Migración haitiana: tres opciones dominicanas

Por décadas, los gobiernos de la República Dominicana han permitido la migración haitiana indocumentada para asegurar mano de obra barata a sectores claves de la economía como la agricultura y la construcción.

Al proceso migratorio desordenado e ilegal se ha unido siempre la corrupción y la hiper explotación.

Que quede claro: ninguna fuerza extranjera impuso esto a la República Dominicana; fue una decisión de gobiernos y empresarios dominicanos para acceder a mano de obra barata.

Los haitianos buscan emigrar por las precariedades en su país y la República Dominicana ha sido uno de sus principales destinos por la cercanía, la posibilidad de cruzar pagando sobornos y porque los emplean.

Paralelamente, se ha mantenido el discurso local de que los haitianos están invadiendo la República Dominicana, que representan un atentado a la soberanía y la identidad cultural y que son una carga por los servicios públicos que utilizan.

El asunto es que, si los dejaron entrar ilegalmente y los emplean ilegalmente, viven aquí y necesitan acceso a los servicios públicos básicos.

Desde el año 2022, en la medida que la inestabilidad en Haití se agravó, el presidente Luis Abinader ha utilizado el tema haitiano para concitar apoyo político nacional.

De hecho, es el primer presidente dominicano del post-trujillismo que así lo hace. Balaguer utilizó el tema haitiano de manera específica para impedir que José Francisco Peña Gómez llegara a la Presidencia, no como mecanismo para gestar aprobación política.

De anunciar la construcción de un muro, Abinader pasó a cerrar la frontera, a los operativos de deportaciones y, más recientemente, a las restricciones en el acceso a los servicios de salud; porque asistir a un hospital público significa ahora deportación para los inmigrantes indocumentados, incluidas mujeres embarazadas o recién paridas.

Amplios segmentos de la sociedad dominicana apoyan las medidas migratorias en curso, aún las más crueles, porque no quieren haitianos en territorio dominicano.

Llegado a este punto, el Gobierno tiene ante sí tres opciones:

Una, mantener la política actual del presidente Abinader de deportaciones (aún de personas enfermas), restringir la movilidad de los inmigrantes y mantenerlos en vilo por el temor (aunque no se sabe cuántos realmente deportan por la corrupción). El objetivo de esta política es mostrar mano dura ante la población dominicana, profundizar la ilegalidad del sistema migratorio dominicano y generar apoyo político nacional.

Dos, deportar la inmensa mayoría de los inmigrantes haitianos indocumentados, impulsando una política de repatriación real con máximo control para evitar la reentrada de inmigrantes. Eso quisieran muchos dominicanos, pero el efecto económico sería inmenso. El país quedaría sin suficientes trabajadores en sectores como la agricultura y la construcción, y aumentaría significativamente el costo de la mano de obra. ¿Aceptarían eso los empresarios que contratan mano de obra haitiana barata?

Tres, impulsar un programa ágil de regularización de inmigrantes con la emisión de permisos de trabajo para quienes estén empleados y establecer un programa de repatriación ordenado para los otros. Esto implicaría dejar de lado el populismo nacionalista que sustenta la política migratoria del presidente Abinader.

Ya veremos.