Más de la mitad de los pagos que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) hizo a Servicios Nacional de Seguridad Integral, SRL (Senase) durante el período auditado carecen de comprobantes de asistencia y contienen soportes incompletos, según una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Son RD$ 111,901,581 de un total pagado de RD$ 174,253,101.
La investigación abarcó del primero de enero de 2020 al 18 de marzo de 2025 y la realizó la entidad auditora a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Esa solicitud se enmarca en la Operación Lobo, un caso en el que empresarios, altos oficiales militares y policías figuran como imputados en un presunto entramado de sobornos.
El informe del órgano de control no menciona la operación ni vincula sus hallazgos con los imputados, quienes se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme.
Según una comunicación del INAIPI del 6 de octubre de 2025, la institución no registra compras ni adjudicaciones a favor de la empresa de seguridad Senase hasta el segundo trimestre de 2022. Por ello, el análisis cubrió desde el tercer trimestre de 2022 hasta el 18 de marzo de 2025.
Contratos y pagos

Según el informe, se evaluaron siete procesos de compras, de los que derivaron ocho contratos. El monto contratado, incluidas las adendas, fue de RD$ 195,473,395. Los pagos registrados sumaron RD$ 174,253,101: RD$ 66,097,831 en 2023, RD$ 87,680,632 en 2024 y RD$ 20,474,638 en 2025, según relata el documento.
Los ocho contratos comprenden uno de RD$ 24,893,599, firmado el 21 de diciembre de 2022, con dos adendas, de RD$ 12,446,799 y RD$ 10,795,352. Otro, del 7 de septiembre de 2023, fue por RD$ 20,735,097 y tuvo una adenda de RD$ 10,367,548.
Cinco contratos más, del 8 de enero de 2024, fueron de RD$ 5,154,000 cada uno, con adendas de RD$ 2,577,000 en febrero de 2024. El último, del 1.º de marzo de 2024, fue el de mayor monto: RD$ 77,580,000.
Pagos sin comprobantes La observación de mayor monto indica que la institución tramitó y pagó RD$ 111,901,581, correspondientes a 2023 y 2024, sin reportes de asistencia, bitácoras ni controles de entrada y salida del personal de seguridad. Según el órgano de control, esa ausencia impidió validar la prestación real del servicio antes de autorizar los pagos.
El informe atribuye a esta observación indicios de responsabilidad penal, con base en el artículo 49 de la Ley 10-04 y en los artículos 123, 124 y 405 del Código Penal.
Facturas y fechas

Otra observación se refiere a pagos por RD$ 55,732,959 con inconsistencias entre la vigencia de los contratos, los períodos de servicio y la emisión de facturas: hay facturas emitidas antes del cierre del período facturado y otras por servicios anteriores a la vigencia del contrato. El informe también atribuye a esta observación indicios de responsabilidad penal, con base en los artículos 123 y 124 del Código Penal.
Zonas y horas
La Cámara de Cuentas también señala que se facturaron y registraron RD$ 25,322,089 con cargo a contratos de zonas distintas de aquellas donde se prestó el servicio, sin validar la zona contractual correspondiente.
En cuanto a las horas, el ente fiscalizador indica que 673,634 horas facturadas carecían de reportes de asistencia que permitieran verificar su clasificación. Además, cuantifica RD$ 5,550,170 por 38,070 horas adicionales a las contratadas y RD$ 1,005,053 por una clasificación incorrecta de horas diurnas y nocturnas.
Adendas y actas
En materia contractual, el informe observa que una segunda adenda a uno de los contratos firmados en diciembre de 2022 elevó el monto original en 93 %, con un exceso de RD$ 10,795,352 sobre el límite legal del 50 %. También observa que tres actas del Comité de Compras y Contrataciones, por RD$ 164,549,395, carecían de motivación.
Otras tres observaciones
Completan el cuadro otras tres observaciones: faltan documentos de soporte en los expedientes de los procesos; el proveedor no cumplió la rotación del personal prevista en el pliego, pues en 48 centros trabajó un solo agente durante todo un fin de semana; y dos libramientos de abril de 2023 presentan una diferencia de RD$ 85,875, porque las tarifas facturadas estuvieron por debajo de las fijadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Montos por administración
El informe separa varios montos según la administración del organismo en que ocurrieron los hechos: la que va del 22 de octubre de 2020 al 21 de agosto de 2024 y la iniciada el 21 de agosto de 2024. Las facturas con inconsistencias de fechas suman RD$48,750,040 en la primera y RD$ 6,982,919 en la segunda. Los pagos por zonas distintas suman RD$ 16,208,113 y RD$ 9,113,976, respectivamente.
En el mismo orden, las horas adicionales facturadas suman RD$ 3,374,832 y RD$ 2,175,338, y la diferencia por clasificación de horas, RD$ 869,273 y RD$ 135,780. La observación sobre la rotación del personal se refiere a un libramiento del 18 de febrero de 2025, que corresponde a la facturación de noviembre de 2024.
Las respuestas

