Tras la decisión de un juez de imponer medidas de coerción a los 10 arrestados en la Operación Cobra, el Ministerio Público informó que trabajará para que respondan por sus hechos ante los tribunales los implicados en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, indicó, además, que el órgano persecutor presentará la versión 2.0 de la Operación Cobra, con la que procederá a traducir a la justicia a otras personas físicas y jurídicas implicadas en el fraude.
Además, consideró que la decisión del juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, de prisión preventiva y domiciliaria a los imputados, fue “histórica”.
“La decisión que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos”, dijo Camacho, al explicar que el juez reconoció la gravedad de los hechos calificándolos como crueles y graves.
Además, el tribunal tomó en cuenta “la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso, citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público”.
“Lo tercero fue que (el juez) valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para siete de los imputados y los envió a Najayo Hombres y Najayo Mujeres, respectivamente; y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros tres”, especificó.
Camacho explicó que en adelante el Ministerio Público se apresta a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido, y en segundo lugar los abogados a trabajar día y noche como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso”.
Noticias relacionadas
Compartir esta nota
