El caso de una joven madre trasladada por agentes de Migración desde el Hospital Regional Docente Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, junto a su bebé de apenas 16 días de nacido, volvió a colocar bajo cuestionamiento la aplicación de los controles migratorios dentro de los hospitales públicos del país.
La denuncia fue realizada por familiares de la joven y por el defensor de derechos humanos Fernando Aponte, quienes afirmaron que la madre habría presentado un documento que identificaron como acta de nacimiento dominicana. Tras el traslado, la Dirección General de Migración habría indicado que la joven no fue deportada, sino llevada a un centro migratorio para fines de verificación.
El caso genera una pregunta central: ¿qué ocurre cuando una persona es retenida dentro de un hospital, especialmente si se trata de una madre reciente, con un recién nacido, y con alegatos de nacionalidad dominicana?
El SNS se desliga, pero el hecho ocurrió dentro de un hospital público
El Servicio Nacional de Salud se desligó del caso al señalar que las actuaciones migratorias corresponden a la Dirección General de Migración, no al personal médico ni administrativo del hospital.
Sin embargo, el hecho ocurrió dentro de un centro de la red pública. Esa circunstancia mantiene abierto el debate sobre la responsabilidad institucional de los hospitales cuando una paciente, recién parida o en proceso de atención, es abordada por agentes migratorios en un espacio que debería priorizar la salud, la recuperación y la protección de madre e hijo.
El Hospital Doctor Antonio Musa no es un centro cualquiera dentro de esta discusión. Figura entre los hospitales priorizados por el protocolo migratorio aplicado en la red pública, según publicaciones oficiales del SNS, que incluyeron ese centro dentro del listado de hospitales con presencia o supervisión migratoria por concentrar una alta demanda de atenciones a pacientes extranjeros.
Qué dice el protocolo migratorio en hospitales
El protocolo comenzó a aplicarse el 21 de abril de 2025 en 33 hospitales públicos estratégicos, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración irregular y ordenar los servicios públicos.
De acuerdo con la Dirección General de Migración, los agentes deben verificar que los pacientes extranjeros cuenten con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y capacidad de cubrir el costo de los servicios recibidos. La misma institución indicó que, en caso contrario, las personas deben ser atendidas médicamente y, una vez recuperadas, repatriadas conforme a las disposiciones del Poder Ejecutivo.
La aplicación del procedimiento fue presentada por las autoridades como una medida para ordenar la atención, proteger la sostenibilidad del sistema hospitalario y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias. El SNS y Migración sostuvieron entonces que el protocolo no impediría la atención médica a ninguna persona, nacional o extranjera.
Mujeres embarazadas y parturientas bajo observación
Uno de los puntos más sensibles del protocolo es su aplicación a mujeres embarazadas y recién paridas. La DGM informó que, en los casos de pacientes dadas de alta, principalmente mujeres en proceso postparto, el traslado procede luego de validar el período de observación de tres días para partos naturales y siete días para cesáreas.
En teoría, ese estándar busca evitar traslados antes de la recuperación médica mínima. En la práctica, sin embargo, el caso de la joven llevada desde el Antonio Musa con un bebé de 16 días muestra la fragilidad del procedimiento cuando se mezclan salud materna, nacionalidad, documentación, vulnerabilidad económica y presencia de agentes migratorios dentro de un hospital.
Si, como sostienen los denunciantes, la joven presentó un acta de nacimiento dominicana, el caso no solo sería migratorio. También tendría implicaciones de identidad, registro civil, protección de derechos y posible afectación a una persona que alega ser nacional dominicana.
Migración dice que no fue deportada
Tras la denuncia, la información ofrecida sobre el caso apunta a que la joven no fue deportada de inmediato, sino trasladada para verificación en el sistema migratorio.
Esa precisión es importante, pero no elimina las dudas. Una cosa es no haber sido deportada y otra distinta es haber sido retirada de un hospital junto a un recién nacido en medio de una controversia sobre documentos, nacionalidad y recuperación médica.
El punto crítico no es únicamente el destino final, sino el procedimiento: quién autorizó el traslado, si existía alta médica, si se verificó la documentación presentada, si hubo acompañamiento de trabajo social, si se notificó a familiares, si se tomó en cuenta la condición del bebé y si se activaron protocolos de protección por posible vulnerabilidad.
El Gobierno defiende la medida como control migratorio
La presencia de agentes migratorios en hospitales se inscribe dentro del paquete de 15 medidas anunciado por el presidente Luis Abinader en abril de 2025 para enfrentar la migración irregular y reforzar la soberanía nacional ante la crisis haitiana.
Posteriormente, el Gobierno explicó que en el sector salud se establecieron nuevos protocolos hospitalarios, incluida la identificación obligatoria para la atención y la repatriación tras recuperación si la persona no está regularizada. También informó la presencia de personal de interdicción migratoria en 33 hospitales que concentran el 75 % de los partos de indocumentadas.
Las autoridades han defendido que el objetivo no es negar atención médica, sino ordenar el uso de los servicios públicos. El SNS informó en junio de 2025 que, tras la entrada en vigencia del protocolo, los servicios ofrecidos a ciudadanos haitianos se redujeron hasta en 67 % en algunas áreas, al comparar enero y mayo de ese año.
