo de 2026, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, confirmó que se prepara una segunda fase con el sometimiento de nuevos implicados.
"El caso Senasa no es un caso cualquiera. Es un caso que golpeó las entrañas", expresó el magistrado.
El presidente Luis Abinader, por su parte, se ha constituido en actor civil dentro del proceso y ha reiterado públicamente que los responsables "tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado".
De confirmarse los cargos, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
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