Participación Ciudadana calificó este jueves como una “invaluable oportunidad” para que el Gobierno examine sus políticas públicas en materia de salud las denuncias sobre irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al tiempo que exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con rigor para evitar que impere la impunidad.
Durante una rueda de prensa, la organización cívica no partidista manifestó que espera una investigación completa, profunda y transparente sobre los hechos denunciados en el Senasa, y saludó la decisión del Poder Ejecutivo de remitir su hallazgo al Ministerio Público.
“Confiamos en que este órgano documente y persiga cualquier acto reñido con la ley para que no prevalezca la impunidad en un sector tan sensible y vital importancia para los afiliados y toda la ciudadanía”, enfatizó.
En ese orden, exigió que haya consecuencias sobre aquellos que resulten responsables sin importar cargos, afinidades políticas, rol público o privado.
Asimismo, la organización indicó que los hechos denunciados en diferentes medios de comunicación por los periodistas de investigación y la oposición y con ello la adopción de resolución por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) contra uno de los procesos de Senasa, calificado como de irregular, demuestra que el cuidado de los recursos públicos de los contribuyentes es una tarea constante que trasciende gobiernos.
“El caso no solo implica a Senasa, sino a un conjunto de operadores del sector salud público y privado, cuyas actuaciones deben ser profundamente indagadas por los órganos de investigación”, precisó Participación Ciudadana.
Además, argumentó que los hechos sobre Senasa evidencian irregularidades originadas en deficiencias de gestión, falta de mecanismo de transparencia, prácticas corruptas y clientelares, las cuales han provocado un déficit financiero de varios miles de millones, así como demora en la entrega de medicamento y en los pagos a las prestadoras de servicio de salud, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y deteriorando su credibilidad establecida durante años.
Participación Ciudadana expresó su preocupación por los contratos difundidos, los cuales – considera – reflejan una intención de privatizar servicios en detrimento de la salud pública, en especial la red de atención primaria que cuenta con las condiciones para atender a la ciudadanía.
En ese sentido, advirtió que dichas contrataciones podrían afectar el interés general, provocar pérdida de recursos públicos, ineficiencia en los servicios y debilitar la legitimidad institucional.
Asimismo, señaló que la privatización de servicios esenciales como la salud en condiciones desfavorables para el Estado y la población plantea serias preocupaciones éticas, sociales y económicas.
Aunque reconoció que el sector privado puede aportar eficiencia, innovación y recursos, la organización cívica no partidista advirtió que cuando la contratación se realiza sin regulaciones adecuadas, sin transparencia y bajo esquemas que priorizan el lucro por encima del bienestar colectivo los resultados terminan siendo perjudiciales para la mayoría, en especial los sectores más vulnerables.
“Cada acto de corrupción retrasa tratamiento, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de quienes más lo necesitan”, subrayó.
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