El anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que extendería el plazo para la implementación obligatoria de la facturación electrónica recibió el respaldo de los usuarios de Acento. En un sondeo publicado en las distintas redes sociales del medio, la mayoría de los participantes votó a favor de la prórroga.
En la consulta publicada en la cuenta de Instagram @acentodiario, mediante la sección #OpinaEnAcento, el 81 % votó a favor de extender el plazo, mientras que el 19 % se manifestó en contra.
La tendencia también se reflejó en otras plataformas. En X, el 61.5 % apoyó una prórroga y el 38.5 % rechazó la propuesta. En la página web de Acento, el 59.15 % votó a favor y el 32.39 % en contra.
Entre los comentarios publicados, la cuenta @contabilidadeimpuestos calificó la situación como una “crónica de una muerte anunciada”, en alusión a las dificultades que enfrenta el sector ante los plazos establecidos para cumplir con la disposición fiscal.
Pasos de la DGII hacia la facturación electrónica
La facturación electrónica está regulada por la Ley 32-23, promulgada el 16 de mayo de 2023. La normativa establece la emisión de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) y fijó un calendario de incorporación gradual: 12 meses para los grandes contribuyentes nacionales, 24 meses para los grandes locales y medianos, y 36 meses para los pequeños, micro y no clasificados.
Para el último grupo, cuyo plazo original vencía el 15 de mayo de 2026, la DGII concedió una prórroga de seis meses mediante el Aviso 06-26, por lo que la fecha límite pasó al 15 de noviembre. Los grandes contribuyentes locales y medianos, por su parte, debían emitir exclusivamente facturas electrónicas desde el 1 de noviembre de este año.
Tras vencer el plazo de noviembre, la DGII informó que no aplicaría por el momento multas, penalidades ni bloqueos a quienes no hubieran completado el proceso. Aunque inicialmente señaló que el reglamento no permitía una nueva prórroga general, posteriormente anunció una ampliación para micro y pequeños contribuyentes, cuya nueva fecha límite sería comunicada antes del 30 de noviembre.
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