El informe recoge los reparos de la exdirectora ejecutiva del INAIPI, Besaida Santana de Báez, presentados el 1.º de octubre de 2026. Sobre las actas, sostuvo que estaban motivadas. Respecto de la adenda, explicó que respondió a la salida del personal militar de los centros y al aumento de los centros que requerían vigilancia, y que la Contraloría General de la República la aprobó y registró.
Sobre la asistencia, la exdirectora afirmó que existen controles de facturación firmados y sellados en los centros que acreditan la recepción del servicio. En cuanto a las tarifas, indicó que la diferencia se debe a una circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Sobre las horas adicionales, la exdirectora respondió que no tiene evidencia ni respuesta, porque esos pagos se hicieron durante la administración iniciada el 21 de agosto de 2024. Sobre la rotación del personal, señaló que el libramiento corresponde a un período posterior a su salida, ocurrida por el decreto n.º 455-24 del 21 de agosto de 2024.
En cuanto a la clasificación de horas, aceptó el monto de RD$ 1,005,053, pero cuestionó la metodología: según su escrito, el recálculo de los auditores arroja 9,642 horas más que las facturadas.
Funcionarios del INAIPI
La encargada de la División de Contabilidad del instituto, Michelina Luna Solano, respondió a los auditores por escrito sobre las observaciones de fechas, tarifas y zonas contractuales. Indicó que Contabilidad verificó la disponibilidad presupuestaria, las certificaciones fiscales y la consistencia aritmética de los expedientes, y que la imputación de las facturas la hizo el área gestora de los contratos, con la aprobación de la autoridad ejecutiva.
Sobre los pagos sin registros de asistencia, otros funcionarios de la entidad oficial respondieron por escrito. El encargado de Fiscalización y Supervisión de los Centros, José González Batista, indicó que asumió el cargo el primero de septiembre de 2024, tras la tramitación de los pagos observados. La encargada de Relaciones Laborales y Sociales, Aileen García, dijo que ese proceso no fue gestionado por ella.
Respuesta de auditores
Tras revisar las respuestas de la exdirectora, los auditores de la Cámara de Cuentas mantuvieron las observaciones. Sobre las actas, precisaron que solo la de la licitación de 2022 carece de motivación; las demás corresponden a actas de adjudicación, a las que no se refiere la observación. En la observación sobre documentos de soporte, excluyeron los que se subsanaron parcialmente y la mantuvieron respecto de los pendientes.
En cuanto a los controles de facturación, señalaron que presentan resúmenes de días y horas, pero no identifican al personal por turnos ni incluyen registros de entrada y salida. Sobre la adenda, indicaron que las situaciones planteadas no justifican superar el 50 %.
Sobre las tarifas, precisaron que los pagos observados correspondían a meses anteriores a la vigencia del ajuste citado. En las observaciones sobre horas adicionales, rotación del personal y clasificación de horas, indicaron que no se aportó evidencia adicional.
Conclusiones y pasos siguientes
La CCRD concluyó que el proceso auditado presenta un nivel de cumplimiento insuficiente de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales. Según el informe, los hallazgos con responsabilidad administrativa y civil se remiten a la entidad fiscalizada, y los que presentan indicios de responsabilidad penal sustentan que se remitan los resultados al Ministerio Público. El órgano de control externo precisó que esa determinación tiene naturaleza autónoma y no limita las decisiones de otras autoridades.
Según el cuadro de responsabilidades del informe, las nueve observaciones comprometen la responsabilidad administrativa. La observación 3.8 también compromete responsabilidad civil, y las observaciones 3.4 y 3.5 presentan indicios de responsabilidad penal. El informe recuerda que la ley prevé multas administrativas de entre cien y quinientos salarios mínimos del sector público para los servidores que incurran en las faltas descritas.
Entre sus recomendaciones, el ente fiscalizador pidió a la máxima autoridad de la entidad que elaborara un Plan de Acción Correctivo en un plazo de veinticinco días hábiles, contados desde la notificación del informe. Según el informe, las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio y la entidad auditora verificará su aplicación.
Compartir esta nota