Las críticas: miedo a ir al hospital y riesgo de discriminación
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la medida por entender que puede disuadir a personas migrantes, solicitantes de regularización o dominicanos de ascendencia haitiana de acudir a hospitales por miedo a ser detenidos.
Amnistía Internacional ha advertido que vincular la atención médica con procesos de deportación puede poner vidas en peligro y afectar especialmente a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad. La organización también ha señalado que los requisitos documentales pueden convertirse en una barrera de acceso a la salud.
La crítica no se limita a las personas extranjeras. También alcanza a dominicanas y dominicanos que, por problemas de registro, falta de documentos a mano, ascendencia haitiana, color de piel, apellido, idioma o condición social, podrían quedar expuestos a verificaciones confusas o actuaciones precipitadas.
¿Son seguros los hospitales para las dominicanas?
Los hospitales públicos deben ser espacios seguros para todas las personas, dominicanas o extranjeras. Ninguna mujer debería evitar una emergencia, un parto, una consulta o una atención postparto por miedo a ser retenida, interrogada o trasladada.
En términos médicos, el hospital sigue siendo el lugar adecuado para recibir asistencia. Pero el protocolo migratorio ha introducido una preocupación adicional: la seguridad ya no se mide solo por la calidad de la atención, sino también por cómo se aplican controles administrativos dentro de centros destinados a proteger la vida.
Para una dominicana con documentos en regla, el riesgo legal debería ser inexistente. Sin embargo, el caso de la joven trasladada desde San Pedro de Macorís muestra que, cuando hay confusión documental o cuestionamientos sobre identidad, una persona puede verse envuelta en un procedimiento migratorio incluso dentro de un hospital.
Por eso, la respuesta institucional no puede ser simplemente decir que Migración actúa por su cuenta. Si el procedimiento ocurre dentro de un hospital, el sistema de salud tiene la responsabilidad de garantizar que ningún traslado afecte la salud del paciente, que no se vulnere la dignidad humana y que se verifiquen adecuadamente los documentos antes de cualquier decisión.
Cómo cuidarse en un hospital ante una situación de verificación
La principal recomendación es no dejar de acudir a un hospital por miedo. Ante una emergencia, un parto, fiebre en un recién nacido, sangrado, dolor intenso, dificultad respiratoria o cualquier señal de alarma, se debe buscar atención médica de inmediato.
Dicho esto, en el contexto actual conviene que mujeres embarazadas, madres recientes y familiares lleven consigo documentos básicos: cédula, acta de nacimiento, pasaporte si aplica, documentos del bebé, certificado de nacimiento vivo, carnet de seguro, indicaciones médicas y cualquier constancia que ayude a demostrar identidad, nacionalidad, domicilio o proceso de regularización.
También es recomendable acudir acompañada por un familiar o persona de confianza, guardar copias digitales de los documentos en el celular, tener a mano contactos de emergencia, pedir el nombre y cargo de cualquier autoridad que intervenga, solicitar información clara sobre el motivo del traslado y no firmar documentos sin entender su contenido.
Si se trata de una menor de edad, una madre adolescente, una persona recién parida o un recién nacido, la familia debe pedir la intervención del área de trabajo social del hospital, del Ministerio Público si corresponde, del Conani en casos de menores y de un abogado o defensor de derechos si hay riesgo de traslado irregular.
Qué deberían aclarar las autoridades
El caso requiere respuestas puntuales. Primero, si la joven fue dada de alta médicamente antes de ser trasladada. Segundo, si se verificó su acta de nacimiento o cualquier documento presentado por sus familiares. Tercero, si el bebé fue evaluado antes y después del traslado. Cuarto, si se trataba de una madre adolescente. Quinto, si hubo intervención de trabajo social o de alguna autoridad de protección.
También debe aclararse el alcance real del papel del SNS en estos casos. Aunque la ejecución migratoria corresponda a la DGM, los hospitales son espacios bajo responsabilidad sanitaria. Si la actuación ocurre dentro de un centro público, debe existir un protocolo visible, verificable y respetuoso de los derechos de los pacientes.
La coordinación interinstitucional no puede convertirse en una zona gris donde cada entidad se desligue de lo ocurrido.
Una política que necesita límites claros
El Estado tiene facultad para regular la migración y establecer controles. Pero esos controles deben aplicarse con límites claros cuando entran en contacto con salud, maternidad, niñez y nacionalidad.
La frontera entre ordenar y vulnerar derechos puede volverse delgada si un hospital pasa de ser un espacio de atención a convertirse en un punto de retención. Más aún cuando los casos involucran recién nacidos, madres recientes, adolescentes o personas que alegan ser dominicanas.
El seguimiento al caso de la joven trasladada desde el Hospital Antonio Musa no debe quedarse en si finalmente fue deportada o no. La pregunta de fondo es si el procedimiento fue correcto, si protegió la salud de la madre y del bebé, si respetó la documentación presentada y si el hospital actuó como garante de la paciente o como simple escenario de una actuación migratoria.
Mientras esas respuestas no estén claras, el caso seguirá alimentando una preocupación legítima: que una política diseñada para ordenar la migración termine sembrando miedo en el lugar donde la gente debería sentirse más protegida, el hospital.
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