El abogado y coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, conocido como Pancho Álvarez, cuestionó la distribución de los jueces en las salas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al considerar que no se tomó suficientemente en cuenta la especialidad y experiencia profesional de algunos magistrados al momento de asignarles sus funciones.
Álvarez señaló que el magistrado Julio César Canó, quien ha dedicado su trayectoria a la materia penal, fue colocado en la Tercera Sala, que conoce asuntos laborales, inmobiliarios, tributarios y contencioso-administrativos.
También cuestionó que Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, con experiencia en materia administrativa y constitucional, fuera asignado a la Segunda Sala, especializada en asuntos penales.
El jurista mencionó, además, a la magistrada Yorlin Vásquez Castro, a quien describió como una experta en materia tributaria y, posiblemente, la única con esa especialidad en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, fue integrada a la Sala Penal y no a la Tercera Sala, que conoce los asuntos tributarios.
"Alguna razón habrá para justificar estas decisiones, por lo que espero que esas razones sean transparentadas", expresó Álvarez al referirse a la distribución de los magistrados.
En la misma línea, a través de su cuenta de X, se pronunció el jurista Eduardo Jorge Prats esta semana, quien también cuestionó la asignación de algunos magistrados a salas distintas de aquellas con las que, a su juicio, guardan mayor correspondencia por su trayectoria profesional. Entre sus observaciones, consideró que Diomede Villalona debió ser integrado a la Tercera Sala; Fran Soto, a la Segunda; Yorlin Vásquez, a la Tercera, y Julio César Canó, a la Sala Penal.
No obstante, Jorge Prats hizo una salvedad al considerar que las salas quedaron equilibradas y que sus integrantes tienen capacidad para desempeñar las funciones que les fueron asignadas, aunque no todos hayan sido ubicados en las jurisdicciones más relacionadas con su experiencia habitual.
Por su parte, la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), en la voz de la abogada Leidy Blanco, también expresó preocupación por la conformación de las salas la semana pasada. La organización cuestionó tanto la correspondencia entre la especialidad de algunos jueces y las jurisdicciones asignadas como la representación de las mujeres en esos espacios.
La ROI señaló que la Primera Sala quedó integrada por tres mujeres y dos hombres; la Segunda, por una mujer y cuatro hombres; mientras que la Tercera Sala quedó conformada exclusivamente por hombres. La entidad pidió que se transparenten los criterios utilizados para distribuir a los magistrados y aclaró que sus observaciones no cuestionan la capacidad ni la idoneidad de los jueces.
Renovación de la Suprema Corte de Justicia
Las observaciones se producen luego de la renovación de la Suprema Corte de Justicia y la reorganización de sus salas. El magistrado Justiniano Montero Montero asumió la presidencia de la alta corte y del Consejo del Poder Judicial el pasado 10 de noviembre, tras ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La llegada de Montero se produjo luego del proceso de evaluación y selección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que también definió la nueva composición del tribunal.
Dos días después, el 12 de noviembre, el Pleno de la SCJ aprobó la integración de sus tres salas y designó a sus respectivos presidentes: Arelis Socorro Ricourt Gómez, en la Primera Sala; Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, en la Segunda; y Rafael Vásquez Goico, en la Tercera.
La Primera Sala conoce los asuntos civiles y comerciales; la Segunda, los casos penales, incluidos los procesos por corrupción administrativa; mientras que la Tercera tiene competencia sobre las materias de tierras, laboral, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.
En esa reorganización, Villalona quedó al frente de la Sala Penal, mientras Canó fue integrado a la Tercera Sala y Yorlin Vásquez a la Segunda. Esta distribución ha motivado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para asignar a los jueces a las distintas jurisdicciones.
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